Pegasus, un guardia civil imputado y diputados investigados: las irregularidades que denuncia a Cerdán en el Supremo

BarcelonaDesde el inicio de la causa de Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE ha denunciado que lo suyo es un caso político, pero este lunes ha ido más allá: su defensa enumera en un escrito ante el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso el ARA, todas las irregularidades que cree que ha habido en la instrucción. Desde la investigación de aforados sin haber pedido previamente el suplicatorio, como ocurrió inicialmente con José Luis Ábalos y con el propio Cerdán, hasta el rol de un agente de la Guardia Civil, también imputado al caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional.

Por todo ello, la defensa del exdirigente del PSOE, encabezada por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, vuelve a pedir la libertad de su cliente y reclama nuevas diligencias para esclarecer los términos en los que se ha producido la investigación. "No existe patrimonio a encontrar, no hay chalet ni fincas de caza. Por mucho que se busque y se indague, siempre encontrarán al señor Cerdán disfrutando de su ocio en las instalaciones municipales de su pueblo, un trabajador honrado [...]. El crédito que se ha dado [a los investigadores], siete meses, para acreditar la hipótesis viciadas de vulneraciones de derechos", concluyen, para reclamar el fin de la prisión preventiva de forma inmediata. Ahora bien, ¿cuáles son las irregularidades que denuncian?

El origen de la causa

Lo primero que señalan los letrados de Cerdán es el origen de la causa y cómo se procede a ampliar la investigación hacia los implicados. Si bien en un primer momento es un caso en contra del exasesor del ministerio de Transportes Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la compra de mascarillas durante la pandemia, el procedimiento acaba derivando contra el entonces ministro José Luis Ábalos, aforado, y más adelante contra Cerdán, también aforado. Los letrados hacen referencia a un auto del juez de febrero del 2025 en el que ordena a la policía revisar, a raíz de la declaración de Aldama en otro procedimiento en el que incrimina a dirigentes socialistas, todas las conversaciones telefónicas y mensajes del empresario con aforados, entre ellos Cerdán y el ministro Torres. Una decisión que la defensa del exdirigente socialista considera contraria a derecho.

"No es una conjetura formal de las defensas, se trata de la alteración procesal de las reglas de juego y de contrapeso entre los poderes del Estado [...]. No se puede abrir sin más, sin justificación y sin autorización de la cámara afectada mediante un suplicatorio, una investigación contra miembros del poder legislativo", supone una vulneración del principio de inmunidad parlamentaria". En cuanto al ministro Torres, sin embargo, no es necesaria la petición de suplicatorio porque no es diputado.

Cambio en el objeto de investigación

En este sentido, los letrados de Cerdán dicen que a partir de febrero de 2025 se cambia el objeto de investigación. "Lo que inicialmente se había circunscrito al fraude de las mascarillas pasa a ser una investigación general extendida a un número todavía indeterminado de personas y sin definir hechos ni delitos", denuncian. Todo ello añaden que se produce en un momento crítico para el gobierno del PSOE y Sumar. Cuando el juez pide a la policía revisar la documentación en relación a estos dirigentes socialistas, el "PP y Vox habían votado juntos contra el decreto ómnibus del 22 de enero del 2025". "Se abrió una importante crisis en el apoyo parlamentario del gobierno y Cerdán era el encargado de renegociar con Junts [...], que registra una propuesta para la cuestión de confianza. En ese momento se acuerda ordenar a la policía judicial una investigación contra dos aforados sin autorización", dice el escrito.

Los audios

Uno de los elementos que hasta ahora han resultado más incriminatorios para Cerdán –y también para Koldo García y José Luis Ábalos– han sido los audios en el que hablan de presuntas comisiones ilegales. De acuerdo con lo trascendido hasta ahora, los audios se grabaron desde dispositivos móviles que tenía Koldo García y que la Guardia Civil requisa en un cacheo. Pues bien, la defensa del ex número tres socialista, tal y como explicó el ARA, pone en entredicho la autenticidad de estos elementos sonoros y, en este último escrito, también su origen y obtención, así como la cadena de custodia, que para la defensa se habría roto. Argumenta que lo que consta en la causa no son los documentos originales sino copias de las que "no consta el origen" y de las que no se ha garantizado la "trazabilidad", ya que existe un cambio en el número de precinto: entre lo que consta en el cacheo de Koldo García y el que hay tras el vertido en el Tribunal Supremo.

El rol de Rubén Villalba

Desde el inicio de que la defensa de Cerdán ha insistido en que Koldo García trabajaba para la Guardia Civil como agente encubierto, un extremo que el juez instructor del caso descartó. Ahora bien, los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo señalan un nuevo elemento para insistir en esa hipótesis. Haciendo referencia a intervenciones de la UCO y de la Fiscalía, aseguran que los móviles con los que se realizaron las grabaciones en Ábalos y Cerdán fueron proporcionados a García a través de Rubén Villalba, un agente de la Guardia Civil que también ha terminado imputado en el caso por una "desviación" de su actividad profesional, en colaboración con Alda. Unos móviles que en las transcripciones de conversaciones se dicen estar "contaminados", sin especificar lo que quiere decir, aunque en el escrito la defensa insinúa que podrían contener un software de espionaje similar a Pegasus y haberse activado de forma remota. Recogen, en este punto, que Koldo García ha asegurado públicamente en TVE que nada había grabado.

"Aldama y Koldo García estaban introducidos en el sistema de fuentes de la Guardia Civil. Resulta imprescindible conocer exactamente cómo y por qué", asegura el escrito de defensa de Cerdán. En este sentido, una de las diligencias que pide la defensa es que declare a Rubén Villalba y aclare por qué les entregó. Y avisan: "No puede restringirse el derecho a la intimidad cuando una persona actúa con ánimo de engaño como casi policía. Es decir, Koldo ha negado ser autor de las grabaciones, pero en caso de que lo hubiera hecho, es evidente que habría estado bajo dirección policial y, por tanto, sería una prueba nula".

El grupo de WhatsApp 'K fontenería'

En alusión al rol de Villalba, la defensa cita a un grupo de WhatsApp que tenía este mando de la Guardia Civil con otros policías de su unidad con el título K fontenería. Aseguran que en el expediente de la causa no se aporta información sobre lo que se dicen, pero la defensa sospecha que por el tiempo con el que estuvo operativo tenía que ver con las actividades que realizaba Koldo García. En este sentido, piden que se informe sobre el contenido del chat.

Expediente parcial y destrucción de pruebas

La defensa también asegura que el superior de Villalba, al que piden citar a declarar como testigo, avisa a este agente de que la UCO le está investigando. Un aviso de que, según los letrados, conlleva una "aparente destrucción de pruebas".