El primer (o el segundo) presidente español imputado de la democracia

BarcelonaEl 2 de junio se vivirá una situación histórica en el Estado: por primera vez en democracia, un expresidente del gobierno español declarará ante un juez en calidad de investigado. Será José Luis Rodríguez Zapatero, de quien el magistrado José Luis Calama tiene indicios de que encabezaba una "red" corrupta de tráfico de influencias. Será el primero si asumimos que la democracia española se reinicia en 1977, con las primeras elecciones después de la muerte del dictador. Pero durante la Segunda República ya se había puesto en marcha un sistema de democracia primigenia —en 1933 pudieron votar por primera vez las mujeres— y un expresidente ya había sido imputado: en 1934 la Audiencia de Barcelona —por delegación del Tribunal Supremo— investigó a Manuel Azaña como presunto colaborador de la proclamación del Estado Catalán.

Azaña fue detenido en Barcelona el 9 de octubre, tres días después de que Lluís Companys se rebelara contra el gobierno español como respuesta a la incorporación al ejecutivo de ministros de la CEDA. Aunque la simpatía entre Azaña y Companys fue siempre más bien escasa —especialmente a partir del estallido de la Guerra Civil—, el expresidente del gobierno español (que después lo sería de la República entre 1936 y 1939) había defendido Cataluña unos días antes desde su escaño en el Congreso de los Diputados y se había reunido con el presidente de la Generalitat dos noches antes de los Hechos de Octubre.

A pesar de estar amparado por la inmunidad parlamentaria, la policía detuvo a Azaña y el fiscal general presentó cargos por el delito de rebelión, el mismo por el que se condenaría a Companys y su gobierno. El Congreso aceptó el suplicatorio y el Supremo derivó el caso a la Audiencia de Barcelona. Tres meses después se acabaron desestimando las acusaciones contra él y quedó en libertad. Otros presidentes del consejo de ministros serían, más adelante, juzgados y represaliados por el franquismo, pero allí ya no había tribunales democráticos.

Los testimonios

Zapatero, pues, será el primer investigado desde la transición democrática, pero toda la demás de presidentes también ha pasado por los tribunales en condición de investigados. Sin ir más lejos, el actual jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, tuvo que atender por videoconferencia desde la Moncloa el requerimiento del juez Juan Carlos Peinado. Fue el pasado 30 de julio y la declaración duró solo dos minutos, el tiempo justo para que Sánchez indicase que no respondería a ninguna pregunta por el vínculo familiar que mantenía con la principal investigada del caso, su mujer, Begoña Gómez.

Pero Sánchez no fue el primer presidente en ejercicio en declarar como testigo. Antes lo había hecho, por ejemplo, Felipe González. Por ejemplo, en noviembre de 1987 lo hizo por escrito —tal como también reclamaba poder hacerlo Sánchez— por las torturas denunciadas por Tomás Linaza, el padre de un presunto miembro de la banda terrorista ETA. Su declaración a los tribunales más mediática, sin embargo, fue la que hizo diez años después, ya como expresidente, cuando fue citado como testigo presencial en el caso de Segundo Marey, el ciudadano francés que secuestraron los GAL confundiéndolo con un dirigente de ETA. Él negó tener conocimiento alguno y, aunque se valoró su imputación, finalmente el Tribunal Supremo lo exoneró.

A Mariano Rajoy también le tocó acudir a un juicio como presidente en activo. Fue el 26 de julio de 2017 para declarar en el juicio de la Gürtel, la principal trama corrupta vinculada al PP. Aunque durante los años que funcionó la red él era vicesecretario general del partido y director de las campañas de José María Aznar, aseguró no saber nada de nada. Con respecto precisamente a Aznar, fue testigo en otro juicio vinculado a la corrupción del PP, los de los Papeles de Bárcenas. "Nunca he recibido ningún sobresueldo", remarcó en la Audiencia Nacional.

Con respecto a los dos primeros presidentes de la democracia, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, fueron testigos una vez ya habían dejado sus funciones. Suárez declaró en 1995 en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Banesto, por transferencias de 300 millones de pesetas a su partido de entonces, el CDS; y Calvo-Sotelo lo hizo en 1989 en la Audiencia de Valencia por el rompimiento de la presa de Tous en 1982.