La Asamblea por una Escuela Bilingüe reclama al TSJC forzar en un mes el 25% en castellano en las aulas

BarcelonaLa ofensiva de partidos y entidades contrarias a la inmersión lingüística no se detiene. La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Catalunya (AEB) ha presentado este miércoles en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda de ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en a la escuela, tal como este martes ya hizo la extrema derecha de Vox. La plataforma –la que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo promueve para los premios Princesa de Asturias– reclama al tribunal que fije un plazo de un mes para la "modificación de los proyectos lingüísticos" de escuelas e institutos y que advierta al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a las direcciones de los centros que pueden incurrir en responsabilidades económicas y penales si desobedecen.

El escrito, presentado en nombre de 1.643 familias, se ha vehiculado a través de la AEB, pero la impulsan la quincena de organizaciones alrededor de la asociación Escuela de Todos, entre las que está Societat Civil Catalana o Impulso Ciudadano. En rueda de prensa, desde la sede de esta última entidad, su presidente, José Domingo, ha denunciado la "volundad incumplidora" de la Generalitat y sus "esfuerzos" para hacer "inviable e imposible" la ejecución de la sentencia del 25%. "Estamos en una clara desobediencia del departamento de Educación", ha añadido Ana Losada, presidenta de la AEB y portavoz de Escuela de Todos.

Las entidades ven insuficientes las acciones defendidas por el departamento ante el TSJC, como por ejemplo el acuerdo de ERC, JxCat, el PSC y los comunes para reformar la ley de política lingüística, el decreto anunciado desde el Govern para modificar la ley de educación de Catalunya (LEC) o las encuestas sobre la bajada del catalán en las aulas. Y también señalan las "manifestaciones públicas" del president Pere Aragonès, Cambray y otros miembros del ejecutivo en las que expresan que el objetivo es mantener o incrementar el uso del catalán en las aulas. "Por muchas trampas que hagan no conseguirán su objetivo, las sentencias se tienen que cumplir en términos propios", ha asegurado Domingo.

La AEB, que aporta los proyectos lingüísticos de 300 centros educativos catalanes que "consideran el catalán como única lengua vehicular", insta al tribunal a pedir al departamento de Educación certificados con el porcentaje de horas lectivas en catalán y castellano que se hace en cada escuela, firmados por las direcciones y revisados por la Inspección. Y también reclama que el material didáctico utilizado en las aulas y las evaluaciones sean en la lengua utilizada en cada asignatura. La plataforma concluye que todo ello tendría que ir acompañado de una advertencia del TSJC a Cambray y a los directores de los centros: "Que en caso de incumplimiento de lo que se ha ordenado en plazo se derivarán las responsabilidades pertinentes", sean "penales" o en forma de indemnizaciones por los "daños y perjuicios" que pueda ocasionar la demora en el cumplimiento de la sentencia.

Domingo, que ha defendido la "legitimidad" de la AEB para reclamar la ejecución de la sentencia –uno de sus fines, ha dicho, es garantizar el derecho de los alumnos de recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales–, ha negado que la voluntad de fondo sea profundizar en la judicialización . En este sentido, ha trasladado toda la responsabilidad de una eventual apertura de la vía penal a la Generalitat y los responsables de cada centro. "Nos parecería un fracaso de todos que la actitud desobediente del conseller o directores hiciera necesario que el tribunal, padres o entidades tuvieran que acudir a la vía judicial por prevaricación, desobediencia o lo que se considere oportuno", ha afirmado, para acabar apelando a la "responsabilidad" de las instituciones y de los profesionales de la enseñanza en Catalunya. Cs ya llevó este lunes a Cambray y cuatro cargos más de Educación en la Fiscalía del TSJC por el incumplimiento de la sentencia del 25%, en la que los naranjas ven un presunto delito de prevaricación.