Las medidas antirruido de Colau abrirán una nueva ofensiva judicial

BarcelonaEl gobierno de Ada Colau empezó en el mes de agosto con una batería de anuncios para enfrentar los problemas de ruido en las zonas con más ocio nocturno, donde los sonómetros colocados unas semanas antes habían confirmado el exceso reiterado de decibelios. La que amenazaba con traer más cola era la que afectaba a los horarios tanto de locales de restauración (y en algunos casos también de tiendas de alimentación) como de terrazas, una medida que ahora ya va camino de abrir una nueva ofensiva judicial contra el consistorio: muchos de los afectados tienen claro que llevarán la reducción horaria a los tribunales y ya lo han puesto en manos de abogados. En el momento del anuncio de los recortes horarios, el gobierno de Colau confió en que, a pesar de que el proceso sería largo, la nueva regulación podría estar vigente en los últimos compases del verano, a partir de principios de septiembre. Pero todavía no se han podido hacer todas las notificaciones a los locales afectados ni dar respuesta a las alegaciones.

En el caso de Enric Granados, que es donde hay más terrazas que tendrán que cerrar una hora antes que ahora (82), todavía hay ocho locales donde los dos intentos de notificación de la medida han resultado fallidos y se está pendiente de publicarlos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para darlos por hechos. Teniendo en cuenta que todos los afectados tienen diez días hábiles para hacer alegaciones y que se les tendrá que dar una respuesta, la previsión es que la nueva regulación entre en vigor ya en otoño: entre finales de septiembre y principios de octubre, según fuentes municipales, que detallan que la reducción será efectiva una vez salga publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Tampoco se ha completado todavía el proceso administrativo en ninguna de las otras zonas donde se anunciaron medidas antirruido: las plazas de Gràcia, el Raval y el Gótico, y los Jardines de la Mediterránea, en el barrio de Marina.

Muchos de los afectados avisan que no están dispuestos a aceptar sin más una medida que consideran discriminatoria porque los obliga a cerrar antes (sea la terraza o el conjunto del local) que a los bares de la calle del lado y, más allá de las alegaciones que ya están presentando, tienen claro que una vez agotada la vía administrativa activarán la judicial. El abogado Eudald Lligoña ya ha asumido el caso de una veintena de restaurantes solo de la calle Enric Granados y cerca de una treintena más otras zonas afectadas, y defiende que los informes que el Ayuntamiento ha usado para justificar los recortes horarios son "débiles y muy poco fundamentados". Critica, por ejemplo, que se haya aplicado la misma solución en toda una calle, en el caso de Enric Granados, sin tener en cuenta que hay tramos con mucha más concentración de terrazas que otros o sin valorar si cada restaurador ha cumplido hasta ahora la normativa o no: "Pagan justos por pecadores, esto se tendría que individualizar".

También lamenta que se ofrezcan gráficos de excesos de decibelios sin poder concretar qué ruido viene de las terrazas y que se quieran cambiar las normas del juego a medio curso. Ahora centran los esfuerzos en la presentación de alegaciones y piden al Ayuntamiento que les dé una respuesta cuidadosa y no igual para todos los afectados, pero dan por hecho que el gobierno municipal saldrá adelante la medida y que el paso siguiente será llevar el tema a los tribunales. El Ayuntamiento, de hecho, trabaja con la previsión de firmar el decreto que pondrá fin al proceso entre finales de este mes y principios del siguiente. El Gremio de Restauradores, a su vez, asegura que está dando cobertura jurídica gratuita a todos los agremiados de las zonas afectadas para que puedan responder a la notificación y aglutinar el malestar.

Recorte horario

En la calle Enric Granados, la medida conllevará que las terrazas tendrán que cerrar a las 23 horas de domingo a jueves, y a las 24 h el viernes y sábado. En Ciutat Vella, las propuestas antirruido se centran en la calle Joaquim Costa, la plaza dels Àngels y la plaza Emili Vendrell, en el Raval, y la plaza George Orwell y la calle Escudellers, en el Gótico. Aquí, los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las dos de la madrugada, las terrazas a las 23 h y las tiendas de alimentación a las 22 h. Las medidas afectarán en esta zona a 53 locales de restauración, 13 terrazas y 90 establecimientos comerciales.

En Gràcia, las terrazas de las plazas del Sol, Vila de Gràcia, Virreina, Revolució y Diamant cerrarán una hora antes cada día de los meses de abril a octubre, y el resto del año también se avanzará el cierre los fines de semana y vigilias de festivo. Para paliar el efecto de esta medida, el Ayuntamiento permitirá, durante los días de reducción horaria, que las terrazas de las plazas del Sol, de la Vila y del Diamant tengan dos mesas más a partir de las 20 h. En la plaza de la Revolució se añadirá una mesa más durante todo el día, mientras que en la del Raspall no se consolidará la terraza covid que hay ahora. Y en los Jardines de la Mediterránea, en Marina, las nueve terrazas tendrán que cerrar a las 23 h entre semana y a las 24 h los fines de semana.

"Es un despropósito"

"Hay un malestar generalizado por cómo se han hecho las cosas, hemos recibido las notificaciones en pleno mes de agosto sin margen para hacer nada", se queja un restaurador de Gràcia, que asegura que el hecho de que la medida se aplique en algunas plazas y no en otras ha hecho crecer más la sensación de "gravedad": "Es discriminatorio respecto al resto de la ciudad –solo la calle Blai y la plaza Osca tienen hoy por hoy la obligación de cerrar las terrazas una hora antes– y también dentro mismo de Gràcia. ¿Dónde irá a cenar la gente? En la calle del lado, donde podrá estar sentada más rato", añade. Un malestar que comparte Pere Pina, del histórico bar Almirall de Joaquim Costa, que alerta de que, si los locales cierran antes, habrá más lateros en la calle. "Es un despropósito: lo que no tiene sentido es que responsabilicen los bares de lo que pasa en la calle, en la vía pública es la Guardia Urbana la que tiene que garantizar el orden público". El gobierno municipal defiende la conveniencia de las medidas "para garantizar la salud y evitar molestias a los vecinos". El plan municipal también recoge la necesidad de poner tapones de silicona en las mesas y sillas de las terrazas de las zonas afectadas para reducir el alboroto.