La última misión imposible de Pedro Sánchez

MadridPedro Sánchez se ha ido de vacaciones con un reto: tener unos presupuestos generales del Estado en 2026, aunque ya va tarde en los trámites habituales. Durante esta legislatura, el gobierno español no ha intentado llevar unas cuentas públicas al Congreso de los Diputados –el Estado está funcionando con los presupuestos de 2023–. Ni siquiera ha presentado un anteproyecto de presupuestos, es decir, un texto que, al menos, pase por el consejo de ministros. Ahora, sin embargo, el propio Sánchez ha asegurado que quiere dejar atrás las cuentas de hace dos años. Para alcanzar este anhelo deberá convencer a la mayoría plurinacional que permitió su investidura –nadie prevé un acuerdo con el PP– y eso requiere presentar unos presupuestos que gusten desde Junts hasta Podem, formaciones que habitualmente tienen posiciones alejadas, lo que ha supuesto un obstáculo en muchas ocasiones. El horizonte, por tanto, no se presenta plácido. "No habrá [presupuestos]", sentencia un ex diputado catalán en el Congreso, que conoce de primera mano al entramado negociador tras unas cuentas públicas del Estado.

Lo cierto es que desde que fue investido presidente español, el mandato de Sánchez ha ido de la mano de la palabra "difícil" fruto de la fragmentación parlamentaria: necesita el apoyo de todos y cada uno de los socios para sacar adelante las medidas. De hecho, en noviembre del 2023 el rompecabezas de la investidura también parecía una misión imposible. Sin embargo, todo el bloque plurinacional llegó a la conclusión de que tenía más que perder si no se resolvía el puzzle: PSOE y Sumar perdían la posibilidad de repetir la coalición, las izquierdas temían una suma de PP y Vox, pero también los independentistas. Para ellos, ese escenario de suma suponía no sólo no tener capacidad de influencia, sino también la posibilidad de quedarse sin amnistía. El acuerdo a distintas bandas acabó prosperando pese a las exigencias y desconfianzas del punto de partida.

De cara a la negociación presupuestaria, este punto de partida es bastante similar, pero hay diferencias. Algunas voces (mediáticas, políticas, pero también sociales y económicas) creen que entre los implicados en la investidura hay quien piensa que tiene más que ganar que perder si todo salta por los aires. Aquí sitúan a Podemos, que desde que rompió con Sumar se ha convertido en una piedra en el zapato para Sánchez. La formación que lidera Ione Belarrra se ha erigido como la alternativa real de izquierdas y busca recuperar la hegemonía de este espacio a través de una estrategia de oposición en el actual gobierno de Pedro Sánchez del que había formado parte la legislatura anterior. Pero también sitúan a Junts. Pese a denunciar "incumplimientos" del PSOE en algunos acuerdos alcanzados –como el catalán en Europa– y no tener ligada la aplicación total de la ley de amnistía –Carles Puigdemont todavía no puede volver–, los junteros llevan tiempo empezando a explorar el filtreo con el PP a la hora de votar en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando se trata de medidas económicas.

¿Y el resto? Aunque la relación no es tan tensa como con Podemos o Junts, partidos como ERC o el PNV hace tiempo que tienen la mosca en la nariz porque también consideran que Pedro Sánchez no ha cumplido algunos de los acuerdos previos, o no como ellos quisieran. En el caso de los republicanos, aunque la negociación fue con el PSC a cambio de investir a Salvador Illa president, la materialización de la financiación singular para Catalunya y la voluntad política que requiere por parte del ejecutivo español es el ejemplo más evidente. Sin embargo, el tono no es tan duro porque los jeltzales gobiernan en el País Vasco gracias a los socialistas, mientras que Isla lo hace gracias a los votos de ERC. Además, no dudaron en tirar algún dardo al resto de socios cuando estiran el hilo con el gobierno de Sánchez y no temen que su salida suponga la entrada de la derecha y la extrema derecha. "El no a todo es un mal negocio", le espetó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hace unos días en Podemos.

Sin interlocutor

Pero la otra gran diferencia respecto al punto de partida de noviembre del 2023 es el vacío en la figura de interlocutor a raíz del encarcelamiento preventivo de quien hasta hace poco era número tres del PSOE y hombre fuerte de Sánchez, Santos Cerdán. De hecho, el caso Ábalos o Koldo, también llamado caso Cerdán (se investiga, entre otras cosas, la presunta adjudicación fraudulenta de obras públicas y el cobro de comisiones ilegales), ha supuesto una grieta en cuanto a la confianza con los socios de investidura hasta tal punto que ha planeado la idea de una cuestión de confianza.

Hay que tener en cuenta que Sánchez llegó a la Moncloa en el 2018 cuando la corrupción desbordó al gobierno de Mariano Rajoy (PP). Entonces, el líder socialista prometió que él sería "impecable". "No es suficiente con pedir disculpas, en el Congreso se viene a asumir responsabilidades políticas", le recriminaba Sánchez a Rajoy.

Santos Cerdán era el encargado de la interlocución con los de Carles Puigdemont y, por tanto, de engrasar la relación con los juntarías cuando las cosas estaban atascadas. Sánchez ha intentado recosir la herida anunciando medidas para acabar con la corrupción, pero las exigencias de los partidos, que de momento no han quedado satisfechos con los anuncios, van más allá y son lo que marcará también las conversaciones para unos nuevos presupuestos en el Estado. Podemos, por ejemplo, ha abierto una cruzada contra el incremento del gasto público en defensa que desea la OTAN. Y Junts, entre otras cosas, exige que el Estado cumpla con la ejecución presupuestaria pendiente.

Más allá de los presupuestos

A lo largo del mandato Sánchez ya ha tenido que abrir carpetas fuera de las normas que quería aprobar para contentar a los socios. Es decir, llegar a acuerdos paralelos a la ley que se votaba en el Congreso de los Diputados para que ésta prosperase. Uno de los últimos ejemplos es la reforma de eficiencia del servicio público de justicia que se votó el pasado mes de diciembre. La norma prosperó después de que Félix Bolaños, artífice de la reforma, pactara con Podemos la prórroga de seis meses de la bonificación al transporte público y la prórroga durante un año de la prohibición de desahuciar a algunas familias vulnerables. En el caso de Junts, en enero del 2024 salvó dos decretos con medidas económicas a cambio de la "delegación integral" en Catalunya de las competencias de inmigración, ahora varada por el veto de Ione Belarra (Podem). Con las cuentas públicas habrá que ver si se produce este juego de cartas, al que se han sumado todos los partidos, y hasta dónde puede llegar.