La Moncloa admite que hay que resolver la causa del Tribunal de Cuentas pero la Abogacía avala la fianza

BarcelonaLos indultos resolvieron la situación más urgente y pusieron fin a los más de 11.000 días de prisión acumulados entre los nueve presos políticos. Pero todavía hay otras muchas causas abiertas, empezando por la del Tribunal de Cuentas, que el 29 de junio ha citado a 41 altos cargos de la Generalitat de la última década para comunicarles una fianza que se prevé que pueda superar los 5 millones de euros. El ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido este viernes a los micrófonos de SER Catalunya que la causa abierta contra la acción exterior de la Generalitat por el Tribunal de Cuentas es "una piedra en el camino" y que el objetivo de la Moncloa es irlo "desempedrando". "Es en este mismo ámbito de la tarea jurisdiccional donde se tiene que intervenir. Se tiene que hacer, pero no desde la descalificación sino actuando con inteligencia en todo el proceso jurisdiccional".

Las palabras de Ábalos han causado indignación en el principal partido de la oposición. El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado en un tuit que este "gobierno radical es la única piedra en el camino de la justicia, el estado de derecho y los reguladores". "Es inadmisible que amenacen a los tribunales", ha escrito Casado, que ha anunciado que el PP registrará una petición de comparecencia del ministro Ábalos en el Congreso para "exigir responsabilidades".

Por otro lado, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha aseverado que las afirmaciones del número 3 del PSOE son una "auténtica barbaridad" porque en una democracia, ha dicho, "no se ven miembros del gobierno diciendo qué tienen que hacer los tribunales". "Puede que quiera quitarse piedras del camino para que no lo investiguen a él", ha señalado Arrimadas, que ha recordado que el Tribunal de Cuentas investiga el caso de Plus Ultra. "Es una auténtica vergüenza. Es indignante, sólo para favorecer a sus amigos golpistas", ha añadido.

Ábalos aboga públicamente, pues, por intentar resolver también esta cuestión, que puede acabar con embargos si los afectados no hacen efectivo el importe total de la fianza. No es la primera de estas características, porque los ex miembros del Govern del 2017 ya tuvieron que depositar casi 5 millones de euros y los organizadores del 9-N una cifra parecida. El margen de actuación del gobierno español en este caso es más reducido que con la libertad de los presos (los indultos son prerrogativa suya) o con la reforma del delito de sedición (la iniciativa legislativa es suya, a pesar de que necesita mayoría a las Cortes españolas), pero la que tiene no lo ha ejercido hasta el momento. La Abogacía del Estado, órgano jerárquicamente dependiente del gobierno, se ha situado junto a la Fiscalía y ha rechazado los recursos que habían presentado los investigados.

De momento se trata de un rechazo por cuestiones procedimentales. La Abogacía del Estado entiende que no se ha producido "un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa" de las personas citadas, que habían reclamado el aplazamiento de la vista. "Los recursos son prematuros e infundados", describe el auto del Tribunal de Cuentas al cual ha accedido el ARA y que ha servido para que, por ejemplo, El Mundo haya abierto en portada con la teórica contradicción entre lo que predica la Moncloa y el que hacen sus abogados. Para este órgano, el hecho de que se diera un mes a los abogados para que estudiaran la documentación hace que se haya dado un plazo "razonable" para presentar alegaciones.