El fiscal general borró la información de su móvil porque podía "afectar a la seguridad del país"

MadridLa presión judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez lleva meses instalándose en el día a día de la política española y febrero se presenta clave para el futuro de algunas de las causas. Básicamente, la del fiscal general del Estado, el caso Begoña Gómez y el caso Ábalos. Este miércoles Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha negado ante el Tribunal Supremo haber filtrado el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía la comisión de dos delitos contra la hacienda pública, el mismo día en que se ha conocido al por menor la declaración del propio Ortiz hace una semana. "Solo quiero decir algo. Mi teléfono contiene información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Y creo que muy pocas autoridades de España pueden alojar en su móvil tanta información como la que tiene el fiscal general del Estado", manifestó, reprochando al juez instructor, Ángel Hurtado, que revolviera su despacho e interviniera.

En el interrogatorio –a cuya transcripción ha tenido acceso el ARA– argumentó que va borrar todas las conversaciones del móvil por la información "ultrasensible" que contiene y porque así lo recomienda el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. El fiscal general negó que su objetivo fuese ocultar pruebas e indicó que si hubiera sido éste, lo habría hecho justo al día siguiente de ser imputado, y no fue así. La derecha política y mediática tiene entre ceja y ceja forzar la dimisión de García Ortiz y el PP ha forzado en el Senado su comparecencia para el próximo 18 de febrero. Más allá del caso sobre García Ortiz, el juez que investiga a la mujer del presidente español, Begoña Gómez, es la principal amenaza para el presidente español e intenta acercarse al máximo al núcleo de la Moncloa, mientras que el Tribunal Supremo trata de esclarecer si el objetivo del empresario Víctor de Aldama tiene salpicar al gobierno español y al PSOE en el PSOE.

La credibilidad de Aldama

El magistrado Leopoldo Puente, que investiga el caso Ábalos, dio un paso importante este martes con una batería de diligencias que incluye la recopilación de las conversaciones que el exministro de Transportes, su exasesor Koldo García y el propio Aldama hayan podido tener con personas como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el secretario de PSOE. En sus comparecencias, Aldama afirmó que el expresidente de Canarias solicitó una comisión de 50.000 euros por haber intercedido en una adjudicación de un contrato durante la pandemia, algo que Torres negó rotundamente en varias ocasiones. En cuanto al número 3 del PSOE, el empresario aseguró que recibió 15.000 euros en un sobre en un bar frente a la sede del partido en la calle Ferraz. Cerdán también lo ha desmentido.

Los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue al juez con el contenido de los teléfonos de los investigados serán un examen a la credibilidad de Aldama, que también ha dejado caer que la trama había puesto a disposición pisos para "encuentros con señoritas" en las que habrían participado. El juez Puente da 10 días a Aldama, que también fue presidente del Zamora Club de Fútbol, ​​para que dé detalles de las fechas de los contratos, estancias y pagos. "Si no lo demuestran, espero que al menos se disculpen. Lo que se ha hecho hasta ahora por parte de algunos grupos políticos es ser portavoces y cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria", manifestó Torres el pasado 21 de enero en una comparecencia en el Senado. Estos grupos políticos son el PP y Vox, que están jugando fuerte la carta de la presunta corrupción en la Moncloa.

Este miércoles algunos medios ya revelan algunos mensajes intervenidos a los investigados. El Confidencialpublica whatsapps que acreditan que el expresidente de Canarias mantuvo contacto con Koldo García para desatascar un contrato para mascarillas con la empresa investigada, Soluciones de Gestión, algo que Torres ya ha confirmado en varias ocasiones, sin que ello signifique que estuviera implicado en la trama de cobro de comisiones ilegales. El Mundotambién publica algunos whatsapps entre Ábalos y Aldama, en los que el empresario insiste en verse con el exministro. "Esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto se detenga por el bien de todos", le envió el 12 de octubre del 2021, ya con Ábalos fuera del ministerio.

Este impulso de la causa por parte del magistrado Puente se produce una vez el Congreso concedió el suplicatorio al Supremo para investigar formalmente a Ábalos, que es diputado en la cámara baja, y que tendrá que volver a comparecer el próximo 18 de febrero. Además, el magistrado ha acordado la comparecencia en calidad de testigos de varios excargos del ministerio; la empresaria vinculada a Aldama que también afirmó haber entregado dinero en metálico en la sede del PSOE; la expareja de Ábalos, a la que se habría pagado un piso en Madrid y logrado trabajos; y Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien Aldama dice que cobró 15.000 euros por facilitar un aplazamiento tributario a una empresa relacionada con la trama.

La asesora de la Moncloa, imputada

En paralelo, el juez Peinado aprieta el asedio sobre Sánchez. Este martes imputó a Cristina Álvarez, una asesora de la Moncloa contratada por asistir a Begoña Gómez en cuestiones personales y profesionales. Su implicación fue originada por el descubrimiento de un correo que evidenciaba gestiones sobre la cátedra que Gómez dirigía a la Universidad Complutense. Hace unas semanas compareció como testigo y ahora el magistrado le cambia su condición a investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tendrá que declarar el 28 de febrero. El gobierno español ha defendido públicamente que la pareja del presidente español, también en anteriores mandatos, siempre ha tenido a una persona como asistente contratada por la Moncloa.

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