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¿La Generalitat podrá expulsar a inmigrantes? La letra pequeña del traspaso de inmigración

El ARA consulta a varios expertos en la materia, que concluyen que todavía hay muchas incógnitas por resolver

Una pareja de agentes del cuerpo de los mozos de escuadra en una imagen de archivo
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BarcelonaEl pacto para el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat, sellado entre el PSOE y Junts, tendrá implicaciones para las funciones de los Mossos si el Congreso lo aprueba. La letra pequeña del texto de la proposición de ley permite perfilar las incógnitas sobre los ámbitos de actuación de la Generalitat, que amplía la gestión en fronteras, con múltiples "ejecuciones de la normativa del Estado", sin entrar en la elaboración normativa. ¿Qué podrá hacer la Generalitat, que hasta ahora sólo tenía competencias en integración, acogida y autorizaciones inicial de permisos de trabajo?

¿La Generalitat podrá expulsar a inmigrantes?

Sí, Catalunya podrá expulsar y aplicar otros "procedimientos sancionadores en materia de extranjería", según el texto. Sobre la expulsión, podrá gestionar las devoluciones y repatriaciones que no requieran expediente, mientras que en las que lo precisen se encargará de "la ejecución de la normativa del Estado" en "incoación, instrucción y propuesta de resolución", en una decisión en la que se tendrá en cuenta lo dicho en la Junta de Seguridad.

Francisco Villacampa, director de los estudios de criminología y seguridad de la Universidad Abat Oliba CEU, asegura que la expulsión "no sólo afecta al Estado, sino también a Europa", porque los Mossos tendrán que ganar presencia en sistemas de información como el punto de contacto de la oficina SIRENE, que ahora es de la Policía Nacional. Además, recalca que a quienes podrán expulsar es a "extranjeros que contravengan la prohibición de entrada en España", quienes ya habían sido expulsados ​​o que tenían una decisión de un tercer país en el mismo sentido, o bien "los que entren irregularmente y sean interceptados en la frontera", que son los que no exigen expediente.

Asimismo, Gemma Pinyol Jiménez, directora de políticas migratorias en el laboratorio de ideas Instrategies, sostiene que los procedimientos de expulsión y devolución pasan por la vía judicial o administrativa y que en las expulsiones "la Generalitat podría iniciar estos procedimientos" si la persona no tiene la autorización lista o no tiene permiso para pisar. Según Joan Ridao, profesor de derecho constitucional en la UB, la ley es un "adelanto" en la línea de lo que ya permite la ley de extranjería y que completa la regulación estatutaria, si bien "hay puntos que no quedan claros en la normativa", como cuál es la incidencia real de la Generalitat en las tramitaciones de las expulsiones administrativas si no se modifica la ley de cuerpos y seguridad.

¿Catalunya gana soberanía?

Las competencias delegadas las ejercerá la Generalitat, pero la titularidad seguirá siendo del Estado, que la delega. "Si se transfiere es para siempre, si se delega, la competencia es del Estado; la autonomía la ejerce, pero el Estado puede recuperarla", explica Villacampa, que añade que es un paso importante porque es "un tema delicado que implica muchas competencias que afectan a varios ministerios". En todo caso, el catedrático de ciencias políticas de la UPF e investigador del grupo GRITIM Ricard Zapata recalca que con el texto "no mejora la vida de los inmigrantes ni tampoco la soberanía de Catalunya, ni se permite realizar un modelo diferente" en inmigración: sólo cambia la administración que se encarga de aplicar la ley estatal.

A su juicio, "habría que la transferencia, entrar en el código de nacionalidad y tocar nervios institucionales, pasando por la lengua", para que se viera un cambio en serio. A estas alturas las decisiones siguen en manos del Estado, lo que convierte el traspaso en "una delegación administrativa con tintes políticos". Porque, de capacidad normativa, la Generalitat no tendrá. Pinyol también lamenta que existen varios aspectos que no dejan claro "el alcance", como el papel de jerarquía de los Mossos ni la autonomía que tendrá Catalunya. También comenta que sobre las contrataciones en origen, la Generalitat podrá realizar propuestas, pero se pregunta si funcionará a través de un mecanismo nuevo o del actual, el GECCO, una herramienta del ministerio de Migraciones.

¿En la frontera los agentes hablarán en catalán?

Sobre el catalán no hay mucha concreción. Sólo el artículo 12.5 de la ley orgánica hace referencia a que las facultades delegadas "se ejercerán en los términos consignados en el Capítulo III del Título I" del Estatut, que comprende los derechos y deberes lingüísticos y la opción garantizada de los ciudadanos de utilizar el catalán. Ahora bien, los Mossos pasarán a estar presentes en las fronteras, y ahí es donde existe incidencia. Villacampa, que admite que la cuestión lingüística está muy de paso, puntualiza que "lo más sensible es el control de fronteras", donde habrá "cooperación". Ridao, sobre el control fronterizo, considera que lo que se reconoce en la ley ya es lo que debía aprobarse en la próxima Junta de Seguridad en materia de puertos y aeropuertos. Otras fuentes expertas añaden que "en fronteras no se ganan competencias, sino la posibilidad de que los Mossos estén presentes". La Junta de Seguridad de Catalunya, presidida por el presidente de la Generalitat, "será el órgano bilateral de coordinación de las facultades de inmigración de los cuerpos de seguridad de la administración catalana y estatal".

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