La juez de la DANA acusa a Pradas y Argüeso de "negligencia chapucera"

La magistrada les reprocha que se quejen "de forma absurda de falta de información" y den respuestas que generan "auténtico estupor"

Salomé Pradas, junto a Carlos Mazón, antes de su comparecencia en Les Corts. ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS
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ValenciaNueva y contundente resolución de la juez que instruye la causa por las inundaciones de la DANA en la Comunidad Valenciana, que ha acusado a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso de "manifiesta pasividad" y actuación "chapuceamente nestro". También les ha recriminado que para justificar su inacción se han quejado de forma "absurda" de falta de información y han dado respuestas al tribunal que generan "auténtico estupor". La magistrada también calificó la actuación de los dos altos cargos de "negligencia chapucera", con un "desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones [...] o las herramientas a utilizar como el sistema ES-Alert".

La magistrada ha incluido estas afirmaciones en una resolución hecha pública este miércoles en la que reitera que no existió opacidad por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX). Por eso, se reafirma en su negativa a imputar al presidente del organismo hidrográfico, Miguel Polo. También cierra a la puerta a procesar a tres altos cargos del departamento de Emergencias. Se trata del director general, Alberto Martín Moratilla, el subdirector general, Jorge Suárez, y la jefa de servicio, Inmaculada Piles. Afirma que su imputación "no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica".

En cuanto a Polo, señala que "queda desmentida" la supuesta falta de información de la CHX sobre la evolución de los caudales de los ríos y barrancos que se desbordaron, y subraya que ésta era enviada "mediante correos" y podía consultarse en todo momento en internet.

En el caso de Pradas y Argüeso, ha lamentado "la manifiesta pasividad en la que se incurrió por parte de los investigados en la alerta a la población". Además, y en referencia a su queja por el presunto apagón informativo de la Confederación, afirma que ésta es "absurda": "Es incompatible quejarse de la falta de información y, al mismo tiempo, excluir de la reunión a la que supuestamente debía proporcionarla [en referencia a los dos momentos que se desconectó del Cecopio] uno mismo".

Las víctimas de la DANA demandarán a Vox

Para revertir una instrucción que, hasta ahora, sitúa a todo el foco en la presunta inacción de la Generalitat, PP, Vox y el entorno de la exconsellera y su ex número dos han impulsado una estrategia que consiste en desacreditar a las asociaciones de afectados y familiares de víctimas de la DANA más críticas con el gobierno valenciano.

Como ocurre desde hace meses en la Comunidad Valenciana, quien marca el paso es la ultraderecha, que esta semana ha empezado a cuestionar la autonomía de las entidades. "Normalmente, las asociaciones que se montan al día siguiente de semejante tragedia no suelen ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados", afirmó el martes el portavoz en las Cortes de Vox, José María Llanos. De esta forma, el político de extrema derecha trataba de justificar que las organizaciones de víctimas no figuren en el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la DANA que han aprobado el PP y Vox en el Parlament valenciano.

Y como del partido ultra depende de que el jefe del Consell, Carlos Mazón, conserve la silla, este miércoles la portavoz del ejecutivo, Susana Camarero, se ha sumado al argumentario de su socio parlamentario. "Sabemos que no todas [las asociaciones] son ​​iguales. Sabemos que las hay con marcado perfil partidista, dirigidas por personas cuyo perfil representa a determinados partidos", ha defendido la también vicepresidenta primera.

Las palabras de Llanos y de Camarero han molestado notablemente a los afectados y familiares de víctimas de la catástrofe. Es el caso de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud Valencia, que representa a 271 personas, que presentará una demanda contra José María Llanos por injurias y calumnias. "Tratar a la asociación como una entidad controlada por los partidos políticos demuestra tener un gran desconocimiento sobre ella, sus actos, sus miembros y sus orígenes vecinales", apuntó en un comunicado su presidente, Christian Lesaec, quien también recordó que la entidad interpuso una querella por cinco delitos contra "seis personas responsables.

La queja de Lesaec no ha sido la única y también han protestado otras dos entidades, entre ellas la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que ha pedido a Llanos que rectifique. Desde el PP y Vox no parecen dispuestos a hacerlo y reprochan a la plataforma que su portavoz sea una periodista que trabaja en las áreas del Ayuntamiento de Catarroja que gestiona Compromís. Ambas formaciones también critican que, hace unos años, Lesaec formó parte de la lista de la coalición valencianista en el municipio de Alfafar.

La juez, en la diana

Sobre quien la extrema derecha también ha empezado a poner el foco es la juez instructora Núria Ruiz Tobarra. Ya lo hizo en marzo Vox cuando, de nuevo mediante José María Llanos, criticó a la magistrada por incluir "consideraciones" en sus resoluciones. A estos reproches hay que sumar ahora la publicación de informaciones en medios como OK Diario que apuntan a una supuesta intromisión del marido de la togada, el también juez Jorge Martínez.

En estas noticias se asegura que el magistrado ha presenciado algunos interrogatorios y ha discutido con algunas de las partes. Estas afirmaciones han sido desmentidas en el ARA por personas presentes en todas las sesiones celebradas hasta ahora. Estas mismas fuentes señalan que el juez tan sólo acompaña a su pareja hasta la puerta del tribunal porque ambos trabajan en la Ciudad de la Justicia de Valencia. "Nunca ha estado dentro de la sala", reitera una fuente que vincula la publicación de las noticias con el objetivo de "intoxicar". Curiosamente, este relato de los hechos no fue desmentido por los representantes de las defensas de Pradas y Argüeso, que reconocieron al ARA que no tienen elementos para elevar una queja contra Ruiz Tobarra y que marcaron distancias con el contenido de las informaciones. Pese a estas palabras, la principal acusada, la exconsejera Salomé Pradas, no ha dudado en compartir en sus redes la noticia deOK Diario.

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