Más de dos siglos de prisión para el líder de la mayor red de pedofilia que se ha desarticulado jamás en España
La Audiencia de Tarragona ya condenó a cuatro miembros del grupo en 2019 y otro continúa fugado
BarcelonaBuscaban a las víctimas más vulnerables, en la mayoría de casos menores extranjeros desamparados, los convencían de que se exhibieran desnudos ante una cámara a cambio de 10 o 20 euros y, en muchos casos, abusaban sexualmente de ellos. Y lo filmaban todo, hasta llegar a acumular más de un millón de imágenes y grabaciones. La Audiencia de Tarragona ha condenado a 240 años de prisión a Jean Luc A., el líder de la mayor red de pedofilia desarticulada hasta ahora en el Estado, que operó con total impunidad durante 15 años.
Su actividad la destaparon en 2016 educadores sociales del centro de menores de Tortosa, después de detectar que algunos de los adolescentes que tenían a su cargo habían caído en los tentáculos de la red. El tribunal ya condenó a la mayoría de los integrantes del grupo en 2019, pero su líder y dos miembros huyeron justo antes del juicio. Jean Luc A. y Christian A. fueron capturados y juzgados, mientras que el último de los integrantes de la red, que primero había sido víctima de abusos, continúa fugado.
La nueva sentencia, de más de medio millar de páginas, también condena al otro miembro de la red juzgado, Christian A., a 19 años de prisión. El tribunal considera que los dos procesados, junto con los hombres ya condenados anteriormente (a quienes se impuso entre 18 y 132 años de prisión), formaban una organización criminal que abusaba sistemáticamente de menores a cambio de dinero y los grababa o fotografiaba para después vender el material.
Jean Luc A. y Christian A. habían tenido una productora de pornografía gay en Francia. Cuando se fue a la quiebra, se instalaron en Barcelona y decidieron hacer negocio con su obsesión. Junto con los otros cuatro colaboradores también condenados se convirtieron en "auténticos depredadores" que llevaban a cabo una “búsqueda y caza sistemática e insaciable” de menores de entre 7 y 15 años de entornos o países vulnerables, a quienes convencían de exhibirse o practicar sexo sobornándolos con alcohol, drogas o dinero.
Primero los llevaban a pisos o habitaciones alquiladas, donde los hacían desnudar y los fotografiaban mientras se masturbaban o se daban besos y se tocaban entre ellos. Después crearon dos sucursales, una en Valencia y otra en Tortosa, un piso convertido en un auténtico Hollywood de la pornografía infantil, donde almacenaban más de un millón de vídeos y fotografías. Tenían decenas de clientes en todo el mundo. Los investigadores sitúan a Jean Luc A. como el cerebro del jugoso negocio. Solo en los tres años previos a su detención se embolsó 80.000 euros. Lo pillaron mientras estudiaba una nueva línea comercial: abrir una agencia de viajes sexuales. De hecho, la trama había filmado parte del material en viajes a países extranjeros, principalmente a Asia.
Una víctima, un delito
La sentencia de la Audiencia de Tarragona sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que precisamente a raíz de la revisión de este caso decidió establecer doctrina sobre cómo se tenían que tratar las redes que producen material pedófilo. La sentencia para los cuatro primeros miembros del grupo enjuiciados condenó a estos hombres como autores de un solo delito continuo de pornografía infantil a entre 7 y 57 años de prisión. La Fiscalía recurrió al Supremo, que cambió el criterio y estableció que en los delitos de captación y utilización de menores para producir material pornográfico hay “tantos delitos como personas atacadas”.
Siguiendo este criterio, ahora el tribunal tarraconense ha condenado a Jean Luc A. como miembro de organización criminal por 24 delitos de captación y abusos sexuales, que corresponden a las 24 víctimas que se han podido identificar. Contra el pedófilo había muchas pruebas, porque aparecía en centenares de los vídeos y fotografías intervenidos. A pesar de que las penas suman 240 años de prisión, en la práctica cumplirá como máximo 20, que es el tope que fija la legislación española.
A Christian A. se le atribuyen abusos a 14 víctimas. En su caso hay menos imágenes incriminatorias, pero la Audiencia considera que hay que condenarlo por todas las víctimas que pasaron por el piso de Tortosa mientras él vivía allí. A pesar de todo, el condenado no pasará más de nueve años privado de libertad, puesto que la ley establece que en las condenas de menos de 20 años, el tope de cumplimiento es el triple del delito con más pena, que en este caso es de 3 años de prisión. Fuentes judiciales consultadas por el ARA explican que tanto la Fiscalía -que pedía más de mil años de prisión para el líder de la red- como la acusación particular que representa a los siete menores tutelados por la DGAIA víctimas de la red recurrirán la sentencia para que recoja una condena por el total de víctimas a quienes se pudo identificar.
