Rumbo a la Hacienda catalana: Generalitat y Estado acuerdan potenciar la Agencia Tributaria en IRPF y matriculaciones

BarcelonaMás participación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en la campaña del IRPF y en la gestión del impuesto sobre matriculaciones. Éste es el principal acuerdo que han sellado el Gobierno y el Estado en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales este viernes en el Palau de la Generalitat, que pone punto y final a la primera tanda de comisiones bilaterales desde que Salvador Illa fue investido. De la reunión no ha salido ningún avance en la negociación del nuevo modelo de financiación singular, a la espera del dictamen del grupo de expertos que trabaja, pero sí pactos para preparar a la Agència Tributària de Catalunya para cuando asuma plenamente funciones de Hacienda catalana con la recaudación de todos los impuestos. Es lo que han defendido la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el secretario de estado de Hacienda, Jesús Gascón, en rueda de prensa después de la reunión. "Se trata de ir ganando capacidad de gestión en este trabajo en red [con la Agencia Estatal de Administración Tributaria]", ha subrayado la consellera.

Con el objetivo de que el ATC vaya ganando músculo, la Generalitat ya había anunciado la contratación de 102 trabajadores temporales para la campaña de la renta de este año y 90 plazas estructurales para incorporarse a la plantilla –de unas 850 personas– de forma permanente. Ahora oficializa con el Estado las vías de colaboración con este impuesto, el más masivo de todos, para empezar a andar hacia la gestión propia del IRPF en el 2026. El pacto para que la Generalitat pase a tener un papel el impuesto de matriculaciones va en esa misma dirección. Éste es un tributo "pequeño", ha explicado Romero, y servirá de banco de pruebas para este trabajo conjunto mientras no se aplique el nuevo modelo de financiación. ¿Cómo se concretará esto? El Estado y la Generalitat firmarán un convenio para compartir los datos de los contribuyentes y dar acceso a los técnicos catalanes a las aplicaciones informáticas estatales. Además, funcionarios de la ATC recibirán formación para participar en la aplicación del impuesto, que recauda 136 millones de euros en Catalunya.

"Más autogobierno"

Gobierno y Estado han pactado una gestión compartida del impuesto de matriculaciones, pero no su transferencia. ¿Por qué? Según explicó Gascón, esta fórmula permite explorar la colaboración de ambas administraciones para dar salida a la "voluntad de mayor autogobierno" de Catalunya sin aprobar modificaciones legislativas. Sobre la negociación del nuevo modelo de financiación, el secretario de Hacienda ha optado por la prudencia: ha instado a ir "paso a paso", y sobre la posibilidad de que la ATC ya se haga cargo el próximo año de la campaña del IRPF ha pedido "medir muy bien" los movimientos para garantizar un buen servicio y la lucha contra el fraude. En todo caso, el Gobierno prevé que el informe del grupo de expertos de la financiación singular llegue entre mayo y junio, y se remite al deadline del acuerdo de investidura con ERC, el primer semestre de 2025.

En paralelo, el gobierno español sostiene que su voluntad es reformar todo el sistema de financiación autonómica, no sólo el catalán, y que trabaja "de manera discreta". Lo ha repetido este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "No hemos dejado de trabajar, pero hemos constatado que cada vez que ponemos un documento en la mesa alguna comunidad autónoma dice que la perjudica, y estamos permanentemente haciendo de ello un debate del agravio", ha añadido. Los socialistas sostienen que han tendido la mano al PP para hablar de ello y consideran que es más viable llegar a un acuerdo entre partidos al respecto que en el foro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Romero replica a Ayuso

En la Comisión Mixta de Asuntos Económicos también se ha formalizado el compromiso de condonar 17.104 millones de la deuda de la Generalitat avalada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera -pese a la plantación del PP– y se ha concretado la financiación de traspasos que venían de la Comisión Bilateral del lunes –por ejemplo, una transferencia de dos millones anuales al Gobierno para la gestión de las becas–. En respuesta a las críticas del PP, Gascón argumentó que el objetivo final es sanear las cuentas de las autonomías para que puedan salir al mercado. "Es muy difícil hablar de autogobierno si la forma fundamental de financiación de las autonomías es tener que acudir al Estado", ha dicho.

El anuncio del refuerzo de la ATC ya ha recibido las críticas de uno de los arietes del PP contra Catalunya en la cuestión de la financiación, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha acusado a los socialistas de haber puesto en marcha un "desagüe" de la AEAT y ha dicho que es "insensado" que según ella los madrileños tengan que pagar la deuda de otras autonomías que en su día acudieron al FLA. Romero le replicó: "Insensado es bajar los impuestos a los ricos y después destrozar la universidad pública y la sanidad". Romero también ha pedido al PP dejar de hacer política "contra Catalunya".

Otros pactos

Sobre la mesa de la Comisión Mixta también estaba el aterrizaje económico de la ampliación de la plantilla de los Mossos hasta los 25.000 agentes de cara al 2030, que se decidirá en una nueva reunión de esta comisión antes del 31 de mayo, una vez la Junta de Seguridad concrete el calendario del despliegue. Estado y Generalitat también han acordado poner en marcha el grupo de trabajo para crear un consorcio que fiscalice y acelere el despliegue de las inversiones estatales en Catalunya para solucionar las bajas cifras de ejecución, tal y como pactó el lunes la Comisión Bilateral. Deberían tener listas las conclusiones antes del 2026.

También coleaban otros dos compromisos pendientes del Estado con la Generalitat, que han recibido luz verde: la transferencia al Gobierno de 25,6 millones de euros para cubrir la deuda pendiente con Renfe por Cercanías y la prórroga, hasta diciembre del 20 y la situación de la plantilla a causa de las jubilaciones hasta 2030.