Marchena no tiene relevo por el bloqueo en la sala donde se juzgan a los políticos

MadridLas negociaciones están muy varadas, pero la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mueve ficha para intentar desbloquear la elección del relevo de Manuel Marchena en la presidencia de la sala segunda del Tribunal Supremo, la penal. El presidente del tribunal del 1-O dejó el cargo cuando acabó su mandato, el pasado diciembre, y desde entonces el presidente en funciones de la sala penal del Supremo es Andrés Martínez Arrieta, el integrante más veterano, que se jubila en dos años. Él es el aspirante preferido del bloque conservador y su rival es Ana Ferrer, la candidata que impulsa al grupo progresista que discrepa de la gran mayoría de sus compañeros en relación con la aplicación de la amnistía.

Estaba fijada esta votación este martes y también para elegir la presidencia de la sala del ámbito contencioso-administrativo, con los nombres de Pilar Teso y Pablo Lucas sobre la mesa. La primera es la favorita del blog progresista y él el del conservador. Pero Perelló las retiró ante la falta de acuerdo. La negociación para estas dos elecciones clave lleva meses enquistada: la semana pasada se eligieron los nuevos presidentes de la sala primera, la civil (Ignacio Sancho, que no tenía competidor), y la cuarta, la social (Concepción Ureste, de la asociación afín al PSOE Jueces por la Democracia), pero no hay acuerdo para las salas que se consideran más relevantes. Sobre todo la penal, que es la que se encarga de juzgar al fiscal general del Estado, así como los miembros del gobierno español, del Congreso y el Senado.

"No hay margen", aseguraban ya el lunes fuentes de ambos bloques. Algunos vocales daban por sentado que Perelló acabaría retirando del orden del día las votaciones. "Puede ser, sí", confirmaban desde la cúpula del órgano de gobierno de los jueces. El problema era que una votación fallida puede provocar que sea necesario reiniciar el procedimiento de elección de los candidatos. Así, la presidenta del CGPJ ha querido presionar a los grupos conservador y progresista para que se muevan y traten de desatascar la situación. Aunque no se vote, la imagen que queda este martes es de división entre ambos sectores, y cierto clima para que se pongan las pilas. "Estamos trabajando, es complicado", destacan desde el CGPJ.

La sala segunda, contrapoder del TC

El argumento oficial que dificulta el acuerdo es una interpretación discrepante sobre la paridad de género que debe existir en los nombramientos. El sector progresista entiende que debe cumplirse en las cinco presidencias de sala y por eso defiende las candidaturas de Ferrer y Teso, mientras que los conservadores no son tan estrictas. Sin embargo, el motivo de fondo es de afinidades políticas de cada candidato. Básicamente, la derecha judicial no quiere asumir que alguien como Ana Ferrer, que hizo un voto particular en contra de inplicar la amnistía a Carles Puigdemont, tome el relevo de Manuel Marchena en una sala que por ahora está totalmente enfrentada al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Habría que ver qué margen tendría para cambiar su sensibilidad, dado que está integrada por un gran número de magistrados de corte conservador que batallan por la no aplicación de la norma a los exiliados.

No ha habido conflicto, en cambio, a la hora de aprobar una veintena de nombramientos en otros tribunales este mismo martes. Los más destacados son los de presidencias de TSJ: Jesús María Chamorro en el de Asturias, Celso Rodríguez en el de Madrid y Manuel Luna en el de Murcia. Los dos primeros repiten mandato. Los vocales también designaron doce presidencias de sala de lo contencioso-administrativo y de lo social en diferentes tribunales superiores, así como de audiencias provinciales de Zamora y Huelva. Además, se han designado cuatro cargos de la jurisdicción militar. En total, el CGPJ renovado en verano del año pasado ha realizado ya 102 nombramientos.