Primera multa a un propietario por cobrar más de alquiler de lo que permite la ley

BarcelonaCuando decidieron compartir piso, Ramon, Esteve y Jordi tenían un máximo de gasto en concepto de alquiler. Calcularon que, con el sueldo que cobraba cada uno, no podía superar los 1.200 euros. "Encontramos un piso que nos encajaba y nos gustaba, y decidimos seguir adelante", explica Ramon. La sorpresa para estos tres jóvenes de entre 27 y 30 años llegó después, cuando, con el contrato en la mano, se dieron cuenta de que transgredia varios puntos de la ley actual de regulación de los alquileres. Lejos de aceptar las condiciones propuestas -fuera de la ley-, los jóvenes, que están afiliados al Sindicat de Llogaters, decidieron hacer frente a la propiedad y su caso se ha acabado convirtiendo en la primera sanción del Ayuntamiento de Barcelona a unos propietarios por no cumplir la norma.

Estos jóvenes pudieron comprobar a través del Incasòl que el contrato anterior al suyo era de 950 €, mientras que el nuevo era de 1.200 €. Según la ley, en una zona tensionada como es Barcelona el arrendador no puede subir el precio de un contrato al otro si no es con unas determinadas condiciones de mejoras y rehabilitación. Además, el piso constaba en el documento como una propiedad de una persona física cuando, en realidad, era de una empresa. "En el contrato constaba una mujer como propietaria, pero esta mujer tenía una empresa y el piso está a nombre de esta empresa y no al suyo", relata Ramon. En estos casos, cuando el propietario es una persona jurídica, la ley no permite cobrar honorarios a los inquilinos, y ellos, en cambio, los habían tenido que pagar. "Además, siendo una empresa, también nos dimos cuenta de que se habían saltado la LAU [la ley de arrendamientos urbanos española], que determina que los contratos tienen que ser de mínimo 5 años si el propietario es una persona y de 7 si el arrendador es una empresa", subraya el joven.

"Pedimos a la administración que investigara el caso, y abrió un expediente en abril que ahora se ha cerrado a favor nuestro", detalla Ramon, que describe la reacción de los propietarios como "surrealista pero dentro de lo que, desgraciadamente, es normal". "Cuando les hicimos notar la ilegalidad e intentamos negociar, nos respondieron que no pensaban tocar el precio, que no estaban de acuerdo con la ley y que si no queríamos ese precio podíamos marcharnos. Nosotros solo queríamos un contrato que se adecuase a la legalidad vigente", explica.

De momento la propiedad solo les ha devuelto los honorarios, 1.600 euros, pero ha recurrido la multa. Por su parte, los tres chicos han decidido tomar medidas legales para conseguir que el precio baje de 1.200 a 950 €, tal como marca la ley, y recuperar las cantidades cobradas de más con intereses. Además, desde el mes de agosto han empezado a pagar los 950 € que les tocaría por ley, en lugar de los 1.200. "Siento rabia e impotencia -admite a pesar de todo Ramon-. Los propietarios tienen derecho a plantear todas estas cosas con unas consecuencias mínimas, mientras que gente como yo dependemos de su voluntad. Se supone que la ley nos protege, pero cuesta mucho esfuerzo extra hacer que la cumplan", lamenta este chico, que ahora asegura que los tres compañeros de piso no ven otra opción que conseguir el alquiler de 950 €. "Batallaremos", afirma.

Una infracción "flagrante"

"Lo que ha hecho la propiedad es una infracción grave y flagrante, porque supera el 20% del alquiler regulado", explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogaters. Aragonès subraya, sin embargo, que "también es muy grave que en un año de vigencia de la ley esta sea la primera sanción de este tipo". Hasta ahora, destaca el sindicato, todos los expedientes abiertos y las sanciones interpuestas habían sido por una mala información en los anuncios de pisos. "La Generalitat tiene un equipo de trabajadores específicos para controlar todo esto, que tendrían que estar buscando de oficio y sancionando de oficio y, si no lo hacen, dejan a los inquilinos desamparados", se queja Aragonès, que recuerda que muchos inquilinos no se atreven a dar este paso por miedo a quedarse en la calle.

"Tanto la Agència Catalana de l'Habitatge como la agencia de consumo pueden hacer este trabajo", insiste, y asegura que hay muchos propietarios que, como en este caso, ponen recursos para alargar plazos y esquivar la ley esperando que el Tribunal Constitucional la tumbe o la modifique. El sindicato, que ha asesorado a los tres compañeros de piso, avanza que el de Ramon, Esteve y Jordi no es un caso aislado y que las próximas semanas "está previsto que lleguen más sanciones".