Guía del juicio a Laura Borràs: todo lo que tienes que saber

BarcelonaEl TSJC decidirá el futuro de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, en el juicio que empieza este viernes y que se alargará hasta el 1 de marzo por presunto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC). 

La Fiscalía mantiene que Laura Borràs e Isaías Herrero, a quienes unía una relación de amistad, "actuaron de mutuo acuerdo" para que la "retribución de los trabajos informáticos" que este último hacía para la ILC se vehiculara a partir de "fraccionar indebidamente" la contratación "en varios contratos menores". Según el escrito, Borràs y Herrero eran "perfectamente conscientes" de que infringían la ley de contratación. La legislación establecía que los contratos menores (que no requieren concurso público) tenían que tener una cuantía inferior a los 18.000 euros –actualmente son 15.000–, que no se puede fraccionar un mismo proyecto y limita la contratación sucesiva de las mismas personas o empresas.

En total, el importe de los servicios encargados a Herrero por la ILC subió a 277.438,17 euros más IVA en 18 contratos que la Fiscalía cree que se tendrían que haber agrupado en 6. Algunos se adjudicaron directamente a nombre de Herrero, pero otros a sociedades fantasma en las que el imputado acababa siendo siempre "el verdadero adjudicatario". Borràs defiende que los contratos se hicieron correctamente y denuncia que el único objetivo es apartarla de la primera línea política. El origen de la causa radica en la investigación que los Mossos abrieron antes contra Herrero por tráfico de drogas y falsificación de moneda, a partir de la cual encontraron unos correos electrónicos entre él y Borràs hablando de los contratos en la ILC. La juez decidió más tarde que fuera la Guardia Civil quien continuara indagando en el caso.

6 años de prisión, 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa pide la Fiscalía contra ella. El ministerio público la acusa de los delitos de prevaricación administrativa y de falsedad documental con el agravante de su carácter público. A Herrero le pide lo mismo con 72.000 euros de multa. También se sienta en el banquillo de los acusados el empresario Andreu Pujol, a quien el fiscal pide 3 años de prisión y 10 de inhabilitación como "colaborador necesario" por prestarse a que se presentaran presupuestos falsos a su nombre a cambio de una comisión.

La intervención de la Generalitat advirtió a Borràs en 2014 de que la ILC estaba abusando de la figura de los contratos menores, que son los que se adjudican a dedo. El informe, entregado a la justicia por un funcionario de la ILC, recomendaba optar por el procedimiento negociado, que obliga a valorar más ofertas y a dar publicidad al procedimiento, pero Borràs defendió seguir usando la fórmula de los contratos menores. Este funcionario también entregó dos audios de WhatsApp que Borràs le habría enviado en 2018, cuando ya había dejado el organismo. En el primero, le pedía que le avisara si los Mossos volvían a la ILC para reclamar información sobre Herrero y en el segundo –enviado cuando ya era consejera de Cultura– se interesaba por las facturas pendientes que todavía tenía para cobrar su amigo. Los correos entre Borràs y Herrero, no obstante, son la prueba principal de la acusación. La defensa cuestiona que Borràs sea la autora de los e-mails, en los que se dan instrucciones de cómo hacer el fraccionamiento, y apunta que se habrían obtenido sin aval judicial y no se habría respetado la cadena de custodia. Lo intentará demostrar el polémico perito Luis Enrique Hellín Moro, exmilitante de la ultraderechista Fuerza Nueva y condenado a 43 años de prisión por la tortura y el asesinato de una joven militante comunista el 1980.

El empresario habría sondeado a la Fiscalía para acercar posiciones y tratar de buscar un pacto de conformidad que le permitiera rebajar la condena a cambio de confesar los hechos. Si esta confesión se acaba produciendo, puede comprometer la defensa de Borràs porque supondría inculparla directamente. Ante este posible pacto, Borràs ha pedido ser la última en declarar porque se considera la única acusada en el juicio. Su abogado, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito en el TSJC para que se modifique la orden de las comparecencias asumiendo, dice, que los otros dos acusados, Herrero y Pujol, habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía a pesar de que hoy por hoy no existe: "Los coacusados se han transformado en coacusadores".

El juicio se alargará casi un mes dividido en siete sesiones. Este viernes empieza con el planteamiento de las cuestiones previas donde las acusaciones y defensas plantean sus escritos de conclusiones provisionales con la petición inicial de pena y con la aceptación o no de las diferentes pruebas aportadas. Todas las miradas se centrarán, sin embargo, en los posibles pactos de la Fiscalía con Herrero. El 20 de febrero declararán los acusados, mientras que los tres días siguientes lo harán los diferentes testigo del caso. Entre ellos, el funcionario de la ILC que aportó los audios que podrían incriminar a Borràs, representantes de las empresas que habría usado Herrero para presentar presupuestos hinchados, investigadores de los Mossos y de la Guardia Civil, y los ex consejeros de Cultura Santi Vila y Ferran Mascarell. El 27 de febrero será el día de las pruebas periciales, en el que la defensa intentará que se desestimen los correos, que son el pilar de la acusación. Si se cumple el calendario, el 1 de marzo, las partes presentarán sus informes y el juicio quedará visto para sentencia.

Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament el 28 de julio, con los votos a favor de ERC, del PSC y de la CUP. Republicanos y cupaires, de hecho, hablan de un caso de "presunta corrupción" y rechazan incluirlo en la carpeta de la represión contra el independentismo. Este viernes no habrá representantes ni de un partido ni del otro ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acompañando a la presidenta suspendida del Parlament. Tampoco envía ninguna delegación Òmnium Cultural, que ha hecho equilibrios desde el primer día: no incluyó a la presidenta en la lista de represaliados por el caso de la ILC y sí que lo hizo posteriormente por el espionaje del Catalangate. La AMI también se ha desmarcado de la convocatoria. En cambio, JxCat acompañará a la presidenta para denunciar el lawfare al cual consideran que se le está sometiendo y también habrá representantes de la ANC y del Consell de la República. El alcaldable de Junts en Barcelona, Xavier Trias, ha alegado "motivos de agenda" para excusar su presencia.