El Supremo hablará en breve
MadridEl Supremo hablará pronto sobre la ley de amnistía, quizás la próxima semana. Y su posición marcará muy probablemente el desarrollo de la legislatura en el Estado y el curso que deba seguir el intento de formar gobierno en Cataluña. El papel del Supremo es muy relevante porque como máxima autoridad jurisdiccional deberá plantearse si considera que esta ley encaja con la Constitución o si existen dudas, y en este caso si es conveniente dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para una consulta prejudicial. La sala penal también puede llegar a la conclusión de que la ley no puede aplicarse al delito de malversación. Y eso sí que complicaría mucho las cosas.
Es menos probable que las dudas, si las tiene, las consulte al Tribunal Constitucional, que puede entrar en juego, en cambio, si a Puigdemont no se le aplica la amnistía y como respuesta presenta un recurso de amparo ante del órgano de garantías español alegando una vulneración de derechos fundamentales En todo caso, lo más importante, a corto plazo, es si el Supremo levanta las medidas cautelares dictadas hace siete años contra el líder de Junts y, consecuentemente, decaen las órdenes de detención emitidas por el juez instructor de la causa del 1 de Octubre, Pablo Llarena. Ahora bien, esta hipótesis, que implicaría la vuelta en libertad de Puigdemont, no parece la más probable, dado que el Supremo puede acabar considerando que el delito de malversación no puede amnistiarse. Por eso decía que la situación más difícil de digerir desde el ámbito político sería la que se derivaría de la no aplicación de la polémica ley a este tipo penal.
En cualquier caso, pase lo que pase, Puigdemont lo tiene prácticamente todo en contra para conseguir una nueva investidura como presidente de la Generalitat. En primer lugar, por las dificultades judiciales, que no son sólo las que acabo de describir. El juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Volhov, ha abierto una nueva pieza sobre las conexiones del independentismo con supuestos emisarios rusos para recabar apoyo para el Proceso. El delito cometido sería el de traición, lo que también aleja las posibilidades de amnistía. Y, por otra parte, están los impedimentos políticos. Tal y como van las cosas, ERC no dará en esta etapa ningún paso para cerrar un pacto ambicioso con Junts.
Es verdad que hubo un acuerdo para elegir la mesa del Parlament, pero después se produjo otro tipo de aproximación, junto a la política municipal, en Barcelona entre el PSC y ERC. Pese a estos hechos, no veo a los republicanos convertidos en un partido bisagra capaz de abrirse en varias direcciones. Pero aún veo menos a Esquerra colaborando para hacer presidente a Puigdemont después de todas las divergencias y enfrentamientos de los últimos años. Por otra parte, los resultados de las elecciones del 12 de mayo tampoco son ningún factor de estímulo para acercamientos que nunca se han intentado seriamente en los últimos años. La unidad del mundo independentista será difícil de recuperar, si es que en algún momento existió en serio, más allá de las apariencias forzadas.
Las circunstancias de Salvador Illa son bien distintas, pero la operación para llevarlo al Palau de la Generalitat tampoco se presenta fácil. Por ahora, la idea tan repetida –no ya por el PSC, sino también por el PSOE– de que todos los caminos conducen hacia él no pasa de ser un deseo. La propuesta siempre ha sido lógica, vistos los recientes resultados electorales, pero la disposición de las fuerzas políticas en general, y de ERC y los comunes en particular, no parece optar por los caminos más evidentes, sino seguir especulando. El escenario es una partida múltiple de ajedrez de larga duración, donde todo el mundo mira el tablero del vecino –además del propio– antes de mover cada pieza y hacer jugada. Por eso hay tanta gente que cree que habrá repetición electoral. La mayor parte de quienes lo dicen no lo desean, pero dan prácticamente por supuesto que será así, por el convencimiento de que las decisiones no se toman buscando la estabilidad y la gobernabilidad como primer objetivo. Por eso me pregunto si en unas nuevas elecciones el voto dependería de las preferencias reales de cada uno, o más bien aumentaría la tendencia hacia el voto de castigo, en negativo, no por apoyar a una candidatura, sino por penalizar a otra.
Me quejo de cómo está el panorama en Catalunya, pero si miro lo que tengo más cerca tampoco faltan motivos para lamentarse. La distinción de la Comunidad de Madrid al presidente argentino, Javier Milei, sólo responde al deseo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de seguir clavando agujas en el muñeco de Pedro Sánchez que tendrá en el cajón. Y el PSOE responde criticando que Feijóo no detenga a su dirigente regional. Pero el líder popular no puede acallar a Ayuso, dados sus éxitos electorales. Debe dejarlo, y aguantarse, también porque los excesos de la presidenta madrileña buscan ser un freno al posible crecimiento de Vox.
En relación con Milei, mucho más razonable es el comportamiento de la Casa Real, donde debía funcionar la perspectiva institucional, más allá de que haya sido el gobierno quien le haya dicho qué posición había que marcar. En una situación normal, el presidente argentino habría sido recibido por el rey Felipe VI. Pero la conducta que Milei tuvo en la anterior visita no lo aconsejaba. En cualquier caso, el monarca se ha centrado estos días en la celebración de sus diez años de reinado, aprovechada también para seguir consolidando la imagen y el compromiso de su heredera con la sociedad española. Los actos persiguieron ese acercamiento simbólico con una serie de condecoraciones para premiar las "virtudes cívicas" de los galardonados. La cita abrió un breve paréntesis en un curso político que tiene un acento bien distinto, como se vio en el Parlament balear, cuyo presidente, Gabriel Le Senne (Vox), protagonizó el incidente de la foto desgarrada de una víctima del franquismo. El discurso del rey en el Palacio Real fue coherente con el de su proclamación, poniendo el compromiso con la Constitución como guía y referencia permanente. Ahora bien, existe una pregunta pendiente. La Constitución dice que el rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". ¿Se ha desarrollado esta previsión? La respuesta, seguro, daría para mucho.
