El juez reprocha al fiscal general que haya hecho "desaparecer pruebas": "Es una evidencia"

Barcelona"Solo quiero decir algo. Mi teléfono contiene información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país". Éste fue uno de los argumentos con los que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justificó haber borrado los mensajes de su teléfono móvil cuando fue imputado por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El máximo representante del ministerio público niega haber borrado pruebas que podrían inculparle, pero el juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo no se le cree. "Es una evidencia de que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles", afirma Ángel Luis Hurtado en su último auto.

En su escrito el magistrado admite "falta de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que puedan incriminarlo", pero añade que "tampoco debe ignorarse que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal". Hurtado, sin embargo, pone en duda las "diferentes explicaciones" dadas por el fiscal general: "Si hubiera mostrado algún grado de colaboración con la aclaración de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo esta desaparición, y no aprovechar para hacerlo el día 16 de octubre del 2024", dice el juez.

Ese día García Ortiz fue imputado por presunta revelación de secretos y, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, borró los mensajes de WhatsApp. "La acción se realizó en dos ocasiones el pasado 16 de octubre", concluyó el instituto armado, que ya hablaba de un "borrado intencionado". Los investigadores también concluyeron que una semana después, y poco antes del cacheo en su despacho, el investigado también cambió de teléfono. Sin embargo, no les ha sido posible encontrar ningún mensaje de las fechas en las que se filtró el correo de Alberto González Amador en el que admitía haber cometido fraude fiscal.

La Guardia Civil asegura que el fiscal general borró los mensajes el día en que el Supremo le imputó

El fiscal general ha negado en todo momento estar detrás de esa filtración, y en su declaración ante el juez enmarcó el cambio de móvil en la normalidad de su cargo. Así, aseguró haber cambiado de terminal hasta seis veces desde que asumió su responsabilidad, en agosto del 2022, y añadió que borra periódicamente los mensajes por seguridad y obligación legal. El juez Hurtado ya había desconfiado de estas explicaciones y, con anterioridad a la declaración del investigado, va pedir ayuda a WhatsApp ya Google para recuperar las comunicaciones de García Ortiz.

Pese a su reproche sobre el fiscal general, con el auto de este martes el juez atiende una petición suya: fija que acusaciones y defensas sólo podrán acceder de forma presencial a los anexos de los informes de la UCO, donde se incluyen datos personales –DNI, números de teléfono y direcciones– tanto de García Ort. El representante del ministerio público había denunciado que la difusión de esos informes vulneraba la normativa de protección de datos.

La semana pasada, por el contrario, la sala de apelaciones del Supremo desestimó el recurso del fiscal contra el registro en su despacho, alegando que había "indicios delictivos". El fiscal general cuestionó que le requisaran el teléfono móvil y la tableta, pero los tres jueces de la sala concluyeron que era totalmente proporcionado teniendo en cuenta que lo que se buscaba era investigar un delito –la filtración del correo de González Amador– que presuntamente se habría cometido "por medios digitales, a través de correos electrónicos" o de correos electrónicos. Unos mensajes que, de haber existido, García Ortiz habría hecho desaparecer.

El novio de Ayuso se niega a declarar ante la juez que le investiga por fraude fiscal