Hasta dónde podrá llegar la investigación de la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta?

MadridUna jueza de la Audiencia Nacional investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio. Después de dos informes iniciales de la policía española, que apuntaban a la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, María Tardón decidió el lunes que es competente para abrir una causa e investigar la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de organización criminal. El primer movimiento que ha hecho ha sido pedir al ministerio del Interior toda la documentación que desclasificó e hizo pública el gobierno español. Ahora bien, los expertos consultados por el ARA coinciden en que la investigación tendrá poco recorrido para conseguir que alguien asuma responsabilidades penales. “Es una especie de brindis al sol, es completamente impensable que Marruecos colabore”, dice Manuel Cancio, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “La jueza se topará con un muro que hará que sea muy difícil seguir adelante, Marruecos no colaborará y no entregará a ciudadanos marroquíes”, añade Ramon Ragués, catedrático de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Ambos hablan de la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda investigar o juzgar a autoridades marroquíes como presuntas instigadoras de la entrada masiva. El muro en cuestión es el Convenio de extradición entre España y Marruecos firmado en Rabat en junio de 2009, que estipula que “ninguno de los dos estados” extraditará a sus “nacionales respectivos”. Por tanto, el gobierno marroquí no entregará a ningún ciudadano marroquí a la justicia española. El convenio también añade que, en este caso, Marruecos debería “comprometerse” a investigar a sus ciudadanos si son delitos “castigados” en ambos estados y si España le transmite una “solicitud de iniciación de actuaciones judiciales”.

Por tanto, Joan Baucells, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma (UAB) de Barcelona, deja claro que “la posibilidad de que acabe en condena es cero”. La instrucción podrá ir dilatándose y prorrogándose el tiempo que considere la jueza, pero si no llega a haber ningún investigado formal, la causa estará abocada a acabar archivada tarde o temprano. Además, para los delitos con penas superiores a dos años, como es el caso, no se puede juzgar a una persona sin que esté presente.

Ahora bien, a pesar de todo esto, algunas de las voces sostienen que la investigación no será estéril. Ramón Ragués cree que “puede servir para entender de alguna manera cómo se llegó a producir esto”, aunque será “complicado” seguir “tirando del hilo y descubrir quién hay detrás de todo ello”. Coincide con él Joan Baucells: “Para lo único que puede servir, que no es menor, es para saber qué pasó. Cuando se hacen comisiones parlamentarias, tienen el recorrido que tienen, es muy difícil llegar a saber la verdad. En cambio, un proceso judicial tiene más capacidad de poder averiguar de manera objetiva qué pasó”. En cambio, Manuel Cancio alega que los juzgados “no están para investigar este tipo de cuestiones”, sino para “perseguir a personas que han cometido delitos”.

La responsabilidad del gobierno español

En el auto, María Tardón avisaba que también se analizarán “todas las actuaciones” que tuvieron lugar en España. En este sentido, Eulàlia Pascual, doctora en derecho penal internacional, cree que “puede ser que se implique a funcionarios españoles” y que se deriven “responsabilidades claras” del ejecutivo de Pedro Sánchez. Eso sí, si la jueza apuntara a ministros o al presidente español, tendría que remitir la causa al Tribunal Supremo porque están aforados. En cambio, Ramon Ragués sostiene que “todo apunta” a una “posible negligencia” y que, por tanto, es “muy difícil construir una responsabilidad penal” a dirigentes españoles.

Por su parte, Manuel Cancio es muy crítico con la remisión de la jueza al delito que compromete la paz o la independencia del Estado: él esgrime que tiene que ver con un “contexto bélico” o de “provocación de la guerra”, un escenario muy lejano al actual. Cree que es un delito que pretende hacer responsable a alguien del gobierno español y recela: “Lo ha elegido al azar. Es excesivo, está completamente fuera de lugar, no tiene sentido y es difícil de explicar en términos jurídicos”, argumenta. “Podemos discutir que haya habido una gestión inadecuada o que no se haya prestado atención a los indicios, pero estamos hablando de si alguien ha cometido algún delito y no hay mucho recorrido ni hacia Marruecos ni hacia responsables españoles”, remacha.

La vía internacional

En otra línea, Eulàlia Pascual apunta que habría una vía alternativa para investigar los hechos, aunque tampoco tiene números de prosperar. Sería recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, pero es un paso que deben dar los estados y, por tanto, tendría que ser España quien denunciara directamente a Marruecos, algo altamente improbable viendo cómo la Moncloa ha evitado responsabilizar de nada al país alauita a pesar de los indicios que han ido aflorando. Otro camino sería el Tribunal Penal Internacional, pero queda desactivado porque Marruecos no ratificó el Estatuto de Roma.