MadridSe está abusando de la cuestión de la amnistía. Se están dando por hechas demasiadas cosas. De entrada, que el gobierno de Pedro Sánchez esté dispuesto a aprobar una ley para relativizar definitivamente las consecuencias penales del Proceso. Yo no lo tengo tan claro. Se tiende a creer que cuando un dirigente político tiene cerca una plataforma de poder tan importante como la del Palacio de la Moncloa –en este caso para una nueva legislatura– estará dispuesto a lo necesario para conseguir su objetivo. Pero en ese caso tengo mis reservas. Y no porque hayan hablado los expresidentes José María Aznar (PP) y Felipe González (PSOE), una coincidencia no tan curiosa, dado lo que hicieron sus respectivos partidos cuando aplicaron el 155 en Catalunya. El motivo de mis dudas tiene que ver con la diferencia entre dar indultos y acordar amnistías.
Cuando en junio de 2021 el gobierno decidió indultar parcialmente –las penas de prisión– los condenados de la causa del Procés podía decir que lo hacía para normalizar la situación social y política en Cataluña, para favorecer una relajación del clima político. Se trataba de que desaparecieran los lazos amarillos de los balcones y las cruces clavadas en las playas. Se quería un cambio de escenario. Por otra parte, faltaba mucho para unas nuevas elecciones. El panorama ahora es muy distinto. Estamos disfrazando de debate jurídico lo que sobre todo es una decisión radicalmente política, aunque el aspecto técnico exista, y no resulta fácil de resolver a pesar de que Sumar cree haberlo logrado.
En paralelo, el PP ha hecho de la amnistía el eje del debate político. Y eso que los populares ya tienen suficientes cosas de las que preocuparse. Seguramente han acelerado antes de tiempo cuando han vuelto a la estrategia de convocar a la gente en la calle. Es un mal camino, el de fomentar la polarización, y por otra parte para salir a protestar debería saberse exactamente contra qué. El gobierno no quiere confirmar que prepare una ley para borrar delitos y condenas. Este proceso de investidura nos ha colocado ante el vértigo de la cámara lenta.
Azuzar al anticatalanismo
Volvemos así a los momentos en los que propuestas surgidas de fuerzas políticas catalanas –en este caso a favor de la amnistía– sirven para mover al electorado a conveniencia. Ahora el PP ha evitado volver a la plaza Colón de Madrid, por no recordar apuestas –como la hecha con Rivera y Abascal– que no salieron bien. Pero vuelven a sacar banderas de España para confrontarlas con las banderas de la Diada. Es un juego perverso, que por lo visto en ocasiones anteriores no ha servido de nada. Para la satisfacción de unos momentos, quizá, pero ficticia, porque unía bajo un mismo paraguas a dirigentes que en realidad se estaban disputando el mismo azulejo.
Ya ocurrió con la reforma del Estatut. La manipulación que se hizo del Tribunal Constitucional debería haber generado el mismo escándalo que algunos manifiestan ahora cuando identifican toda alusión a la amnistía con una irreversible crisis del estado de derecho. Pascual Sala -expresidente del Supremo y que entonces era magistrado del órgano de garantías- siempre me ha dicho que la sentencia no fue tan mala, porque declaraba inconstitucionales pocos artículos y, en cambio, hacía interpretaciones ajustadas a la Constitución de muchos preceptos, precisamente por salvarlos. Pascual Sala, jurista valenciano nada de derechas, puede tener su parte de razón, porque efectivamente la sentencia pudo ser mucho peor. Pero tocó mucha fibra sensible e hizo desaparecer un capítulo entero, precisamente el de la justicia.
Si se hubiera salvado ese capítulo muchas cosas que han pasado en los últimos años habrían sido diferentes. O se habrían tratado de otra forma. La misma causa del 1 de Octubre podría no haberse quedado en manos del Supremo. En cualquier caso, esto ahora es pasado, humo y batallas perdidas. ¿Qué debería hacerse para no empeorar las cosas? De entrada, no pensar en clave estrictamente electoral. Lo que cuanto peor vaya todo, mejor para la causa, es un error. Es necesario aprovechar las ocasiones en términos proporcionales a la oportunidad que ofrecen. Pero no atropellarse ni olvidar los resultados del 23-J en Catalunya.
Posibilidades ínfimas de amnistía
Las posibilidades de un cierre completo de todas las causas penales derivadas del Procés son ínfimas, por no decir inexistentes. Basta con fijarse en lo ocurrido esta semana, sobre todo en el terreno de la Fiscalía. Por un lado, los fiscales del Supremo pidieron al juez Llarena que ponga nuevamente en marcha la orden de detención internacional contra el exconseller de Cultura Lluís Puig, que no es eurodiputado y por tanto no tiene una hipotética prerrogativa de inmunidad. Por otra parte, la condena al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y malversación por haber contratado a un sargento de los Mossos con el fin de acompañar al expresidente Puigdemont cuando se marchó a Bruselas.
¿Lo desean más claro? Lo que el gobierno controla la Fiscalía, tiene sus límites. Y aunque pudiera hacerlo alguna vez, quienes dictan sentencias son los jueces. La desjudicialización de la política deberá negociarse con bisturí y seguramente por etapas. Pasar página de golpe no supondría sólo dar un disgusto a González y Aznar, sino que haría remover varias estructuras, dentro y fuera del poder judicial. Por su parte, Pedro Sánchez no es como Yolanda Díaz. Lo cierto es que Sánchez se entusiasma menos y calcula bien los tiempos. Seguro que prepara propuestas dirigidas a los independentistas en materia penal. Pero no querrá reducir la negociación a ese aspecto. Y se supone que la Generalitat tiene otros objetivos de país, de los que ahora se habla poco. Junts y ERC tendrán que hacer una valoración de conjunto, comprar o rechazar el paquete. Y este tipo de reflexiones nos llevan siempre por el mismo camino. La pregunta es quién da más, quién podría tener más margen para llegar a acuerdos y qué precio se acabaría pagando por provocar unas nuevas elecciones, después de una campaña en la que ya no se pediría el voto para "derogar el sanchismo" sino para "impedir la amnistía".