El pulso de Puigdemont con el Estado augura un tenso inicio de curso para Sánchez

MadridEl adelanto electoral en Catalunya, que dejó al Estado sin presupuestos, y la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía, que ha impedido un retorno definitivo en libertad de Carles Puigdemont, han complicado más de lo previsto a Pedro Sánchez una legislatura que depende de los independentistas. La investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat gracias al acuerdo con ERC, con el pulso del líder de Junts con el Estado como trasfondo, añade aún más tensión al inicio del curso político cuando el jefe del ejecutivo español deberá batallar por el incierto apoyo de los junteros a las cuentas para el próximo año. Asimismo, deberá afrontar el debate sobre la nueva financiación para Catalunya, del que depende el voto de los republicanos tanto en el Parlamento como en el Congreso y que complica la relación con el resto de aliados de la investidura y genera oposición dentro del propio PSOE. ¿Saldrá, Sánchez?

En el balance que hizo antes de las vacaciones de verano, el jefe del ejecutivo se mostró determinado a aguantar otros tres años y pasó la presión a Junts pidiendo que haga una "oposición útil y constructiva" facilitando la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para 2025. Las opciones de que su petición sea atendida generan al menos dudas a la vista de la estrategia desplegada por Puigdemont con su fugaz regreso una vez el PSC ha logrado truncar su objetivo de volver a liderar el Govern. Y, de hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, este viernes ya amenazaba al gobierno español ante la falta de presión, dijo, al Supremo para que aplique la amnistía. "En Madrid vamos pieza a pieza", dijo Turull. Sánchez se vería aún más cuestionado si debe prorrogar un año más los del 2023 y, por eso, avanzó que de cara a septiembre u octubre quiere presentar el nuevo proyecto de cuentas públicas aunque los junteros tumbasen en el último pleno del curso el techo de gasto, que tendrá que afrontar un segundo intento.

Al otro lado, Puigdemont se situó en un marco bien distinto con el llamamiento realizado desde Barcelona a "preparar nuevas oportunidades" para confrontar con el Estado y conseguir la autodeterminación. En el vídeo en el que el miércoles anunció que había "emprendido el camino del regreso" el líder juntero criticó que su posible detención parecía no "inquietar demasiado" al gobierno español ni tampoco al futuro ejecutivo de Isla. "Hay muchos catalanes que queremos vivir en un sistema democrático pleno", avisó el líder juntero en contraposición a esa "indiferencia". Por ahora, en todo caso, nada se sabe de Puigdemont desde que desapareció el jueves.

Moncloa quiere pasar página

Desde el Palacio de la Moncloa y desde la sede del PSOE en la calle Ferraz han optado por el silencio y por mantener un perfil bajo ante estas advertencias. Solo lo rompió el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, al día siguiente de la fuga de Puigdemont, sobre la que pasó de puntillas tildándola "de episodio que nada aportó a la sociedad catalana". El gobierno español reivindica que con Isla se abre una nueva etapa que deja atrás el "fracaso colectivo" del Proceso y obvia la batalla que plantea Puigdemont defendiendo que lo que hace falta es poner el foco en "lo importante", que es la gestión del día a día.

Bolaños reivindicó el "patriotismo inteligente" de Sánchez con la estrategia desplegada en Catalunya que culmina situando a Isla en la presidencia de la Generalitat. Pese a garantizarse este puntal, Sánchez sigue necesitando los siete votos de Junts en la cámara baja y tiene numerosos frentes abiertos no sólo en el ámbito político sino también judicial, con la causa contra su mujer investigada por el juez Juan Carlos Peinado. De momento Sánchez se ha dado unas semanas de tregua y no reunirá al consejo de ministros hasta el 27 de agosto. Tampoco ha respondido a la petición de algunos varones del PSOE de debatir sobre el sistema de financiación en el seno del partido.

El debate de la financiación

En paralelo a este silencio, exdirigentes de la formación ahora liderada por Sánchez, como Felipe González o Alfonso Guerra, y otros críticos habituales como el castellano-manchego Emiliano García-Page han salido a criticar en los últimos días tanto el pacto con ERC como la dependencia que tiene de Junts al Congrés. Se suma el PP. Varias voces de los populares han insistido en que el acceso del líder del PSC a la presidencia de la Generalitat se ha convertido "en un problema para España" porque Sánchez le ha "comprado con el dinero de todos los españoles" y han apuntalado la idea de que Puigdemont bloquea la gobernabilidad del Estado.

Ahora bien, las críticas también se extienden a Sumar, que afronta el debate sobre la financiación con división interna y da un quebradero de cabeza más a Sánchez. Tras las advertencias de formaciones que forman parte del grupo parlamentario, como Compromís y la Chunta Aragonesista, esta semana se añadió la enmienda a la totalidad al contenido del pacto hecha por el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, que choca con la defensa que hicieron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los comunes: "Pone en riesgo la redistribución", aseguró.