El terreno de juego ya está marcado

BarcelonaNombrado Pedro Sánchez candidato a la investidura, sigue sin quedar claro el precio que está dispuesto a pagar el líder socialista para poner en marcha un segundo mandato en la Moncloa, pero sí está bien marcado el terreno de juego. Puede hablarse de amnistía, pero no de autodeterminación. El planteamiento inicial de los independentistas, por tanto, queda rechazado, y hay que fijarse otros objetivos. Con los últimos resultados electorales no puede pretenderse que el PSOE acepte la celebración de un referéndum. Y habrá que ver cuál es el verdadero alcance de la amnistía. Una iniciativa de la que todo el mundo habla, también Sánchez finalmente –sin que el gobierno se haya comprometido claramente a anular completamente las responsabilidades penales en las que, según el Supremo, incurrieron los líderes del Proceso y otras personas, en una escala menos grave–.

Por tanto, no han tardado mucho en caer las primeras pretensiones en el sentido de que, dada la necesidad de los votos de los partidos independentistas, se estaba presentando una oportunidad histórica, como mínimo para cambiar el estatus de Catalunya en España . Pedro Sánchez ha planteado una vez más una carrera de resistencia que pone a prueba la paciencia de todos. Si se quisiera un pacto rápido, podríamos estar ya en una fase más avanzada. Sumar tiene preparado el dictamen de sus juristas y lo presentará este martes. Quiere una amnistía desde el 2013, que incluye los efectos penales –y probablemente económicos– de la primera consulta, la del 9-N.

Habrá que ver el caso que Sánchez hace a Yolanda Díaz. La líder de Sumar lleva tiempo buscando generar vínculos de cariño en Catalunya, pero sus iniciativas no acaban de gustar a los socialistas. En las filas del PSOE no generó precisamente admiración su ida a Waterloo por encontrarse con Puigdemont y ahora también se han visto muecas cuando Yolanda Díaz ha anunciado que ya tenía su proyecto de ley de amnistía. Es lógico que Sumar quiera marcar perfil, pero el riesgo es acabar jugando un papel colateral que no pase de ser esencialmente propositivo.

Mientras, continúa una faceta del debate que considero tan interesante como probablemente inútil. Me refiero a la cuestión del encaje constitucional de la ley de amnistía. Es evidente que una medida tan importante como ésta implica una decisión del todo política, aunque necesita una buena cobertura jurídica. No me cabe duda de que la nueva ley pasará el filtro del órgano de garantías, siempre que su presidente sea Cándido Conde-Pumpido y se mantenga en el tribunal la actual mayoría progresista. No se trata de que Conde-Pumpido quiera complacer al gobierno. Se trata más bien de que tiene ideas claras sobre la constitucionalidad de una ley que, para consolidar el reencuentro con una parte importante de la sociedad catalana, tendrá que dar pasos decisivos y dejar atrás los hechos de la última parte del Procés. Los nudos de la amnistía giran en torno a dos apellidos, los de Puigdemont y de Junqueras. Cuando la Fiscalía acusó de rebelión a los principales dirigentes del Procés, lo hizo pensando no tanto en obtener largas condenas de prisión como que esta imputación les alejase del ejercicio de cargos públicos por muchos años.

Hay un tercer apellido que también desempeña un papel importante en esta partida. Es el de Salvador Illa. Los independentistas no le quieren para negociar con ellos. Pero no deberían plantear problemas como éste. De entrada, se siente o no se siente en ninguna mesa, pase lo que pase en las próximas elecciones autonómicas, Isla será un personaje influyente a lo largo de la próxima legislatura a escala del Estado. Y sea a la luz del día o detrás de un biombo, el exministro de Sanidad jugará en esta negociación. Sobre todo porque tiene la confianza del presidente del gobierno. Isla fue muy útil a Sánchez como ministro de Sanidad, durante la pandemia, y después haciendo que el PSC volviera a levantarse. Así, mientras el PP sigue pendiente de encontrar su pieza fundamental para intentar renacer en Catalunya, los socialistas han logrado una presencia y una influencia que hacía mucho tiempo que no tenían. Sánchez no puede cerrar un acuerdo con los partidos independentistas sin contar con el PSC. Lo de sacrificar a los socialistas catalanes para continuar en la Moncloa forma parte de tiempos pasados del PSOE.

El terreno que considero marcado, como ven, no es muy favorable a la posibilidad de que el independentismo pueda aprovechar lo que Puigdemont calificó inicialmente de oportunidad histórica. Ahora bien, esta semana ha habido una visita a Madrid que ha sorteado a los grandes titulares, pero que puede tener consecuencias importantes. Me refiero a la visita de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la irlandesa Siofra O'Leary, quien tuvo ocasión de hablar largamente con Conde-Pumpido. Además, el presidente del Constitucional le acompañó a ver al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Pocos días antes, el tribunal de Estrasburgo se había dirigido al gobierno español para preguntarle si creía que el Supremo había aplicado extensivamente los delitos de sedición y malversación en su sentencia sobre la causa del proceso. Una pregunta significativa. Pero más el clima que O'Leary se ha encontrado en España, con un debate abierto sobre la posibilidad de la amnistía para los condenados. Es decir, creo que la justicia europea tendrá motivos para mirar con detalle el caso y la proporcionalidad de las penas impuestas, teniendo en cuenta los cambios posteriores en el Código Penal y la posibilidad de que el Parlamento español apruebe una ley de amnistía . En un discurso en el Constitucional, la presidenta del TEDH habló de "tendencias centrífugas" en Europa y que España "se enfrenta a sus propios desafíos internos". Pero la pregunta es cómo explicar y mantener elevadas condenas en un país que las ha revisado por el doble procedimiento de modificar primero la legislación penal y acordando más tarde medidas de amnistía, aunque ya veremos si completas o finalmente limitadas. En otras palabras, espero con gran interés las conclusiones a las que pueda llegar el tribunal de Estrasburgo sobre la causa penal del Proceso, pase lo que pase con la de momento supuesta ley de amnistía.