Barcelona decreta que el uso residencial de los pisos prevalezca sobre el uso temporal

BarcelonaBarcelona ha dado este viernes un paso más para intentar proteger el uso habitual de la vivienda. El pleno ha aprobado definitivamente con los votos del PSC, Barcelona en Comú y ERC una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para establecer que el uso habitual y permanente de la vivienda es el "prioritario" en la ciudad y que está por encima del uso temporal. Un paraguas legal que, en el futuro, debe permitir al consistorio desplegar su propia regulación para combatir el alquiler de temporada y modelos de negocio como el cohousing.

La norma permite distinguir urbanísticamente toda la vivienda de la ciudad en dos tipos: el de uso residencial habitual y el resto, que se enmarca bajo el concepto "usos asimilados" y que incluye, por ejemplo, el alquiler de temporada, los pisos turísticos, los usos económicos y las segundas residencias. Se trata de un instrumento legal que el Ayuntamiento quiere utilizar para edificar su propia regulación del alquiler de temporada, complementaria a la aprobada a finales de 2025 por el Parlament.

Así, mientras la ley catalana de regulación del alquiler de temporada limita el precio que se puede cobrar por habitación para intentar taponar la fuga del alquiler convencional hacia esta modalidad, la normativa de Barcelona —que ya está recopilando datos exactos sobre cuánta oferta de este tipo hay en la ciudad— irá por otro camino. Definirá si se puede hacer o no este tipo de oferta y, en caso afirmativo, concretará cuánta y dónde.

El Ayuntamiento todavía tiene, pues, trabajo por delante. La priorización en el PGM del uso habitual de la vivienda por delante de otras fórmulas —enmarcadas bajo el concepto "usos asimilados"– es solo el primer paso de la normativa. A partir de aquí —y una vez tenga el aval de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat— habrá que materializarla a través de un plan especial o una ordenanza específica que determine cuándo y cómo se utiliza esta regulación. Es decir, en qué zonas concretas, con qué porcentaje y con qué excepciones.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha defendido la medida porque Barcelona "necesita todas las herramientas para poder combatir la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad", y ha apuntado que la normativa de la capital catalana es complementaria a la regulación aprobada por el Parlament. La líder de Barcelona en Comú en el consistorio, Gemma Tarafa, ha reclamado celeridad en la elaboración del plan especial que debe aterrizar la limitación del alquiler de temporada y el coalojamiento. "Puede estar regulado en seis meses", ha dicho.

Regular el alquiler de temporada a través de un cambio en el PGM era una de las condiciones que Barcelona en Comú había puesto al gobierno de Jaume Collboni para aprobar las ordenanzas fiscales de la ciudad para 2025. Entonces se puso el foco en que la norma debía servir para limitar el alquiler de temporada. Ahora, con la ley catalana ya aprobada –aunque recurrida al Tribunal Constitucional–, la normativa municipal es complementaria y permite incidir en el mercado de la vivienda desde otro punto de vista.

Mientras la ley pone el acento en disuadir el alquiler de temporada limitando el lucro, la modificación del PGM permite partir del otro extremo. Es decir, no centrarse en fijar un máximo de un tipo de oferta concreta, sino establecer un mínimo imprescindible de vivienda de uso habitual en cada barrio. Aunque el gobierno municipal subraya que el objetivo de la regulación es específicamente combatir el alquiler de temporada y el coalojamiento, este paraguas legal abre un abanico de posibilidades. Podría servir de base –también desde el punto de vista de la fiscalidad– para combatir la compra especulativa o la adquisición de pisos por parte de personas que no han de vivir allí regularmente.

Aval final de Esquerra

Con la aprobación este viernes de la modificación de la MPGM quedan atrás tres meses de tira y afloja en que la disputa entre Barcelona en Comú y ERC había paralizado el debate final de esta votación. Los republicanos votaron en contra de la medida en la comisión de Urbanismo del mes de enero, molestos por la negativa de los comunes a crear una comisión de estudio contra la compra especulativa de vivienda que debía presidir la líder de Esquerra en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany.

Aquella herida se ha vuelto a hacer visible este viernes en el pleno. A pesar del voto favorable de su grupo, la concejala de Esquerra Eva Baró ha vuelto a reprochar a los comunes que vetaran debatir sobre vías para combatir la compra especulativa. "Los hay que priorizan el interés colectivo y otros, el partidista", ha defendido. Ha apuntado que, aunque la normativa les genera "dudas legítmas", han votado favorablemente "en un voto político y de confianza a los movimientos sociales".

El resto de grupos han votado en contra de la medida, y han alertado que no servirá para resolver el problema de la vivienda en la ciudad y que restringirá aún más la oferta. El concejal de Junts per Barcelona Damià Calvet se ha mostrado muy crítico con la nueva normativa, que ha considerado una "ocurrència" que "trasciende el marco competencial del Ayuntamiento, añade inseguridad jurídica y atenta contra la mixtura de usos que necesita la ciudad".

Pisos sin vecinos

Tal como explicó el ARA, la memoria que acompaña la propuesta de modificación del PGM justifica la medida por la cantidad de pisos de la ciudad donde ahora mismo no viven vecinos. En aquel estudio, por ejemplo, se concluye que un 30% de los pisos del Eixample no son de uso habitual. O, dicho de otra manera, no viven vecinos que tienen la ciudad como base estable y que, por tanto, hacen comunidad.

Para hacerlo, el informe cruza los datos del catastro y los del censo. El resultado es que en la suma global de Barcelona los domicilios con vecinos son un 81,2%. Una cifra que cae en los barrios centrales de la ciudad, donde este porcentaje es notablemente inferior. Son ejemplos el Gótico (63%); Dreta de l'Eixample (70%); Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (71%); la Vila de Gràcia (73%); y l'Antiga Esquerra de l'Eixample (76%).