Emergencia social

"No sé qué haré cuando me den de baja del padrón"

Unos 1.700 empadronados en ONG tendrán que volver a darse de alta en el registro municipal en un proceso criticado por las entidades

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La afectada por el empadronamiento Jenny Valverde

BarcelonaUn mensaje de WhatsApp le ha puesto en alerta: a partir del 1 de junio el Ayuntamiento de Barcelona empezará a dar de baja a las personas empadronadas en sedes de entidades sociales que no ofrecen una cama. "No sé qué haré. Me he quedado de piedra porque me coge en medio de la renovación del permiso de residencia", se queja Jenny Valverde, que desde que se instaló en Barcelona en el 2018 está dada de alta en domicilio de la ONG Stop Sida.

Valverde es una de las 1.700 personas que, según datos del consistorio barcelonés, están empadronadas en lo que se conoce como "empadronamiento en colectivo sin pernoctación" y que en los próximos meses tendrán que volver a darse de alta a través de otras vías ordinarias si quieren continuar constante como residentes en la capital. Explica que teme que el proceso se alargue y que, en consecuencia, el trámite de renovar la residencia se complique, puesto que se le exige que su padrón no tenga ningún vacío en los últimos dos años. Añade otros problemas: como a mujer trans se queja de que tiene muchos problemas a la hora de encontrar un alquiler por los estigmas que arrastra el colectivo.

El cambio ha sorprendido a las entidades que atienden a estas personas vulnerables, porque no se había planteado en las reuniones de trabajo que mantienen con los técnicos municipales sobre cómo mejorar el acceso al padrón. De hecho, el consistorio ya les ha comunicado, a través de cartas, que ya no pueden realizar más empadronamientos colectivos sin pernoctación, pero sí pueden seguir ofreciéndolo a los servicios en los que dispongan de camas, es decir, dónde se resida.

En esta línea de ordenar el padrón para que los domicilios "se ajusten a la realidad", a partir del 1 de junio se informará a estas 1.700 personas que se las dará de baja a la ONG que las atiende y que dispondrán de dos o tres meses para iniciar los trámites de la nueva alta. Para agilizar el proceso, que se alarga más de la cuenta, el consistorio ha reforzado al personal y ha creado un grupo de trabajo con la conselleria de Salut para analizar los casos más complicados. El objetivo es que en el padrón sólo aparezcan las personas con vecindad en Barcelona.

La negativa de los propietarios

A Valverde el propietario del piso que tiene alquilado sin contrato no quiere empadronarla y tuvo que buscar el alta en Stop Sida, donde recibe las notificaciones oficiales aunque no reside. Es una situación muy habitual, advierten las entidades. El trámite fue rápido porque las entidades validadas acreditan que conocen a las personas que atienden y el proceso se acelera porque sólo hay que ir al registro del consistorio. "Es una forma de reforzar el vínculo para seguir trabajando en la recuperación", destacan desde Arrels, una de las entidades que empadrona.

¿Cuál es la alternativa para Valverde y los demás afectados? Una vez que sean dados de baja del domicilio de la ONG, se abren dos posibilidades. Quienes puedan acreditar con un contrato de alquiler la residencia tendrán que volver al registro y los que no puedan o no quieran registrarse en la vivienda usual pueden pedir la comprobación con una visita de los funcionarios.

Sin domicilio fijo

En cuanto a quienes no tienen un domicilio fijo, porque cambian de hogar con frecuencia o viven en precario en un hostal o realquilados, pueden reclamar al Ayuntamiento un informe de conocimiento de residencia (ICR) que deben tramitar en las oficinas de atención ciudadana (OAC) y las de prestaciones sociales básicas (OPSES). Para los que sobreviven al raso existe un canal específico entre estas dos oficinas y los equipos de educadores de calle, que comprueban si la persona se está en un banco o en una plaza. Para ambos casos ya existe lo que se conoce como domicilio ficticio o sin domicilio fijo, es decir, se empadrona en una dirección distinta a la real. Las entidades coinciden en que son trámites muy complicados por la elevada vulnerabilidad, sobre todo de los que viven al raso, carecen de permiso de residencia o no conocen la lengua.

Una vez conocidos los planes municipales, las entidades ponen algún pero. Primero, si para limpiar el padrón hay que empezar por los "más vulnerables de los vulnerables", mientras no se hacen tantos esfuerzos para luchar contra el fraude de ley en este trámite. Segundo, cuestionan la celeridad de dar de alta y alertan de que si se tardan dos o tres meses puede ser perjudicial para quienes, como Valverde, quieren renovar permisos de residencia, cobrar una prestación o necesitan medicación urgente, apuntan desde el Comité 1º de Diciembre, los primeros que alertaron del cambio del Ayuntamiento.

Tanto el síndico de agravios de Barcelona, ​​David Bondia, como el director general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Generalitat, Adam Majó, advierten que entre la baja y la nueva alta en el padrón no pueden pasar muchos meses para evitar la desprotección del vecino, puesto que el empadronamiento da acceso a derechos básicos como la salud, la educación o las prestaciones sociales.

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