MadridDurante un largo período fue una constante la experiencia de los pactos con fuerzas políticas periféricas para hacer posible la investidura de un presidente del gobierno español. Casi se daba por sentado. Cuando el PSOE, o el PP, según los casos, no tenían un número suficiente de parlamentarios para asegurar la elección de su líder, recurrían a los eventuales socios –en especial a los nacionalistas catalanes y vascos–, y podía costar más o menos, pero la cosa salía adelante. En teoría, ahora podría ocurrir lo mismo. Pero existe una gran diferencia entre la España de hace dos o tres décadas y la actual. En el pasado también existía crispación, pero en estos momentos las dificultades para las operaciones de entendimiento son más profundas, porque lo que domina la evolución del sistema es su marcha hacia la radicalidad. Y habrá que ver hasta qué punto los maximalismos impiden, o solo complican, el acercamiento de posiciones.
En principio, creo que el pacto se hará, y que es muy probable que el líder socialista, Pedro Sánchez, pueda contar con una segunda legislatura al frente del gobierno. Pero no tanto por libre elección de los aliados de la primera etapa de la coalición entre PSOE y Podemos como por imposición de las circunstancias. Basta con ver cuáles son los acuerdos que están cerrando el PP y Vox en los ámbitos municipal y autonómico. El último, el firmado en Aragón, pretende entre otras cosas acabar con la "ideología" en las aulas mediante la inspección educativa. Después leeremos que en las escuelas de Catalunya funciona una especie de policía lingüística, pero de momento lo que vemos es que el programa común del PP y Vox incluye en Aragón el control de la enseñanza para evitar la contaminación ideológica, expresión que suena tan arriesgada como cuando aparece la de concepto jurídico indeterminado.
Este es tan solo un ejemplo, pero sirve para entender hasta qué punto Vox está consiguiendo llevar al PP a aceptar planteamientos indicativos de evolución hacia la radicalidad. Esta constatación hace aún más comprensible por qué una parte del electorado ha apoyado a los socialistas –y quizás otro segmento a Sumar–, sobre todo para evitar que la derecha, en sus dos versiones –moderada y extrema–, llegara al poder y tratara de imponer un programa de control social regresivo y potencialmente atentatorio para los derechos fundamentales. Muchas de las personas que hayan actuado movidas por este temor se preguntarán, una vez salvada la primera vez, qué hacer ahora.
La Constitución como garantía
Mi criterio es que lo que se haga no debería tener como objetivo la negación o el desbordamiento del marco constitucional. Me parece lo más sensato tanto por razones de realismo como de oportunidad. La Constitución tiene pocas barreras infranqueables y es una garantía, también para Catalunya. Con el texto vigente se han logrado grandes avances en el autogobierno, especialmente en los momentos que ofrecían las negociaciones para la investidura del presidente del gobierno español, fuera Felipe González o José María Aznar. Se trata de saber aprovechar la ocasión, que se presenta ahora corregida y aumentada.
