Presión para aprobar la reforma de la ley de dependencia: "Nos va la dignidad y el futuro"

Barcelona"Ahora o nunca". Una veintena de entidades sociales y ciudadanas reclaman que la reforma de la ley de dependencia que se está tramitando en el Congreso acelere para que se apruebe antes de que acabe la legislatura, ante el temor de que, en la próxima, el equilibrio de fuerzas de la cámara haga un giro que imposibilite mantener el espíritu positivo que hay ahora, pero "insuficiente". Las asociaciones se han reunido bajo las siglas de la Plataforma por la Autonomía y la Vida Digna para pedir que el derecho al cuidado en todas las etapas vitales y el reconocimiento de las cuidadoras, sean profesionales o familiares, queden "fuera de las negociaciones políticas".

El 2024 el Congreso dio luz verde a la reforma de la ley de dependencia –fruto de la suma de las leyes de la discapacidad y de la dependencia—, y para la Plataforma va en la buena dirección de poner "la persona en el centro" y de reconocer el derecho a mantenerse en su domicilio y disponer de un cuidado digno. "Va más allá de una plaza de residencia", ha dicho en una rueda de prensa Aurora Huerga, responsable de la federación de jubilados de CCOO.

Pero a pesar de que el trámite de la reforma continúa adelante, la Plataforma ha insistido este miércoles que "ahora es el momento" de "presionar" a los diputados para que no ralenticen el proceso y sean capaces de dejar acabado el nuevo marco legislativo que, por primera vez, establece automáticamente un grado de dependencia a quien tenga reconocido un 33% de discapacidad.

Ahora los grados de discapacidad y dependencia son independientes y se puede tener una discapacidad sin grado de dependencia y al revés. Josep Salas, de Marea de Pensionistas, ha animado a la sociedad "a implicarse" activamente para que la reforma no se estanque. "Nos va la vida, la dignidad y el futuro", ha asegurado.

Para la plataforma, es imprescindible que en la ley no se cometan los mismos errores que hace veinte años con la ley de la dependencia que ya nació infrafinanciada y ha acumulado listas de más de un año para acceder a servicios de la cartera pública.

Cada día una treintena de catalanes mueren esperando que se les asigne una plaza de residencia pública o cobrar una pensión. Por ello, reclaman que la inversión en dependencia pase del actual 0,4% del PIB al 2% con el objetivo de revertir el déficit acumulado por los recortes de más de 5.000 millones de euros que se hicieron entre el 2012 y 2018, según María José Carcelén de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1.

Más teleasistencia

Entre las novedades que contiene la reforma, se encuentra el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas dependientes, el derecho de cada usuario a decidir sobre las prestaciones y los servicios que perciba, la ampliación de las prestaciones a cuidadores, vecinos y amigos (no solo familia) para que puedan cuidar del beneficiario de la ley y la eliminación del periodo de carencia que exime a la administración de pagar la prestación si la espera se alarga durante dos años.

Precisamente, el Plan Cura que la Generalitat ha presentado esta semana va en esta línea, pero para Carcelén ni la simplificación de los actos administrativos para la evaluación de grado ni la designación de la prestación en solo sesenta días "soluciona el problema", ya que el programa no incide en las listas de espera para las residencias ni se aventura a modificar el servicio de atención domiciliaria.

"Hacen falta residencias públicas de gestión pública", ha insistido Salas. Para la activista, los 200 euros que se prevé pagar a las personas con un grado III que esperan residencia es del todo insuficiente, teniendo en cuenta que "una plaza privada en Barcelona cuesta de media 2.400 euros".