El pesadilla judicial de Sánchez vuelve a escena

MadridDespués de las vacaciones y de una reanudación del curso político protagonizada por la crisis de Ceuta, los tribunales vuelven a la primera plana de la actualidad. Esta semana, Pedro Sánchez verá que dos directivos de Plus Ultra, la gerente del PSOE y el exdirector de la Guardia Civil desfilan por la Audiencia Nacional en las dos investigaciones que han cobrado más vuelo en las últimas semanas y que más le pueden hacer tambalear: las del caso de Koldo y de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué debe pasar los próximos días y semanas?

Plus Ultra continúa poniendo a Zapatero contra las cuerdas

La tormenta judicial se reanuda con dos declaraciones clave: Julio Martínez Sola –lunes– y Roberto Roselli –martes–, que dimitieron a finales de julio como presidente y consejero delegado de Plus Ultra. Hace un mes y medio, estaba citado Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente español, que inauguró una nueva etapa de colaboración con la justicia: dejó por escrito que Zapatero hizo de "mediador en la obtención de la ayuda pública” y fue “quien marcaba los pasos a seguir” para conseguirla, pero ante el juez no aclaró en quién influyó el expresidente.

En paralelo, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli admitieron que recurrieron a Zapatero como “medida desesperada” y que asumieron el pago “de elevadas cantidades de dinero” por unas tareas que “eufemísticamente” llamaron de acompañamiento. Los documentos, a los que tuvo acceso el ARA, también desglosaban cómo la comisión del 1% del rescate se pagó a través del tejido empresarial de Julio Martínez Martínez. Eso sí, ambos reconocieron que “nunca” tuvieron una “constancia fehaciente” de las “actuaciones concretas” de Zapatero para “favorecer” el rescate.

A finales de agosto, el juez José Luis Calama pidió información a doce bancos sobre 57 cuentas durante seis años para poder determinar “el origen, trazabilidad y destino final” de todo el dinero. También autorizó a la UDEF a “ampliar la información” que considere “pertinente”. El expresidente español protestó porque esta última carta blanca podría conducir a una “investigación prospectiva”, pero defendió que los datos podrán “desvanecer” la tesis policial “altamente elucubrativa”.

Uno de los elementos que todavía están pendientes son las explicaciones sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que la policía española encontró en su despacho. Zapatero prometió al juez que necesitaba diez días para justificarlas, pero han pasado casi tres meses y todavía no lo ha hecho. En julio, en una entrevista en TVE, se limitó a decir que fueron un “regalo de cortesía” que no tenía “ningún uso ni destino”. El juez también deberá mover ficha para citar a declarar a las dos hijas y a la secretaria de Zapatero, que también están investigadas.

Dos nuevos investigados en el caso Koldo

Quien también vuelve a ponerse manos a la obra es Santiago Pedraz, que está investigando el caso Koldo. Hace tres semanas, recibió toda la documentación procedente de los juzgados de Madrid, que tenían una causa abierta en paralelo. El primer movimiento será la declaración como investigada de Ana María Fuentes, la gerente del PSOE, que está citada el miércoles. Está investigada por falsedad documental por haber “falseado” presuntamente dos notas de encargo profesionales con los despachos de dos de los abogados imputados y hacer llegar el dinero a Koldo García. Aquel mismo día también está citado uno de estos letrados, Ismael Oliver.

El último imputado fue Leonardo Marcos, que fue director general de la Guardia Civil de junio de 2023 a septiembre de 2024. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) aseguró que se había quejado de que una solicitud de la UCO en el caso del hermano de Sánchez era “totalmente prospectiva y malintencionada” y puso prisa por terminar el informe: “Que no haya nada”, exhortó. El jueves está citado a declarar ante el juez. En el horizonte, Santiago Pedraz deberá citar a las dos personas clave que están bajo sospecha: Koldo García y Santos Cerdán.

Una de las novedades de las últimas semanas fue a mediados de agosto, con el clonado y volcado del móvil de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y presidente de Correos. Fue imputado hace dos meses después de que la Guardia Civil considerara que tuvo una “participación relevante y preeminente” en la presunta trama.

¿El PSOE será imputado como persona jurídica?

Una de las incógnitas que sobrevuela la actualidad judicial desde hace tiempo y que en las próximas semanas cobrará más envergadura es si el PSOE acabará imputado como persona jurídica. Hay dos causas que amenazan a Ferraz. La primera es la relativa a los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, que se abrió el mes de diciembre. Es una pieza secreta en la que se está radiografiando la documentación que aportó el PSOE sobre los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Aquí es donde el PP cree que el partido podría ser imputado por financiación irregular. Sería en caso de que dinero procedente de comisiones ilegales acabara en las arcas de Ferraz. La auditoría interna del partido lo descartó, pero encontró gastos “sorprendentes” de Ábalos.

La segunda es el caso Koldo. El juez Santiago Pedraz hace tiempo que sostiene que Santos Cerdán, que era el número 3 del PSOE, puso la estructura del partido “a disposición” de la presunta trama que quería “desestabilizar” las causas judiciales del entorno de Sánchez y que instigó que el PSOE pagara a terceras personas para hacer llegar el dinero a Koldo García. En dos escritos recientes a los que ha tenido acceso el ARA, el juez y la Fiscalía apuntan que la secretaría de organización del PSOE tenía “presumiblemente a sueldo” una “estructura paralela” que actuaba “bajo la batuta” de Koldo García. Hace un mes, precisamente, el magistrado pidió información a doce bancos para rastrear estos pagos y puso la lupa en seis cuentas bancarias del PSOE.

Los últimos movimientos de Peinado

El otro ariete judicial contra Pedro Sánchez es la investigación sobre su mujer. Begoña Gómez, que ha cambiado recientemente de abogado, ha presentado su escrito de defensa volviendo a pedir la absolución por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Hazte Oír, que lidera las acusaciones populares, pide trece años de prisión para ella. Está previsto que en los próximos días el juez Juan Carlos Peinado, que se jubilará el 27 de septiembre, convoque una nueva vista preliminar antes de enviar a las dos investigadas al banquillo de los acusados.