La ley franquista que permite a Sánchez no decir cuántas veces ha subido al 'Falcon' y al 'Super Puma'

BarcelonaFalcon es una de esas palabras que la derecha ha puesto de moda desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno español. Es el nombre de uno de los aviones que usa Sánchez, según la oposición, de manera demasiado frecuente y para usos que poco tienen que ver con la labor institucional de presidente. El problema para saber si las críticas tienen fundamento o no es que la Moncloa ha decidido fomentar la opacidad de estos viajes –y también de los que se hacen con el Super Puma, el helicóptero del presidente– y evitar responder a las numerosas preguntas parlamentarias que le llegan. La última, una del PP, que quería saber cuántos viajes había hecho Sánchez con el Falcon y el Puma en 2021, a la que la Moncloa ha respondido que se trata de "materia especialmente sensible, por razones de seguridad", y, amparándose en la ley de secretos oficiales, no ha añadido nada más.

No es la primera vez que desde el gobierno español recurren a esta ley para no informar de los gastos del avión, de los acompañantes que viajan con el presidente y de la cantidad de viajes que hace. Pero estas no son las únicas materias sensibles: también lo es la inyección económica del Estado a la aerolínea Plus Ultra o la cantidad de guardaespaldas que el ministerio del Interior destina a la casa real. Para Xavier Ginesta, profesor de comunicación de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, puertas afuera es un error proteger elementos del "día a día", en vez de causas "de fuerza mayor". Cree que intentar esconderlo en términos de imagen acaba suponiendo "dispararse en el pie".

La Moncloa puede esquivar estas preguntas gracias a la ley de secretos oficiales, que proviene del franquismo y deja al consejo de ministros toda la autonomía. En 2020 parecía que podría cambiar, cuando una reforma del PNV –que quiere fijar 25 años para desclasificar las materias– era tramitada en el Congreso. Ahora está paralizada. El argumento de la Moncloa para no acelerarla es que quería tramitar una propia antes de 2020, pero todavía no ha llegado al Congreso. Todo esto provoca que documentos del 23-F, la dictadura y la Guerra Civil todavía estén clasificados.

Mientras tanto, la ley continúa siendo aplicada por el gobierno español, no ahorrándose tirones de oreja del Consejo de Transparencia –órgano independiente de la Moncloa–, que ha sentenciado en varias resoluciones a favor de que se publicaran los viajes. Una, incluso, fue ratificada por la Audiencia Nacional. De hecho, una resolución judicial es una de las maneras de descatalogar informaciones. También se puede hacer en la comisión de secretos oficiales del Congreso. Jordi Xuclà, exdiputado convergent y actual profesor de relaciones internacionales en la Universitat Blanquerna, formó parte de ella y ha visto cómo se desclasificaban varios secretos. Admite, sin embargo, que el control parlamentario es "muy restringido" y que la ley es muy interpretable. "Casi un 50% de lo que era presentado y discutido como secreto oficial podía ser razonablemente hecho público", afirma. En esta comisión también se tratan los fondos reservados y, precisamente, Diego Pérez de los Cobos se escudó en el secreto oficial para no decir nada sobre los fondos reservados que Interior habría usado para espiar a Luis Bárcenas en el caso Kitchen.

Límites con la transparencia

En las comunidades autónomas también se oye la palabra reservado, a pesar de que no tienen capacidad para decretar secretos. Por ejemplo, la jueza del caso ERO de Andalucía pidió las actas de las reuniones del gobierno desde el 2001 y la respuesta de la Junta fue que eran materia reservada. Pero una resolución del Supremo dictaminó que las tenían que facilitar. También fueron "materia reservada" los protocolos de los antidisturbios de al Ertzaintza después de que Bildu los pidiera.

Los secretos oficiales no dejan de ser los límites de la transparencia. A pesar de que en los últimos años avanza, su despliegue todavía genera confusión sobre qué materias están sujetas a ello. Eso sí, aparece en todas las campañas: "Se ha convertido en un mantra para poder envolver de calidad democrática cualquier discurso", concluye Ginesta.