Los empresarios que ven peligrar sus discotecas
El grupo Costa Este se juega sus dos mejores locales
Barcelona“No lo conseguirán”. Así de tajante se mostró uno de los empresarios de la noche barcelonesa después de que la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, anunciara esta semana sus planes para el frente marítimo. El equipo de Colau quiere cerrar al menos cuatro discotecas del Puerto Olímpico —Shoko, Opium, Pacha y Carpe Diem— por “deficiencias” en la seguridad de los locales. Esta sanción implica clausurar los locales entre 15 días y seis meses, pero la amenaza real es otra. La concesión de estas salas —en terrenos propiedad del Estado— acaba en junio y el Ayuntamiento no la quiere renovar. Pin aseguró que ya hay un acuerdo para hacer efectiva la decisión, pero fuentes del gobierno central matizaron el anuncio y aseguran que todavía no hay una posición firme. Fuentes del consistorio afirmaron al ARA que si el acuerdo se firma antes del 21 de mayo los clubs estarán cerrados en junio, en pleno inicio de la temporada festiva en el paseo Marítimo. “Si es más tarde, dependerá de la duración del alquiler que firme el ministerio”, añadieron las mismas fuentes.
En caso de que la orden de cierre salga adelante, el revés será doloroso para tres empresarios de la noche. Los más afectados son los hermanos Javier y Ramón Bordas, propietarios del grupo Costa Este, que controla Opium i Pacha Barcelona. Según las últimas cuentas enviadas al Registro Mercantil, solo con este primer local en 2017 los Bordas facturaron casi 19 millones de euros y ganaron casi 4. Pacha Barcelona (antes Sotavento) tuvo en 2015 unos ingresos de 8 millones de euros, pero perdió más de 60.000. “Son su principal fuente de ingresos con diferencia”, asegura una voz del sector. Aparte de Opium y Pacha Barcelona, los Bordas también son los propietarios de discotecas de la zona alta como Bling Bling y Soho, y de restaurantes como el Nuba, el Café del Mar y los Cachitos de Rambla y de Diagonal. De hecho, los últimos años han apostado por discotecas en otras ciudades españolas y europeas, también aprovechando la marca Opium, para esquivar los problemas en Barcelona.
La propiedad del resto de locales afectados por los nuevos planes de Barcelona para el Puerto Olímpico —el Ayuntamiento quiere ampliar las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al paseo Marítimo— no es tan conocida. Shoko forma parte del grupo Operocio, que tiene al frente al empresario José Vinguín, y generó unos ingresos de unos 12 millones de euros en 2017. El balance fue un beneficio de 2 millones. El último afectado es Carpe Diem, una discoteca que controla un empresario holandés a través de un vehículo inversor. Aun así, la gestión del día a día la lleva el directivo catalán Sergi Trillas. En 2017 este negocio del paseo Marítimo facturó cerca de 10 millones de euros, mientras que reportó unas ganancias de unos 713.000 euros.
Indignación en el sector
El anuncio del Ayuntamiento —justo en el arranque de la campaña para las elecciones municipales— ha desatado la indignación en el sector de la noche, que se reivindica como un pilar esencial del turismo en Barcelona. “Necesitamos que esta zona exista”, reclama Ramon Mas, secretario general del Gremio de Discotecas de la ciudad. Los empresarios de la noche critican que es prácticamente imposible abrir nuevos clubs y reclaman “una política general de ciudad” para estos locales de ocio. Advierten que con la clausura, la oferta de la ciudad quedará descompensada y que la competencia no lo podrá asumir.
Aun así, otras voces dentro del mismo sector admiten que las discotecas del paseo Marítimo han atraído delincuencia —principalmente hurtos, como corroboran fuentes policiales— y suciedad. “El problema migrará a otra zona de la ciudad”, añaden.
