El primo lejano de Juan Carlos I se desvincula de la regularización en Hacienda
Álvaro de Orleans, fundador de Zagatka, niega ser un testaferro del rey emérito
MadridEl primo lejano de Juan Carlos I Álvaro de Orleans Borbón se ha desmarcado de la regularización de 4,3 millones de euros a Hacienda que el rey emérito comunicó la semana pasada. Se trata de dinero derivado de viajes no declarados que se habrían sufragado con fondos de la fundación Zagatka, creada por De Orleans con el objetivo de gestionar su patrimonio y ayudar a la monarquía española, así como otras europeas. En un comunicado difundido por la defensa jurídica del primo de Juan Carlos I, asegura que la regularización es una decisión "ajena" a él, y apunta que es "iniciativa de una tercera persona, un contribuyente español que tributa por los fondos de los cuales ha dispuesto".
"Como es consabido, como parte del objetivo de la fundación y fruto del compromiso heredado de su padre y de su abuelo, D. Álvaro puso voluntariamente a disposición del rey Juan Carlos ayuda financiera a través de la fundación Zagatka para la atención de gastos de viaje", subraya, y deja claro que la regularización tributaria no afecta a su fundación. "No significa, en absoluto, que la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein, o sus fondos fueran de su propiedad", añade.
De Orleans se distancia así de los asuntos turbios de Juan Carlos I, a pesar de que haya sospechas sobre el origen de los fondos de Zagatka y se lo considere un testaferro del emérito. En el comunicado remarca que la fundación es exclusivamente suya y niega que sea una sociedad "pantalla o instrumental" para ocultar la fortuna del exmonarca español. "Tampoco es cierto que D. Álvaro de Orleans sea su testaferro o fiduciario y, de hecho, no está siendo objeto de ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquiera otro país". El primo especifica, además, que proviene de una familia "de elevada posición económica": su madre heredó, junto con sus dos hermanas, una importante fortuna de su padre, uno de los industriales italianos más relevantes del siglo pasado.
Las informaciones que los últimos meses se han publicado contradirían esta versión, dado que el primer movimiento relevante de la fundación –constituida en 2003– se atribuye a la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank, con un ingreso de 1,9 millones de euros vinculado a presuntas comisiones. El 15 de febrero del 2020, sin embargo, el diario británico The Telegraph publicaba que la comisión recibida por De Orleans habría llegado a los 44,5 millones de euros. Su defensa lo negó.
Juan Carlos I no prestó servicios a Zagatka
El comunicado del primo lejano del emérito contradice una de las frases polémicas del escrito que la semana pasada difundió la defensa de Juan Carlos I, liderada por el abogado Javier Sánchez-Junco. Decía que la regularización de casi 4,4 millones respondía a gastos "por viajes y servicios realizados por el rey emérito", hecho que abrió el interrogante sobre qué "servicios" habría podido prestar el emérito. Ahora De Orleans aclara que los "servicios" a los que se refiere Juan Carlos I forman parte de los "gastos de viaje, como pueden ser servicios de agencias de viajes".
Más allá de la hipotética responsabilidad del primo lejano, los nuevos movimientos del exjefe de estado continúan marcando la actualidad política y judicial española. Este martes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, expresó durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso que la segunda regularización "obliga" al ministerio público a hacer "nuevas investigaciones y comprobaciones", mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía el papel de la Agencia Tributaria. A la vez, fuentes del gobierno español señalaban que todo lo que rodea a las sospechas sobre el monarca "llama la atención". Paralelamente, la asociación de inspectores de Hacienda del Estado se quisieron defender este martes también de las dudas sobre "inactividad" lanzados por Unidas Podemos: defendieron la "confidencialidad" que tiene que regir en las indagaciones de la Agencia Tributaria y apuntaron que la investigación penal prima por encima de la administrativa.
