Los rectores y el Govern hacen frente común contra "la amenaza" de la nueva ley de universidades de Castells

Barcelona / MadridEl ARA publicó hace unos días que las universidades catalanas se están sublevando contra los planes del ministro Castells, y entre otras cosas critican que la nueva ley que prepara el ministerio, conocida como LOSU, hiperregula el sector y lo encorseta. A las críticas de los rectores se ha añadido este jueves la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, que en sede parlamentaria ha asegurado que la nueva normativa "es una amenaza" y ha avisado que "el sistema universitario catalán no se siente reconocido". Es por eso que el departamento y los 12 rectores catalanes están elaborando un documento conjunto para posicionarse contra la nueva norma, la tercera en democracia después de la ley de reforma universitaria de 1983 y la ley orgánica de universidades de 2001, que es la que está ahora vigente.

En el fondo, los argumentos de la consellera son prácticamente los mismos que los de los rectores: "La nueva ley es excesivamente detallista, uniformadora y centralista", ha criticado. Según la consellera, si la ley tiene que renovar una normativa de hace 20 años, la propuesta tendría que ser "moderna", pero no lo es, sino que tiene un sesgo "absolutamente regulador", que, además, "no va acompañado de garantías". "Es necesaria una mejor financiación, mejores estructuras científicas y asegurar el relevo generacional", ha afirmado. Para Geis, hay un "exceso de regulación": "No sabes si estás leyendo una ley orgánica o los estatutos de una universidad".

El anteproyecto de ley que presentó Castells establece que los profesores temporales no podrán ser más del 20% de la plantilla –ahora el porcentaje es del 40%, a pesar de que no se está cumpliendo– y que el profesorado funcionario tendrá que aumentar del 51% al 55%. Además, obliga a las universidades a destinar un mínimo del 5% del presupuesto y el 15% de las plazas permanentes a la investigación y también incluye cambios en el modelo para elegir el rector –los candidatos no tendrán que ser catedráticos–. Precisamente, para el sector universitario una de las líneas rojas es que se incrementen del 51% al 55% los profesores funcionarios, porque aquí interviene el caso catalán: en el Estado, el profesorado permanente es funcionario (titulares o catedráticos), pero en Catalunya, la única comunidad que ha desarrollado una contratación propia, se introdujeron las figuras de los catedráticos contratados y los agregados, que son permanentes pero no funcionarios. “Ahora la ley dice que el 55% tienen que ser funcionarios, pero en Catalunya es muy difícil llegar porque se ha potenciado nuestra vía laboral. Por eso pedimos que en lugar de funcionarios sean un 55% de permanentes”, afirmó al ARA la directora general de Universidades, Victòria Girona.

Acuerdo de ERC y Castells

En este contexto, Geis ha pedido a todos los partidos con representación en el Congreso que "defiendan" el modelo universitario de Catalunya este otoño, cuando la normativa se empezará a debatir en sede parlamentaria. De hecho, este jueves en el Congreso también ha habido un debate sobre universidades, concretamente, sobre la ley de convivencia universitaria promovida por el ministerio que pilota Manuel Castells y que tiene que derogar el decreto franquista de 1954 todavía vigente actualmente. La normativa ha empezado su tramitación parlamentaria con el aval de ERC, que finalmente ha retirado su enmienda a la totalidad. El PP también había presentado una enmienda a la totalidad, en su caso de devolución de la ley, pero no ha prosperado (sóolo ha recibido los votos favorables de Vox y Foro Asturias).

La diputada republicana Marta Rosique ha explicado que su grupo ha llegado a un acuerdo con el gobierno que pasa por "blindar la autonomía universitaria" y también por preservar el derecho de manifestación, dos puntos que los republicanos habían puesto por escrito en su enmienda. Rosique ha asegurado que queda "resuelto" el tema de las sanciones a los piquetes de huelga, a pesar de que no ha dado detalles de cómo queda recogido en el texto. La normativa preveía sanciones por "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento". A pesar de admitir que la norma llega con "cuatro décadas de retraso", Manuel Castells ha defendido la importancia de la ley para derogar un decreto que contradecía "los principios y valores democráticos, la libertad y el pluralismo religioso". Según Castells, la nueva ley está consensuada con la comunidad universitaria y "salvaguarda los derechos y deberes de los estudiantes".