Oportunidad y contradicciones

MadridEl acuerdo entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez es un documento que abre un período de oportunidades –las que se derivan de dar paso al diálogo–, pero lleno de contradicciones. Los propios firmantes las reconocen y predican en el texto. ¿Camino sembrado, por tanto? De ninguna forma. Camino relleno de piedras, de las que se ven y de las que aguardan bajo tierra para manifestarse. Lo podremos percibir mejor el próximo domingo, cuando miles de ciudadanos apoyen las manifestaciones convocadas contra la anunciada ley de amnistía. Hacer de la necesidad virtud, por tanto? Seguramente. La frase la pronunció primero el propio Sánchez, para explicarse y justificarse ante el comité federal del PSOE. Pero podría suscribirla Puigdemont, que le ha sacado todo el partido posible a su posición de fuerza, facilitada por los votos de su grupo parlamentario en el Congreso. Oportunidad, por tanto, pero ningún compromiso cerrado.

El pacto es un punto de partida. Y abre expectativas, porque hasta ahora se había hecho poco. Lo más importante de la última legislatura fue el indulto –parcial en varios casos– a los condenados por el Supremo. Pero el diálogo político hubo muy poco. La virtualidad de este acuerdo es que abre una puerta y, aunque no contenga compromisos –de calendario, por ejemplo–, sí obliga a sentarse y abordar la existencia de un "conflicto político" entre Cataluña y el resto de España. Ahora bien, qué curso debe seguir este diálogo resulta completamente imprevisible. Por eso también destacaba desde el inicio que el documento del acuerdo es en parte una lista de contradicciones. No hace falta avanzar mucho en el texto para toparse con la proclamación de que, "por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de ' octubre de 2017", seguida de la exposición que, "por otra parte, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum ya la declaración, y mantiene el rechazo a cualquier acción unilateral".

Es un buen punto de partida, no hay duda. Si dos partes quieren encontrar salida a un conflicto, lo primero que deben hacer es no pensar lo mismo. Para lo que hace falta más valor es para exhibir las profundas diferencias –las posiciones irreconciliables, podríamos decir– en el documento que abre paso al intento de llegar a soluciones compartidas. Y los firmantes del documento lo dicen con un innegable voluntarismo, cuando expuestas sus profundas divergencias, añaden que "al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a sus respectivas posiciones". Optimismo no les falta.

Los 'golpistas' y el 'lawfare'

Pero démosle una vuelta más a este caracol. Dirigimos una mirada a los jueces. El documento alude a un concepto que desde ahora oiremos muchas veces, el de lawfare, expresión aplicada a los casos de instrumentalización de la justicia. Es verdad que en relación con el Proceso, y antes, funcionó una policía patriótica dispuesta a pasarse la ley por la entrepierna. También puedo deciros que en los últimos años he oído calificar de golpistas a todos los que se significaron de una manera u otra a favor del Proceso. Y en el uso de este término incluyo a jueces, fiscales, periodistas, tertulianos y representantes de todo tipo de profesiones y oficios. Esta masa social nunca aceptará que hubo prácticas de lawfare contra los dirigentes independentistas, sino que fueron juzgados con todas sus garantías. Podría seguir. Pero de momento sólo le pido que tome nota de la dificultad del camino abierto.