MadridEsta ha sido una semana de juegos de manos. La prestidigitación ha estado por todas partes. Hemos visto apariciones y desapariciones –nada por aquí, nada por allá– y un tráfico de sombreros de copa que no habíamos visto desde los años en los que el gran dibujante El Perich los usaba cuando quería representar a un burgués típico. La afición por la magia lo ha tocado todo, ha hecho que una mujer de 68 años pueda ser madre sin engendrar ni dar a luz, y que haya salido de un hospital de Estados Unidos como si lo fuera, en silla de ruedas, con un niño en brazos y con el brazalete propio de una paciente. También ha sido posible que un ex jefe de la Guardia Civil que había sido destituido por “pérdida de confianza” pueda recuperar –vía sentencia del Supremo– su antiguo estatus como parte de la cúpula de este cuerpo de seguridad en Madrid cuando el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska –que también es un juez–, no lo quiere ni ver.
Solo son dos ejemplos. Pero tranquilos, porque hay más. Vimos en las calles de Barcelona a una eurodiputada, Clara Ponsatí (JuntsxCat), que después de ofrecer una rueda de prensa era detenida amablemente por un agente de los Mossos d'Esquadra. Ella se quejaba de la pretensión policial, decía que no lo aceptaba, pero finalmente se introdujo con su abogado, Gonzalo Boye, en el vehículo camuflado. Eso, más que una detención, fue una especie de habeas corpus automático, porque la llevaron rápidamente ante el juez de guardia. Y unas horas después Ponsatí quedó en libertad, citada para comparecer ante el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O, el 24 de abril. Al día siguiente volvió a Bruselas. Ponsatí, por lo tanto, vista y no vista en Barcelona en 24 horas.
Por supuesto, Ponsatí y su abogado sabían que esta aparición no conllevaba mucho riesgo una vez reformado el Código Penal. También con esta modificación legal se quiso hacer un ejercicio de prestidigitación, que no salió como el gobierno esperaba, y tampoco como desde los partidos independentistas se habría deseado. La malversación sigue existiendo en términos que no han liberado de una larga inhabilitación a los condenados por este delito. Pero la reforma ha permitido que Ponsatí pudiera pasearse sin ninguno otro coste que el de pasar a disposición judicial. Ningún juez podía enviarla a prisión cuando ahora ya solo está acusada de un delito de desobediencia, que no tiene pena privativa de libertad.
Ahora bien, el ex president Carles Puigdemont no puede hacer el mismo intento, porque, si bien todavía está en trámite el procedimiento para aclarar si está protegido definitivamente por la prerrogativa de la inmunidad, sigue acusado de malversación. Y este es un delito al cual sí corresponde una pena de prisión. Por lo tanto, si tenemos que buscar comparaciones, aquí ya no estamos hablando de prestidigitación, sino de ejercicios de trapecio, que tiene muchos más riesgos. En este caso, la reforma penal no ha supuesto jugar con red. El gobierno, que lo sabe, no espera que Puigdemont se presente sin más en Barcelona o en el Supremo, a pesar de que se ha dicho mucho que el ex president querría hacerlo en los próximos meses.
Para Pedro Sánchez sería un lío importante, sobre todo si coincidiera con el periodo de su presidencia europea y a las puertas de las próximas elecciones generales. Lo que el gobierno quiere es que los tiempos de la justicia europea no se aceleren, y que tarde tanto como quiera para aclarar cómo puede jugar la inmunidad en su caso. Gonzalo Boye ya nos dijo al ARA que la sentencia que dicte el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) todavía será recurrible. Por lo tanto, tiene que pasar otro año hasta que el asunto acabe su camino por los tribunales europeos. El retorno de Puigdemont en un plazo más breve implicaría una alteración importante de esta larga campaña electoral en la que estamos inmersos.
Bien mirado, el retorno de Ponsatí no fue tanto un primer paso para sondear qué pasaría si vuelve el ex president como un acto político de marcado carácter preelectoral, en el que el pulso entre Junts per Catalunya y ERC tuvo un especial protagonismo. Ahora bien, lo que siempre podrá decir Esquerra cuando la critiquen por las limitaciones de los cambios en el Código Penal es que, gracias a estas modificaciones, pudo volver de momento por unas horas la ex consellera de Educación. Oriol Junqueras ya lo manifestó con toda la razón mientras Ponsatí esperaba en el juzgado si el Supremo la dejaba en libertad. Lo que tendremos que ver es si el día 24 se presentará ante el juez Pablo Llarena, que la ha citado como imputada por desobediencia. Si no va, será posiblemente porque no tiene intención de que su primer retorno se convierta en una presencia más estable. Por su parte, Llarena no puede permitir que se ignoren sus citaciones.
La operación Catalunya
Ahora bien, si hablamos de juegos de manos, la semana tiene otro que cumple ese principio del mundo del espectáculo resumido en la expresión “más difícil todavía”. Se trata de la comisión presidida por Ferran Bel (PDECat) en la que el PSOE y sus aliados quieren ahora que se intente aclarar qué fue aquello de la policía patriótica y quién y cómo lo impulsó. Y también que se intente aclarar lo que fue la operación Kitchen, destinada a impedir que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiera perjudicar a su partido con material sensible sobre su supuesta financiación ilegal. Aquí la magia la ha hecho el PSOE diciendo, por un lado, que quiere llegar al fondo de la cuestión y, en paralelo, haciendo desaparecer la figura del expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al que ha decidido no incluir entre los ex dirigentes populares que tendrían que ser citados y comparecer ante la comisión.
Es verdad que Rajoy ya declaró en la Audiencia Nacional como testigo y dijo ser desconocedor de todo lo que le preguntaban. Pero renunciar a priori a hacerle preguntas demuestra la poca confianza con la que empiezan las tareas de esta comisión, que parece una iniciativa pensada para animar un poco más el panorama preelectoral. Por otro lado, el hecho mismo de que ahora se ponga en marcha una investigación parlamentaria permite preguntarse si será casual que coincida con los nuevos –e infructuosos– intentos de los socios independentistas del gobierno para que se dé algún paso para aclarar el caso Pegasus. Aquí sí que la magia ya parece un caso de primer premio, porque lo que ha desaparecido a la vista de todo el mundo es un gran elefante. El Supremo ha admitido que autorizó el espionaje de 18 personas relacionadas con el independentismo en Catalunya. ¿Quién permitió hacer lo mismo con decenas más que también tuvieron intervenido el teléfono? No lo sabremos nunca con total seguridad, aunque para adivinarlo no hay que practicar el hipnotismo ni contratar a ningún prestidigitador.
