Así tratan a los delincuentes extranjeros en Francia, Reino Unido, Alemania e Italia

París, Londres, Bruselas y RomaEl pacto in extremis de Juntos con el PSOE, que prometía ampliar las competencias en política migratoria para Cataluña, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la inmigración. El jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, abría la puerta –sin concretar– a que la Generalitat pudiera fijar las condiciones para decidir si expulsaba a "inmigrantes en situación irregular reincidentes". Unas palabras que llegan en un contexto de endurecimiento de la legislación migratoria, tanto en las instituciones europeas como en varios países de nuestro entorno, donde últimamente ha aumentado la severidad de las condiciones para los extranjeros, a remolque de una extrema derecha que ha logrado imponer la retórica antiinmigración.

A continuación repasamos cuál es la legislación de los principales estados vecinos en relación con los inmigrantes que delinquen (tanto si tienen los papeles en regla como si no).

Francia: expulsión para los condenados a cinco años de cárcel o quienes son "una amenaza"

En Francia, la ley permite la expulsión de inmigrantes no sólo en situación irregular sino también de los extranjeros que tienen permiso de residencia o son demandantes de asilo. El Estado puede devolverlos a su país de origen si han cometido delitos penados con al menos cinco años de cárcel –y tienen una condena firme– o en los casos que se les considere “una amenaza para el orden público”. Este último concepto es suficientemente ambiguo para permitir echar a casi cualquier extranjero aunque ni siquiera esté condenado y deja mucho margen a la arbitrariedad, según denuncian ONGs.

Francia ha utilizado la ley sobre todo para expulsar a personas radicalizadas o acusadas de terrorismo, pero también por delitos de violencia machista. El año pasado se echaron a 4.686 extranjeros delincuentes, un 30% más que en el 2022, según datos del ministerio del Interior. Otros miles de inmigrantes están encerrados en centros de retención administrativa, donde esperan que los vuelvan a su país de origen o los liberen. La ley también permite retirar la nacionalidad francesa a personas que tengan dos nacionalidades siempre que no sean franceses de nacimiento: desde 2019, Francia ha retirado la nacionalidad a una veintena de personas.

Hasta ahora había excepciones que impedían la expulsión de algunas personas –menores, extranjeros que hubieran llegado a Francia antes de los 13 años, casados ​​con franceses o que tuvieran hijos de nacionalidad francesa–, pero la reforma de inmigración aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional gracias a los votos de la extrema derecha las ha borrado casi todas. La entrada en vigor de la nueva ley está pendiente de la evaluación del Consejo Constitucional.

“Es un gran avance para la seguridad de los franceses: la supresión, por la petición del gobierno, de medidas de protección que permitan reenviar a su país de origen a 4.000 extranjeros delincuentes adicionales cada año”, aseguró a X el ministro del Interior, Gérald Darmanin, la figura más conservadora del gobierno de Emmanuel Macron, sobre la nueva norma. Darmanin es una de las apuestas del presidente de la República para intentar contrarrestar el discurso de Marine Le Pen –que ha convertido a la inmigración en el centro de su retórica política– y ha mantenido la cartera en el nuevo gobierno capitaneado por el primer ministro, Gabriel Attal, nombrado esta semana.

Reino Unido: "interés público" de la deportación de los criminales extranjeros

La ley de fronteras del Reino Unido dicta desde el 2007 –cuando todavía había un gobierno laborista– que a un extranjero condenado a un año de prisión o más debe expulsársela automáticamente del país, por "interés público". Si la condena es superior al año, se le puede echar en el país de origen, siempre que éste lo acepte, hasta que falte un año para que cumpla la pena. Una reforma que se está tramitando pretende que el plazo para permitir la expulsión no finalice hasta que falte medio año para cumplir la condena.

La ley de 2007, sin embargo, tenía unas limitaciones derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por ejemplo, que la deportación implicara el desarraigo de un menor que fuera británico o que hubiera pasado al menos siete años en el país y que, con la expulsión del o los progenitores, a los que debería acompañar, se agravara su situación ; o que se perjudicara a la pareja del deportado. En ese caso, "el interés público" de la deportación quedaba superado por el respeto a los derechos humanos. Estas trabas legales provocaron una serie de apelaciones a las órdenes de deportación. Sin embargo, entre el 2007 y el 2015, el número de personas que evitaron la expulsión no alcanzó el 30%. De 2013 a 2019, Reino Unido devolvió entre 5.000 y 6.500 delincuentes extranjeros cada año a sus países de origen.

La creciente retórica antiinmigración, en el contexto de la entonces inminente batalla del Brexit, hizo que la entonces ministra del Interior, Theresa May, introdujera en el 2012 una reforma legislativa que daba más vía libre a las órdenes de deportación. Desde entonces, a los condenados a menos de un año de prisión también se les puede deportar, sobre todo si son multirreincidentes. Otro de los efectos de la reforma es que "el interés público" de la deportación se sitúa por delante del respeto a los derechos humanos.

Del número de reclusos totales existentes en Reino Unido (88.225, de acuerdo con datos del ministerio de Justicia), unos 10.500 son extranjeros. Deportarlos ha sido, sobre todo, una forma de los gobiernos británicos de aligerar a los centros penitenciarios. Superada la pandemia, entre septiembre de 2021 y 2022, 2.958 delincuentes con nacionalidad extranjera fueron expulsados ​​del Reino Unido. El grupo más numeroso (807) eran albaneses, seguidos de 638 rumanos y 284 polacos. El pasado año, hasta el 1 de junio, se deportaron 690 personas. De éstas, de acuerdo con los datos del ministerio del Interior, más de 450 habían sido condenadas por delitos graves como violación, tráfico de drogas, secuestro y tenencia de armas de fuego.

Además, el Reino Unit ha decidido tratar a los solicitantes de asilo como criminales, haciendo de la entrada sin papeles en el país un delito y una causa inmeditada de deportación. Los vuelos de la vergüenza en Ruanda, una batalla legal en estos momentos, que la próxima semana vuelve a debatirse en comisión en el Parlament, son un ejemplo.

Alemania: la socialdemocracia que quiere más deportaciones y más rápido

El discurso de la extrema derecha también va cuajando en Alemania, hasta el punto de que ha logrado, y mucho, influir en las políticas migratorias del gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz. En este sentido, la última reforma sobre inmigración de Berlín, aprobada el pasado año, prevé endurecer y facilitar la deportación de los recién llegados que no tengan permiso legal para vivir en el país o que puedan suponer un peligro, sobre todo en materia de terrorismo o por multirreincidencia.

Según el ejecutivo, que también está formado por ecologistas y liberales, el objetivo de la nueva ley es que se hagan más deportaciones y más rápido. Por este motivo, entre otras medidas que levantaron mucha polvareda, la normativa alarga, de 10 a 28 días, la duración máxima de la detención de un recién llegado mientras se analiza su caso. De esta forma, se pretende dar más tiempo a las autoridades para evaluar de forma correcta ya fondo cada entrada de un inmigrante ilegal. Además, la policía puede incluso entrar en una vivienda, sin antes avisar, si cree que viven migrantes ilegales. Tampoco es un requisito anunciar con antelación la deportación de una persona. Sólo quedan exentas las familias con niños menores de 12 años.

El partido de izquierdas Die Linke y distintas organizaciones no gubernamentales critican que estas medidas no resuelven el problema de fondo y tratan el reto migratorio en clave electoralista. Piden más recursos para el recibimiento e integración de los recién llegados. Además, recuerdan que a menudo los estados de los que provienen los inmigrantes no aceptan la deportación y, por tanto, a la hora de la verdad la imposibilitan. De hecho, por esta razón las cifras de retornos son tan bajas.

Así pues, ya pesar de que ahora gobiernan los socialdemócratas, el mayor país de la Unión Europea y uno de los que reciben más refugiados de todo el mundo también está endureciendo las políticas migratorias. Cabe recordar que la extrema derecha alemana tampoco deja de crecer; al igual que ocurre en toda Europa, Alemania también quiere blindar las fronteras y dejar entrar sólo concretamente la mano de obra que convenga. “Debemos expulsar de una vez a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania”, dijo Scholz en una entrevista en Der Spiegel.

Italia: expulsión de los inmigrantes condenados por delitos graves

Los inmigrantes extranjeros que quieren permanecer en Italia más de tres meses están obligados a pedir un permiso de residencia. Pero si se les condena por un delito que se considera grave, puede impedirse la renovación del permiso o, incluso, revocarlo. Se trata, por ejemplo, de delitos como el tráfico de drogas y personas y la prostitución de menores. El líder de la Liga, Matteo Salvini, impulsó como ministro del Interior, entre 2018 y 2019, un decreto ley que ampliaba la lista de delitos e incluyó a otros como la venta ambulante.- _BK_COD_ Pero el Tribunal Constitucional sentenció en 2023 que la solicitud de renovación del permiso de residencia por razones de trabajo no puede rechazarse automáticamente porque en el extranjero se le haya condenado por un delito menor. Además, declaró inconstitucionales algunos artículos de la norma y determinó que la decisión sobre la renovación de los permisos correspondía a la policía, que debe evaluar la peligrosidad de cada solicitante. El tribunal tomó esta decisión a raíz de los recursos de dos extranjeros, a los que negaban la renovación del permiso de residencia porque a uno le habían condenado por vender productos falsificados y al otro, porque tenía 19 gramos de hachís.-_BK_COD_

La decisión del Constitucional fue un revés a la política impulsada por el líder de la Liga, cuyos polémicos decretos ya habían quedado cancelados, en parte, tras la caída del ejecutivo del que formaba parte. Así, por ejemplo, en 2020 se recuperó la protección por motivos humanitarios que el llamado decreto Salvini había eliminado.

En cualquier caso, los inmigrantes irregulares –o regularizados– que cometen un delito grave pueden ser expulsados, aunque esto ocurre poco a menudo, por la falta de acuerdos de extradición de Italia con la mayoría de los países de donde vienen. Además, la expulsión es un proceso largo y costoso, que teóricamente se emprende cuando ya existe sentencia firme, sin posibilidad de apelación, de forma que puede alargarse más de cinco años. Existe una excepción: en casos de terrorismo, o en que se considere al extranjero peligroso para la sociedad, se le puede expulsar de inmediato, sin que pueda sentarse ante un tribunal.