La parte más dura de la partida comienza ahora

MadridEl termómetro del inicio de la legislatura y el debate de investidura –con Feijóo como teórico protagonista del primer tirón– ha subido bastantes grados en los últimos días. Y ha tenido dos principales escenarios: el Congreso de Diputados, donde se ha debatido y aprobado el uso de las lenguas oficiales; y el Ateneo de Madrid, donde Felipe González y Alfonso Guerra arremetieron contra Pedro Sánchez y los independentistas. Estos hechos de significación opuesta expresan una situación compleja, un juego que tiene varias pantallas. Y la parte más dura de la partida comienza ahora.

Es evidente que los socialistas esperan su momento para jugar fuerte, es decir, cuando fracase Feijóo. El PSOE se volcará en el intento de reeditar acuerdos con sus aliados de la pasada legislatura, añadiendo Junts. Una operación de auténtica filigrana por las posibles complicaciones. La palabra amnistía circula como si fuera moneda corriente, aunque el gobierno evita pronunciarla. Lo mejor de un balance de urgencia es que los primeros debates sobre el uso de las lenguas oficiales han puesto de manifiesto que el plurilingüismo puede practicarse en el Congreso sin demasiados problemas. La anécdota está en el comportamiento estrafalario de Vox, dejando los aparatos de traducción en el escaño de Sánchez, y en la imagen de un PP desconcertado porque uno de los suyos, Borja Sémper, habló en euskera en el hemiciclo. En fin, prueba superada y en proceso de normalización la utilización de las lenguas oficiales en el Parlamento español.

Paralelamente, González y Guerra no tenían necesidad de aparecer en el debate sobre las condiciones en las que puede arrancar la nueva legislatura de una manera tan agria, como dos cascarrabias pasados de vueltas. Se excedieron. Seguramente, el expresidente del gobierno español quiso tener un gesto de solidaridad con su antiguo vicepresidente, que presentaba un libro sobre su trayectoria. Pero del libro apenas se habló. Fue Guerra quien más criticó al actual líder del PSOE diciendo que si hay alguien desleal es el propio Sánchez, porque es quien se ha apartado de lo que decía el partido –por ejemplo, sobre la amnistía– hasta hace pocos meses .Para Guerra es difícil seguir a quién cambia de opinión con tanta frecuencia y en asuntos tan graves, cree, como el posible olvido de los delitos que cometieron los dirigentes independentistas. Y Felipe González lo calificó de chantaje.

Cambio de opinión con la OTAN

Sabe mal. Sabe mal por ellos, porque fueron protagonistas de una etapa decisiva en la que España dio un salto cualitativo muy importante en el escenario europeo. Unos años en los que rectificaron el grave error que habían cometido sobre la OTAN. Ahora critican a Sánchez por estar dispuesto a tomar decisiones importantes para facilitar una segunda legislatura de gobierno progresista con alianzas complejas. González y Guerra no recuerdan que pasaron de decir “OTAN, de entrada no” a convocar un referéndum para que el país les diera la aprobación al cambio de criterio sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Una etapa, aquella, en la que la derecha también quedó descolocada.

Todavía recuerdo la entrevista que hice a Manuel Fraga, entonces presidente de Aliança Popular, y el titular que me adelantó –lo repitió después en la tribuna del Congreso–: “El cuerpo me pide votar no, pero me abstengo por responsabilidad”. Esa abstención del PP no la entendió ningún gobierno europeo –ni los americanos– y el PSOE convocó el referendo en términos de plebiscito sobre González. Deberían recordarlo, él y Guerra, porque los socialistas gobernaban con mayoría absoluta. Una gran diferencia con el momento actual, en el que Sánchez se esfuerza por construir una mayoría parlamentaria que es un rompecabezas.

En todo caso, sigo pensando que una amnistía completa, en términos de cierre de todos los procedimientos judiciales relacionados con el 1-O, es un acuerdo muy complicado. El próximo año es el último de la actual legislatura catalana. ¿Podrían presentarse Puigdemont y Junqueras a las próximas elecciones? ¿Le conviene a los socialistas, ahora que el PSC y Salvador Illa acaban de obtener un gran resultado en Catalunya? Es evidente que el análisis del comportamiento de las urnas el 23 de julio no estará ausente de los cálculos políticos que hagan los socialistas antes de dar a conocer su proyecto de supuesta amnistía.

Un jurista de larga experiencia me comentaba estos días que le sorprendió que dirigentes de un partido que al principio de la Transición consideraron necesaria la ley de amnistía para consolidar el cambio democrático, pagando el precio de perdonar incluso delitos de sangre, se hayan pronunciado ahora con tanta rotundidad contra otro proyecto de ley que perdonaría a figuras delictivas como la sedición –ahora desaparecida del Código Penal–, la desobediencia o la malversación. Las comparaciones suelen ser difíciles, pero la reflexión es interesante.

¿Garantías de no volver a hacerlo?

Por otra parte, si la amnistía debe ser completa y debe borrarlo todo, a los socialistas les conviene tener ciertas garantías. Es algo pueril tener que pedir a los dirigentes del Procés que a cambio de la amnistía presten juramento –o la promesa– que no volverán a hacerlo. Exigir un acto de arrepentimiento público no es realista. Ahora bien, sería lógico que si se llega a un pacto se prevea un intercambio de garantías respecto a que existe una mínima voluntad de colaboración. Y eso exige actuar de forma distinta para no provocar el choque de trenes del 2017, con la suspensión de la consiguiente autonomía de Catalunya.

Sea como fuere, deberá haber alguna rebaja de las altas expectativas con las que han comenzado las negociaciones. La idea de que la amnistía estaba acordada en agosto cuando se constituyó la mesa de la cámara no quedó recogida en ningún documento ni comunicado. ERC hizo cambios de redacción en su nota oficial. La primera decía que "el Estado se compromete a poner fin a la represión contra el independentismo por las vías legales necesarias, entre ellas una ley de amnistía". En la segunda versión quedó solo la mención de "las vías legales necesarias". Un cambio prudente, sin duda.