El Síndic pide investigar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos de seguridad

BarcelonaEl Síndic de Greuges pide situar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos de seguridad en el punto de mira. Por eso, se ha dirigido a la Moncloa, gobiernos autonómicos y ayuntamientos para que analicen "a fondo" si hay casos de agentes con ideología ultra para así poderlos apartar. Según el Síndic, en los últimos años han salido a la luz "comportamientos y actitudes peligrosos" en este sentido y no basta con que las instituciones actúen solamente basándose en los "casos aislados", sino que, a su entender, hay que hacer un análisis en profundidad. Entre los organismos a los que ha trasladado la recomendación está el departamento de Interior, que tiene la potestad sobre los Mossos d'Esquadra, y el Ayuntamiento de Barcelona, que gestiona la Guardia Urbana, y en los dos casos el Síndic informa de que el recibimiento ha sido positivo y se han comprometido ha iniciar este estudio.

La necesidad de abordar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos policiales y en el ejército viene dada, según el Síndic, por una serie de noticias que han aparecido en los últimos años. Menciona el vídeo difundido el año pasado en el que se ven diferentes soldados, algunos de uniforme y otros de civil, cantando y bailando dentro de una carpa militar y haciendo saludos nazis mientras suena una de las canciones de Estirpe Imperial, una de las bandas neonazis españolas más populares.

También destaca que en 2018 un total de 181 militares retirados subscribieron una declaración que defiende la figura del dictador Francisco Franco, a quien definen como "militar ejemplar para todos los soldados" mientras denuncian que está siendo "vilipendiado hasta extremos inconcebibles". Al mismo tiempo, el Síndic también pone de ejemplo la existencia de un chat de militares en activo integrado por miembros de la IX promoción de artillería que defendía el grupo de los "26 millones de fusilados" porque era "el sentimiento de muchos", según alertó Público. También se suma el caso reciente de cargos en activo del ejército del aire, la marina y el ejército de tierra que formaban parte del grupo neonazi murciano Lo Nuestro, una información que avanzó el mismo medio digital. Ante estas polémicas, la versión oficial del departamento de Defensa liderado por Margarita Robles es que se trata únicamente de opiniones personales de militares retirados.

Las evidencias que el Síndic pone de manifiesto también se paran en Catalunya, puesto que recuerda que "se podrían atribuir a prejuicios ideológicos vinculados a la extrema derecha" los gritos de “A por ellos” de octubre del 2017, atestados que evaluaron el papel de los Mossos d'Esquadra por su actuación el mismo año, o el discurso del director general de la Guardia Civil en el cuartel de Sant Andreu de la Barca en octubre del 2019, que dijo: “Lo volveremos a hacer”, en referencia a la actuación policial del 1-O. Según el Síndic, todos estos hechos podrían incumplir el reglamento de los diferentes cuerpos policiales, puesto que todos dicen que los agentes tienen que mantener "la neutralidad política".

El ejemplo alemán

Para llevar a cabo este estudio a fondo que identifique casos de extrema derecha en las fuerzas de seguridad, el Síndic sigue como ejemplo un informe elaborado en Alemania el año pasado, que detectó más de 1.400 casos en el que militares y policías aparecen como sospechosos de cometer acciones extremistas. Ese estudio fue elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia alemana, pero Ribó no emplaza al CNI a llevar a cabo esta función, sino que se ha dirigido a los ministerios de Interior y Defensa, la Generalitat y los ayuntamientos para que "investigaran a fondo las actuaciones incorrectas en el marco de una visión global". Según el Síndic, tanto el Govern como el consistorio de Barcelona se han comprometido a hacerlo y analizar así la presencia de la extrema derecha en los Mossos y la Guardia Urbana. Aparte de esto, Ribó también ha enviado esta propuesta a sus homólogos estatales –el Defensor del Pueblo– y a las comunidades autónomas con policía propia –el País Vasco y Navarra.