Quisiéramos consenso y tenemos corrupción

MadridEste fin de noviembre ha traído días de fuertes contrastes. Por un lado, los actos relacionados con los cincuenta años desde el restablecimiento de la monarquía en España. En el Palacio Real se pronunciaron los discursos más relevantes. Aparte del correspondiente al mismo rey Felipe VI, hubo los de los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero, y el expresidente Felipe González. Todos ellos con palabras de reivindicación de la transición y del valor del consenso. Y González, por destacar la "paz civil" como bien principal e irrenunciable de la sociedad española. La fecha de 21 de noviembre de 2025 ha tenido, ciertamente, dimensión histórica, por su significación, con la imposición del Toisón de Oro a los ya mencionados ya la reina Sofía, en ausencia del emérito Juan Carlos I. Por otra parte, como hecho negativo, sólo hay que tener en cuenta las características del momento.

El contraste entre la solemnidad y contenido del acto del Palacio Real y el curso de la vida en la calle fue muy evidente. Por un rato se recuperó el llamado espíritu de la Transición, con diversas apelaciones al diálogo y entendimiento. Pero bastaba con mirar las primeras páginas de los periódicos para darse cuenta de que la vida política va por otro camino. La capacidad de llegar a acuerdos que se atribuye a la etapa inicial del cambio democrático y el clima de concordia imperante para redactar y aprobar la Constitución del 78 han sido sustituidos por una lucha descarnada por el poder. Esto no es de ahora, pero atravesamos una fase particularmente dura, que difícilmente nos llevará a cambios de ciclo político más o menos naturales, a alternancias vividas sin terremotos. Basta con ver el resultado de la causa instruida contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuál es la agenda del Supremo para las próximas semanas. La vida judicial va llena de casos con substancia y relevancia política. Se trata sin duda de una situación patológica.

Tanto el gobierno español como el PP están afectados. El ejecutivo de forma más grave, ya sea por la condena impuesta al fiscal general como por el caso de corrupción de la trama Cerdán - Ábalos - Koldo. Parece mentira que el PSOE no haya sido capaz de establecer mecanismos de control internos para que sea más difícil la aparición de redes de cobro de comisiones por la concesión de obras públicas, con la experiencia acumulada de muchos años de gestión y otras decepciones anteriores. Una situación relativamente similar tiene el PP, no solo por las causas que todavía están pendientes, sino también porque ahora han tenido que dimitir algunos de sus cargos principales en la provincia de Almería, también por prácticas de presunta corrupción de cargos públicos en la Diputación de esa provincia y en varios municipios. Los máximos dirigentes populares reclaman elecciones todos los días, al tiempo que deben asumir que tienen líderes locales que repiten conductas que les han costado muy caro en ocasiones precedentes. El propio Feijóo pensará que las hay para abrirse las venas.

En todo caso, quien tiene ahora una urgencia importante es el gobierno. No debe hacerlo mañana mismo, pero en cuestión de días tendrá que encontrar un sustituto para el fiscal general. Suele decirse que siempre hay candidatos para acceder a un cargo, pero dudo que en este caso haya cola. Quien acepte el nombramiento debe saber que su mandato puede ser corto, aunque se agote la legislatura y las próximas elecciones sean en el 2027. Por otra parte, el clima entre los fiscales no es precisamente de fiesta. Ya existían tensiones, de hecho desde la fase más aguda del proceso, cuando la Fiscalía se empeñó en calificar los hechos como un delito de rebelión, para pedir como castigo treinta años de cárcel. Ahora quien asuma la responsabilidad se encontrará un colectivo dividido, en el que los conservadores hacen todo lo que pueden para erosionar la situación del gobierno y los progresistas por mantener una hoja de ruta que no incluye la oposición a los socialistas. Para estos últimos, se trata de combatir la consigna dada por el expresidente José María Aznar, en el sentido de que "quien pueda hacer, que haga", una frase venenosa que explica en parte la situación en la que ahora se encuentra Pedro Sánchez.

Hacer política

En cualquier caso, no hace falta que los jueces hagan política para desestabilizar un gobierno. Basta con que interpreten y apliquen la ley con la orientación adecuada para conseguirlo. Piense en la denuncia que hizo en septiembre del 2020 el entonces teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, criticado por sus propios compañeros por negarse a presentar las querellas interpuestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión frente a la pandemia de la cóvido. Navajas explicó que dos fiscales habían ido a verle para pedirle que actuara contra el ejecutivo, como si una iniciativa de este tipo fuera lo más natural del mundo. Para dejarlo más claro, añadió que los dos compañeros de carrera que le habían visitado estaban "contaminados ideológicamente". Y mientras, se iban cerrando contratos abusivos y con comisiones a cambio de un material sanitario necesario para intentar reducir los efectos de la emergencia sanitaria.

Son los protagonistas de este capítulo, por un lado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y, por otro, los citados Cerdán, Ábalos y Koldo, los actores principales de la crisis que ahora atenaza al PSOE. Y todo en torno a comisiones y mascarillas. Cerdán ha salido de prisión porque el juez cree que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. Pero los otros dos pueden ir pronto, en función de las elevadas penas que ha pedido por ellos la Fiscalía, veinticuatro años para el exministro Ábalos y diecinueve para su ex asesor Koldo García. El juez lo resolverá el próximo jueves, día 27. Aquí lo que ven los fiscales es riesgo de fuga, para librarse de posibles condenas tan fuertes. Las perspectivas para Cerdán difícilmente serán mejores. Lo dicho por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que la red de la que formó parte, supuestamente, desvió para él y su entorno 181.000 euros en forma de sueldos familiares, muebles, gastos de viajes y restaurantes, así como alquileres. Con razón, las crónicas del importante acto del viernes en el Palacio Real mencionaban que la celebración se había visto "enrarecida" por el clima político del momento.