La Fiscalía alerta de que Badalona no cumplió su obligación de dar cobijo a los expulsados del B9
El consistorio no derivó a los afectados a recursos de atención de emergencia ni les hizo seguimiento, como exigía la juez que autorizó el desalojo
BarcelonaLa Fiscalía alertó de que el Ayuntamiento de Badalona no cumplió con su obligación de dar una atención de emergencia a las personas sin hogar que desalojó del antiguo instituto B9. En concreto, no tenía un protocolo de atención a las personas sin hogar por los servicios municipales y tampoco aplicó la "metodología" para estas situaciones de las que dispone, que habría implicado ofrecer apoyo a los afectados, derivarlos a los recursos residenciales disponibles y realizar un seguimiento posterior.
En un escrito firmado el 10 de marzo, la fiscal advertía en el juzgado de Badalona que autorizó el desalojo de que el consistorio no había actuado de acuerdo con sus órdenes. Cuando avaló la expulsión de los ocupantes del B9, la juez del contencioso 11 de Barcelona concretó que, al afectar a personas vulnerables, habría que tomar "las medidas previstas en el protocolo de asistencia para personas sin techo de los servicios municipales y prestarles la atención de emergencia social".
A raíz de esta orden, la Fiscalía pidió tras el desalojo que el consistorio aclarara qué medidas había tomado para proteger a las personas vulnerables que vivían en el B9. La respuesta del Ayuntamiento, tal y como la describe la fiscal, fue "un informe donde en síntesis se indica que falta tal protocolo". El consistorio también apuntaba que "no estarían obligados a ello por la legislación vigente en la materia, pero que utilizan una metodología para las situaciones de personas sin hogar, exclusión social y emergencia residencial".
Cuatro pasos
Esta metodología consta de cuatro puntos: detección y primera intervención, valoración de los Servicios Sociales e identificación de vulnerabilidad, oferta de soporte y derivación a recursos de atención o alojamiento y, finalmente, seguimiento. Tras ver la actuación del Ayuntamiento de Badalona con las personas desalojadas del B9, la Fiscalía concluye que el consistorio no siguió su propia metodología porque no les ofreció apoyo, no les derivó a recursos ni hizo ningún seguimiento posterior a las personas que se quedaron en la calle, primero frente al antiguo instituto y después bajo el puente de la C-3. De hecho, justamente este martes el consistorio desalojó al último grupo que malvivían bajo este puente para realizar un operativo de limpieza que impedirá que vuelvan a la zona al menos durante unos días.
De hecho, hace tiempo que la entidad Badalona Acull añade que ahora mismo en Badalona no hay recursos asistenciales para poder acoger a las personas sin hogar. "No hay ni albergue ni centro de emergencia, cosas fundamentales en una ciudad de 200.000 habitantes", lamentan.El albergue de Can Bofí Vell, que fue clausurado por el gobierno de Albiol en 2024, fue el epicentro de una serie de altercados a finales de diciembre, atizados por el propio alcalde, ya que varios expulsados del B9 se querían refugiar allí porque no tenían ninguna alternativa residencial.
Finalmente, el Gobierno y la alianza de entidades y servicios sociales que atienden a personas sin hogar o en exclusión residencial fueron los que realojaron el grosor de afectados en centros de acogida temporales para evitar másriesgos para su salud debido al temporal que afectaba a Catalunya entonces.