1. Han pasado catorce años desde la denuncia inicial de Victoria Álvarez. Han pasado doce desde la confesión, por parte de Jordi Pujol, de la herencia del abuelo Florenci y la fortuna oculta en el extranjero. Después de más de una década de investigación policial y de instrucción judicial, después de seis meses de juicio y de doscientos testimonios en la Audiencia Nacional, no se ha aportado ni una sola prueba que demuestre el enriquecimiento por corrupción de Jordi Pujol y los siete hijos acusados por el caso. Ni una. Ahora que ha terminado el juicio, con el expresidente exonerado de la causa por su mala salud de hierro, tenemos que esperar la sentencia para saber si cada uno de los siete hijos y los nueve empresarios son culpables de algo.

4.311 días después de la confesión de Jordi Pujol, el juicio contra su familia ha quedado visto para sentencia. En medio, ha habido una ardua investigación judicial que se alargó seis años, una estancia de ocho meses del primogénito del expresidente de la Generalitat en prisión y un sumario de 80.000 folios. El 24 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida al juicio: 38 sesiones, 200 testigos, 17 acusados defendidos por la élite del derecho penal catalán y dos acusaciones. Tres jueces y una incógnita por responder: la fortuna que la familia Pujol tenía en Andorra era una herencia o era fruto de la corrupción? Estos han sido los mejores momentos en la Audiencia Nacional.

Nadie discute que la familia Pujol tenía dinero en Andorra. ¿Pero de dónde provenía la fortuna? ¿De la herencia del abuelo Florenci, de la corrupción o de favores inconfesables? Esto es lo que, durante 38 sesiones y seis meses, ha intentado resolver la Audiencia Nacional. Ahora, tres jueces que han escuchado a 200 testigos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los diecisiete acusados deberán emitir un veredicto: condena o absolución. Este jueves se ha celebrado la última sesión en San Fernando de Henares y el caso Pujol ha quedado visto para sentencia catorce años después del inicio de la causa. La sentencia podría estar lista a finales de julio.

Durante casi dos horas y media, Cristóbal Martell ha intentado desmontar la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión. El abogado de la familia ha arrancado con vehemencia para evidenciar la falta de pruebas que avalen la "grandilocuente afirmación" que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo" para lucrarse de comisiones ilegales a cambio de obra pública: "Cuando una acusación empieza con un frontispicio tan altisonante y ambicioso, uno espera columnas que sostengan con fundamento esta afirmación gruesa. Nada", ha proclamado. "¿Con esto se satisface un escrito del ministerio fiscal y se lleva a una sala de un estado democrático?", se ha preguntado con ironía en un momento de su intervención. "No parece razonable llevar esto a una sala de justicia en un estado de derecho de garantías", ha añadido en otro momento.

"Este proceso no ataca a Cataluña, pretende defender a todos los ciudadanos catalanes". El fiscal Fernando Bermejo ha arrancado así de combativo su informe final al juicio de la familia Pujol. Al día siguiente de comunicar que mantenía todas las peticiones de pena de prisión ha sido el momento de exponer sus conclusiones. Y después de una hora y media de discurso, en el primer receso, todos los abogados tenían tres palabras en la boca: "España nos roba". ¿Por qué? Porque ha sido una de las menciones que ha hecho el fiscal en un inicio beligerante protagonizado por un alegato eminentemente político: "El análisis obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual «España nos roba» con los hechos investigados. Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio mientras se elude la contribución al sistema. Mientras se ha afirmado que la falta de recursos impedía financiar adecuadamente escuelas, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas apuntan a presuntas prácticas de elusión de obligaciones tributarias".

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

"No tenía ni la llave de la oficina", se defendía Mercè Gironès este miércoles en la Audiencia Nacional (AN), "tampoco el código de la alarma", pero sí que "pasaba algún día a saludar". Madre de tres hijos, a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se le imputan un total de cinco delitos, por los que la Fiscalía pide 17 años de prisión, presuntamente cometidos mientras era la administradora de diversas empresas de su exmarido. "Cuando nos casamos, hacemos un pacto de palabra en el que todo lo que ganemos a partir de ahora irá al 50%", afirmaba este lunes el primogénito, una de las pocas declaraciones que hizo respecto a su exmujer, ya que no quería hablar de ella porque: "es la madre de mis hijos" y porque "no me ha engañado nunca". Una "galantería", como afirma el abogado de Gironès, que parece que podría deberse a una llamada de atención de los hijos del matrimonio a su padre.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

Jordi Pujol i Soley será el gran protagonista este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat ha tenido que viajar hasta Madrid para que un médico forense examine su salud y el tribunal del juicio a su familia dictamine si puede declarar como acusado o lo exime de la causa. Ahora bien, a lo largo de 31 sesiones y 200 testigos, las referencias hacia él han sido mínimas, tangenciales y con cuentagotas. Quien ha estado en el centro de todos los interrogatorios ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En relación con el expresidente catalán, ha habido agradecimientos, recuerdos de saludos de pasada y anécdotas, pero no se ha hecho ninguna alusión a tratos de favor o comisiones ilegales a cambio de obra pública. La investigación judicial concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" para "acumular un patrimonio desmesurado" que estaba "directamente relacionado" con "actividades corruptas". La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" y pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat. Ahora bien, hasta ahora la acusación no ha presentado pruebas que acrediten su implicación. ¿Qué han dicho los testigos que han hablado de él?

La Audiencia Nacional no quiere caer en el edadismo –la discriminación por motivos de edad– con Jordi Pujol. Según ha podido saber el ARA, así lo ha argumentado el presidente del tribunal que está juzgando el caso Pujol, José Ricardo de Prada, al inicio de la sesión del juicio de este viernes, la última antes de las declaraciones de los acusados. Llega tres días después de que se supiera que el expresidente de la Generalitat tendrá que viajar el lunes a Madrid para que un médico forense lo examine y acredite si está en condiciones de continuar en el banquillo de los acusados. "El tribunal no quiere caer en el edadismo", ha verbalizado el juez Prada antes de que arrancase la sesión pública y después de que uno de los abogados de la familia Pujol le pidiese abordar el tema. Es decir, no quieren dejar de citarlo por su avanzada edad. Ahora bien, Jordi Pujol no solo tiene 95 años, sino que también tiene marcadores de alzhéimer en la sangre. "Quiero que el señor Jordi Pujol Soley participe en el procedimiento teniendo la certeza de que está en condiciones de poder soportar el juicio", ha añadido el juez. "El tribunal no parte del prejuicio, quiere ver exactamente sus capacidades para determinar si debe continuar o no", ha rematado. La defensa de Jordi Pujol ha optado por no presentar ningún escrito nuevo porque considera que la decisión está tomada y no hay margen para modificarla. Y se inclina porque Jordi Pujol se traslade a Madrid en coche. Todavía no se sabe a ciencia cierta si entrará por el parking o no.

El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha entrado en la recta final. Esta semana ha estado protagonizada por los peritos propuestos por las acusaciones y las defensas para valorar los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Y el plato fuerte ha sido el careo entre dos expertos de Hacienda y tres especialistas propuestos por la defensa del primogénito, que comenzó el martes y terminará el próximo viernes en una sesión extraordinaria. En total, acabarán siendo más de diez horas de declaración.

Después de tres meses escuchando testimonios, el juicio contra la familia Pujol Ferrusola está inmerso en las declaraciones de los peritos, que deben arrojar luz sobre los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Dos de los que comparecieron este martes en la Audiencia Nacional fueron nombres que emergieron en los medios de comunicación en el mes de julio en el marco del caso Montoro: Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor. Son inspectores de Hacienda, son socios directores de Equipo Económico –el bufete que fundó Cristóbal Montoro y que está en el epicentro de la presunta trama de corrupción– y están investigados por los juzgados de Tarragona.

La fortuna de los Pujol en Andorra provenía de la famosa herencia del abuelo Florenci o de comisiones ilegales a cambio de favores políticos? Es la gran cuestión que intenta dilucidarse en un juicio que ya lleva 24 sesiones y que ha hecho desfilar hasta ahora por la Audiencia Nacional 200 testigos. Los interrogatorios, con problemas técnicos recurrentes y repetidos vacíos de memoria, están versando especialmente sobre las operaciones que protagonizó Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión por cinco delitos. Muchos testigos han acreditado el papel del hijo mayor como intermediario: él ofrecía "muchas oportunidades de negocio" a empresarios –todo eran relaciones entre privados– y, a cambio, recibía una contraprestación si el proyecto acababa cuajando. Ahora bien, la Fiscalía Anticorrupción cree que los movimientos de dinero servían para enmascarar comisiones que respondían a una "red de clientelismo" que había tejido su padre desde la Generalitat. De momento, durante el juicio, este favoritismo no ha quedado acreditado.

"Reverendo mosén, soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasase dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia". La carta, escrita en clave por Marta Ferrusola, se hizo viral en 2017, antes incluso de que las cosas empezaran a hacerse virales. La esposa del expresidente Jordi Pujol daba órdenes para transferir dinero entre las cuentas de la familia en Andorra. Y este miércoles ha llegado el turno de declarar precisamente al "reverendo mosén". Josep Maria Pallerola, que fue el primer gestor de los Pujol en Andorra, ha reconocido ante el tribunal que le bautizaron como "el mosén" porque tenía "cara de cura". Ha sido el fiscal Fernando Bermejo quien ha puesto sobre la mesa la famosa nota manuscrita que Ferrusola envió a la Banca Reig. "Recuerdo que me decían mosén un poco en tono de broma", ha confesado Pallerola.

La influencia de la operación Catalunya en el caso Pujol ha vuelto a irrumpir en la Audiencia Nacional. Después de la declaración de cuatro de los responsables de la policía patriótica, que hicieron oídos sordos, ha sido el turno de Joan Pau Miquel, que fue consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) y hace tiempo que denuncia presiones y coacciones de las cloacas del Estado para que revelara información bancaria que pudiera perjudicar al independentismo. Este martes, concretamente, ha relatado tres episodios: uno en Andorra con Celestino Barroso, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Andorra de 2014 a 2017 y tiene que declarar esta semana como testigo, y dos en Madrid con Marcelino Martín Blas, que era jefe de asuntos internos de la policía española y hace dos semanas admitió el encuentro, pero negó que le presionara para conseguir información bancaria de la BPA.

Francesc Sánchez (Sant Boi, 1971) es el abogado de Oriol Pujol en el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. Durante las cuestiones previas, denunció que el inicio de la investigación era "ilícita" y responde a la "voluntad" de "parte del aparato del Estado" de querer "influir" en el proceso de independencia. Hace unas semanas, aportó la documentación de la causa que está en marcha en Andorra sobre la desaparición de la Banca Privada de Andorra para acreditar la intervención de las cloacas del Estado. Quien también fue responsable jurídico de Convergència confía en que las declaraciones como testigos pendientes de Celestino Barroso –exagregado de Interior en la embajada de Andorra– y Joan Pau Miquel –exconsejero delegado de la BPA– lo apunten y celebra que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, "parara los pies" a José Manuel Villarejo.

Desde que el tribunal del juicio del caso Pujol aceptó que José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica declararan como testigos, había mucha expectación –más mediática que judicial– para saber qué explicarían. Tenían que responder sobre las maniobras que hicieron para obtener de manera ilícita información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat –que fue filtrada a El Mundo– y sobre la génesis de la causa penal –que arrancó hace más de diez años a raíz de una denuncia de Vicky Álvarez, examante del primogénito, animada por Villarejo. Sin embargo, los cuatro testigos que han declarado han aportado pocas concreciones y pocas certezas y, en cambio, han hecho una exhibición de evasivas y se han dedicado a sembrar muchas sombras de duda.

Mientras en la Audiencia Nacional continúa el juicio a la familia Pujol Ferrusola –acusada, entre otras, de asociación ilícita y blanqueo de capitales–, Salvador Illa realiza un segundo acercamiento a Jordi Pujol y Soley. Después de la primera reunión en el marco de la ronda que Illa hizo con expresidentes de la Generalitat, ambos se encontraron el pasado viernes en el Palau de Pedralbes porque el actual presidente catalán quería interesarse por el estado de salud de Pujol, que hace unas semanas estuvo ingresado por una neumonía, según confirman al ARA fuentes de la Generalitat. La noticia le ha adelantado La Vanguardia, coincidiendo con la cuarta jornada del juicio, que se celebra en San Fernando de Henares. Hace tres semanas, la Audiencia Nacional decidió seguir juzgando a Jordi Pujol y Soley aunque los informes médicos lo desaconsejaban.

Florenci Pujol i Brugat fue un personaje interesante. Amasó la mayor parte de su fortuna, que llegó a ser considerable, traficando con la materia prima más escasa en una dictadura autárquica: las divisas que permitían importar y exportar a la industria textil catalana. Ahora, 45 años después de su muerte, en 1980, protagoniza el juicio contra su hijo Jordi y siete de sus nietos.

El fiscal del juicio a la familia Pujol ha afirmado esta mañana que "No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos". La frase es tan redonda que si se lo hicieran decir a un actor del Polonia y añadieran unas risas enlatadas detrás valdría como gag.