La letra pequeña de los pactos del independentismo con el PSOE (más allá de Cercanías)

BarcelonaLa firma de un acuerdo político no suele provocar su implementación inmediata. De hecho, la fase más complicada llega al entrar en el terreno de las concreciones. Le está pasando ahora a Junts y ERC por la letra pequeña que llevan asociados sus pactos con el PSC y el PSOE, que alarga su ejecución y puede llegar a aguar el resultado final cuando las expectativas generadas por las formaciones políticas han sido muy altas. El traspaso de Cercanías, pactado entre ERC y el PSC, es el último en evidenciar que no será un camino fácil. Debe ser "integral", según los republicanos, la misma palabra que Junts utiliza para referirse al traspaso (delegación) de las competencias en inmigración. La financiación singular ya ha ocasionado choques por el tempo y la amnistía no se está aplicando de forma general. El gobierno de Salvador Illa garantiza que todos los acuerdos se cumplirán, pero la letra pequeña hace que todavía no se sepa el alcance real de lo pactado.

Cercanías

El pacto de investidura de Salvador Illa que los de Oriol Junqueras firmaron definía que entre 2024 y 2025 estaría "la constitución de la nueva operadora", que se acordó que sería una empresa mixta con la participación a partes iguales de los gobiernos catalán y español, pero adscrita a la Generalitat y con la presidencia y con la presidencia. El reparto se mantiene en cuanto al consejo de administración, que este año debería gestionar ya las líneas 1, 2 y 3 de Cercanías, pero esta empresa mixta será, en un primer momento, una filial de Renfe.

Hace justo un mes hubo el anuncio de la consejera de Territorio, Silvia Paneque y la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, que se comprometían a que la operadora catalana –teóricamente bajo el paraguas administrativo de la Generalitat– gestionaría todo el sistema a partir del próximo año. Ahora, en cambio, después del pacto del ministerio de Transportes con los sindicatos de maquinistas y operarios, Cercanías Cataluña estará adscrita a Renfe. El traspaso a la Generalitat tardará un mínimo de dos años, aunque habrá que ver cómo se concreta (especialmente quien tendrá la titularidad de las vías, que ahora están en manos de Adif, otra empresa pública adscrita al ministerio de Transportes). ERC acepta esta transitoriedad y garantiza que velará por que el pacto se mantenga íntegramente. Ahora bien, este martes Paneque ha evitado hacerse suyo ese plazo y ha afirmado, en rueda de prensa, que no pueden "prever futuribles".

Financiación

"Avanzar en la financiación singular". ERC ha rechazado negociar los presupuestos de la Generalitat al considerar que el PSC no está haciendo lo suficiente para cumplir el acuerdo de financiación y ya amenaza con hacer lo mismo con los del próximo año si la situación no ha mejorado cuando llegue julio. Los republicanos presentaron el pacto como un concierto económico solidario, si bien los socialistas lo matizaron aferrándose a la singularidad. De momento, queda por definir si Catalunya saldría del régimen común, el método de cálculo para la solidaridad con el resto de autonomías, el calendario e incluso las contrataciones en la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). ¿Habrá consorcio temporal entre la ATC y la Agencia Tributaria española? Es una posibilidad que la propia dirección de ERC previó en la ponencia política de su congreso, pero finalmente la terminó retirando.

Ya está acordado que se potenciará la Hacienda de Cataluña en la recaudación de IRPF y también en el impuesto de matriculaciones, pero aún queda un largo camino, reconocen todas las partes, para que el ATC en solitario pueda asumir la recaudación de todo el IRPF, como está pactado que ocurra a partir del 2026.

El comité de expertos del Govern todavía debe presentar una propuesta detallada sobre el nuevo modelo antes de que la Generalitat y el Govern y la Generalitat. Tienen tiempo, según lo firmado con Esquerra, hasta el 30 de junio. Luego quedaría todavía la validación del Congreso de los Diputados, otro elemento de incertidumbre.

Amnistía

La ley de amnistía se aprobó a raíz de un compromiso Junts-PSOE que logró la mayoría plurinacional del Congreso. Pero la ley no se está aplicando al presidente, consejeros del gobierno del 1-O y numerosos dirigentes independentistas a causa del boicot de varios tribunales, encabezado por el Supremo. El gobierno español dice que ha hecho todo lo que está a su alcance y que ahora corresponde decidir en el Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista. Pero los junteros han reclamado una mayor implicación del ejecutivo estatal, a través de la Fiscalía, para que impulse querellas contra los jueces que no aplican la ley.

Inmigración

Otro acuerdo incierto es el traspaso de inmigración, que finalmente será una delegación de competencias. Más allá de las dudas de la letra pequeña y la eventual decisión del TC sobre la constitucionalidad, la principal incógnita es si el Congreso validará la ley del traspaso pactada por Junts y el PSOE (dos socios imprescindibles como Podemos y Compromís ya se han opuesto frontalmente). Tampoco quedan claros varios puntos, como el papel de los Mossos en las fronteras, la capacidad de expulsión de inmigrantes o si el nivel de catalán que se va a exigir podría ser muy diferente del que se pide actualmente. La ley no está suficientemente clara al respecto y el gobierno español ha rebajado, por ejemplo, la exigencia de Junts para que la lengua sea requisito para renovar el permiso de residencia. Desde la Moncloa también se ha negado que la Generalitat acabe teniendo la potestad de cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros, si bien podrá gestionarlos. Juntos quiere impulsar una ley catalana en el Parlament, pero la concreción del modelo migratorio catalán es difícil de prever, dado que el acuerdo del traspaso está centrado en "la ejecución de la normativa del Estado". Asimismo, es una delegación de competencias ejecutivas y, por tanto, el Estado podría recuperarlas en cualquier momento.

Deuda

La condonación de la deuda del FLA, acordada por ERC con los socialistas, tuvo también letra pequeña: si bien se anunció la condonación de 17.000 millones en Cataluña, no se sabía qué cantidad se condonaría a las demás comunidades ni que Andalucía sería la más beneficiada, con 18.791 millones, dentro de un total de 83.252 millones de las comunidades de deuda secada. También tendrá que recibir el visto bueno del Congreso.

Catalán en Europa

La oficialidad del catalán en la Unión Europea fue un compromiso sustraído por Junts por hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso. Ahora bien, aunque los junteros reconocen los esfuerzos de la acción exterior española, encabezada por el ministro José Manuel Albares, ni siquiera durante la presidencia española de turno de la UE la logró aprobar. Después, el tema ha quedado en el cajón, como explicó el ARA. El Gobierno asegura trabajar para conseguir la oficialidad, al igual que el ejecutivo español, pero el horizonte es incierto.