Un año después de la masacre en Melilla no se sabe ni cuánta gente murió

BarcelonaUna caravana solidaria con centenares de activistas de todo el Estado se da cita este sábado en Melilla para conmemorar el primer aniversario de la peor tragedia de los últimos 25 años en la frontera sur con la intervención directa de fuerzas de seguridad. Oficialmente, Marruecos reconoce 23 muertos en el salto a la valla, pero Amnistía Internacional habla de más de un centenar. Un año después de la masacre todavía hay vacíos en el relato de un caso que ilustra la política de la gestión migratoria de España y la Unión Europea, muy diferente a la respuesta de junio de 2018, cuando, apenas acabado de nombrar, Pedro Sánchez abrió el puerto de Valencia para dar refugio a los 629 rescatados en el Mediterráneo central por el Aquarius.

24 de junio de 2022: fuerza contra el salto a la valla

Poco después de las 8 de la mañana, entre 1.300 y 2.000 personas saltan la valla melillense, una enorme barrera que hace de frontera con Marruecos. La reacción de policías marroquíes y españoles es el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y piedras. Centenares de personas quedan heridas y sin atención durante horas. El balance humano es de 23 muertos, según las cifras oficiales de Marruecos, y 37 desaparecidos, pero las ONG señalan que son más. El Defensor del Pueblo estima que 470 personas fueron devueltas a Marruecos sin garantías, un gesto ilegal en el derecho internacional que pide atender uno por uno los casos. Además, se calcula que 87 de los que saltaron están en prisiones marroquíes. "Los agentes españoles no movieron un dedo por socorrer a los heridos a pesar de saber que, según el catastro y los mapas oficiales, se encontraban en territorio español", explica Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía España. 

Sin investigación y trabas a las familias

El ministerio que dirige Marlaska siempre ha sostenido que las muertes se habrían producido dentro de la frontera y, seis meses después, la Fiscalía archivó las diligencias al apreciar una "respuesta proporcionada a la gravedad" de los hechos, y solo haciendo un pequeño reproche a dos guardias civiles por las piedras lanzadas. La ONU ha reclamado a los dos países que investiguen qué pasó aquel día y, para evitar la impunidad de la tragedia, cinco ONG han presentado una querella para exigir depurar responsabilidades. La caravana solidaria exige una investigación "transparente, exhaustiva e independiente" y justicia para las víctimas, en palabras de Sani Ladan, presidente de la asociación Elin, que denuncia que Marruecos impide que los familiares puedan identificar a los muertos. De hecho, de los 23 muertos reconocidos, solo se ha enterrado a uno, por la insistencia de su familia sudanesa, residente en Reino Unido. Familiares y entidades denuncian la falta de colaboración y las trabas de Rabat para identificar a las víctimas al negarse a aceptar muestras de ADN. Para Álvarez, la causa tiene que seguir abierta mientras haya "desapariciones forzadas".

Sin posibilidades de pedir asilo

El ministro Marlaska asegura que los que buscan protección internacional en España tienen otras vías diferentes del salto de la valla. Pero lo cierto es que organismos internacionales, ONG y los mismos migrantes denuncian que en los países de origen los consulados y las embajadas no aceptan peticiones de asilo y, una vez en Marruecos, se encuentran con una frontera militarizada. Desde Amnistía, Álvarez subraya la "incongruencia" del gobierno español, que, por un lado, intenta evitar que demandantes de asilo entren, pero por otro, cuando lo hacen, la inmensa mayoría reciben la protección.

Fronteras externalizadas

En las fronteras con el sur global, los estados europeos han consensuado externalizar la vigilancia y gestión migratoria en terceros países, como Turquía, Libia o Marruecos. "Lo que pasa en Melilla responde a una política racista y racializada y al termómetro diplomático", en el estado de las relaciones entre Madrid y Rabat, incide Ladan, para quienes en última instancia los migrantes son "utilizados e instrumentalizados". Así, Gemma Pinyol, directora de Instrategies e investigadora del GRITIM-UPF, reprocha a los socios comunitarios que hayan "normalizado la lógica de una política migratoria centrada en la frontera", es decir, defensiva, y, en cambio, se opongan a abrir vías seguras, cómo ha pasado con los refugiados ucranianos. La externalización de la gestión de flujos, dice, deja el camino libre para que Marruecos o Turquía "actúen para extraer el máximo beneficio" siendo más rígidos o flexibles al dejar pasar a los migrantes.

Melilla, una ciudad muerta y aislada 

Un año después, Melilla es una ciudad "muerta y empobrecida", describe el veterano activista José Palazón, presidente de PRODEIN. El blindaje de la frontera ha cortado por lo sano el trasiego constante entre marroquíes que venían a trabajar y residentes melillenses que iban a ver a las familias porque se han impuesto los visados. Los ciudadanos se han acostumbrado a la presencia de mucha policía y a ver a los agentes marroquíes armados: "Es una tranquilidad donde se percibe la fuerza y sabemos que la paz de aquí es la paz de los cementerios, la guerra en el Marruecos para los migrantes".

El 'Aquarius' o esperando la vida digna

El azar ha hecho coincidir la masacre melillense con la imagen de la llegada de las casi 700 personas rescatadas en su ruta desde Libia hacia Italia por el barco Aquarius, a las cuales, después de días a bordo sin autorización para el desembarco, Pedro Sánchez aceptó darles entrada al puerto de Valencia. Aquel fue un gesto aplaudido por las ONG, porque suponía un giro en la política española y europea, pero cinco años después, la mayoría de los migrantes todavía se encuentran en situación irregular y esperando una "vida digna", a pesar de que entraron en España "invitados y de forma legal", subraya Mosses von Kallon, el presidente de los Supervivientes del Aquarius. Procedente de Sierra Leona, consiguió regularizar su situación por arraigo laboral hace dos años. "Yo y el resto nos sentimos valencianos", proclama para exigir que se agilicen las regularizaciones y "nadie se quede atrás".