Caso Bomberos: la juez pide la información patrimonial de los investigados

BarcelonaLa juez que investiga las presuntas irregularidades en los contratos de mantenimiento de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat con la empresa Iturri ha descartado hasta ahora la existencia de un delito de soborno. A pesar de todo, la magistrada ha pedido a los Mossos d'Esquadra que hagan un informe sobre el patrimonio de todos los cargos y excargos del cuerpo investigados por el caso para descartar que hubieran recibido ningún pago irregular o estirar el hilo si aparece algún ingreso injustificado. A estas alturas, la juez tiene bajo la lupa a ocho cargos y excargos del cuerpo, entre los cuales el director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el junio pasado, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que es quien ha pedido que se investigue el patrimonio de los imputados, es que se inflaron facturas para compensar los trabajos pagados a destiempo a la empresa Iturri, que es quien se hizo cargo de todos los contratos de mantenimiento. También apunta a una anotación manuscrita de Pardo sobre un 2% para hablar de la existencia de comisiones. La defensa lo niega y alega que el contrato estaba infradotado, porque no se aumentó lo suficiente el presupuesto para cubrir el ritmo de envejecimiento de la flota de vehículos, que cada vez estaba más obsoleta. Esto hacía que se tuvieran que pagar facturas a destiempo, a menudo por un valor superior al de los trabajos, justifican, y aseguran que esto es a lo que hacía referencia la anotación del 2%.

Sea como fuere, según pudo revelar el ARA, el departamento de Interior tuvo que acabar asumiendo un sobrecoste de 2 millones de euros a través de varios reconocimientos extrajudiciales de crédito, una figura que normalmente es excepcional, pero que en el caso de los últimos contratos con Iturri se ha tenido que aplicar hasta en ocho ocasiones.

Cuando el caso se empezó a investigar, los imputados aportaron su declaración de la renta para intentar demostrar que no habían recibido nunca ningún ingreso injustificado. Pero la juez quiere ir más allá y revisar no únicamente lo que se ha declarado ante la hacienda pública, sino otros movimientos de dinero que pudieran pasar inicialmente inadvertidos a ojos de la administración, pero que se pudieran relacionar con eventuales irregularidades en la contratación de los bomberos.

Niegan las irregularidades

Este lunes han declarado en el juzgado dos nuevos investigados por el caso. Se trata del exresponsable del parque móvil de vehículos de los Bomberos y del anterior subdirector de recursos humanos, que han vuelto a insistir en los mismos argumentos de las defensas: han negado cualquier tipo de irregularidades y, aunque han reconocido que las facturas se pagaban a destiempo, han defendido la legalidad de los mecanismos utilizados. Según fuentes judiciales cercanas al caso, ambos explicaron que se llevaron a los juzgados a las personas que intentaron poner fin al problema de infradotación que arrastraba el contrato de mantenimiento de los vehículos.

Según las mismas fuentes, ambos técnicos del cuerpo han evidenciado ante la jueza su malestar por el hecho de que cuando el propio departamento de Interior empezó a investigar las presuntas irregularidades no les pidieran explicación alguna. Aseguran que los albaranes de las reparaciones y acciones de mantenimiento evidencian que los trabajos eran reales y que se hicieron y pagaron como tocaba según el contrato firmado con Iturri, aunque debieran abonarse a destiempo y a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda. La jueza tiene que interrogar aún a otros dos investigados, entre ellos el actual director general de Prevención y Extinción de Incendios, Joan Delort, citado a finales de junio.