El plagio, las novatadas y el abuso podrán conllevar la expulsión de la universidad

BarcelonaHacer novatadas que desprecien la dignidad de los estudiantes, plagiar trabajos de fin de grado, de másteres o tesis doctorales, o cometer algún abuso sexual se considerarán faltas muy graves y podrán suponer la expulsión de entre dos meses y tres años de la universidad. Es una de las principales novedades del proyecto de ley de convivencia universitaria, que este martes ha aprobado el consejo de ministros y que deroga un decreto franquista de 1954, aprobado básicamente para mantener el orden en los campus durante la dictadura. El ministerio que dirige Manuel Castells se había comprometido a derogar un reglamento preconstitucional "obsoleto" y "punitivo" y pasar de una normativa basada en las sanciones y castigos "desproporcionados" a una centrada en la mediación para resolver los conflictos en las cincuenta universidades públicas del Estado. Este matiz es importante porque las 37 universidades privadas españolas no se verán afectadas por la nueva ley, a pesar de que "se podrán inspirar en ella" para diseñar su propia normativa.

Así, la nueva ley crea mecanismos de mediación voluntarios para llegar a acuerdos y obliga a las universidades a crear comisiones de convivencia en un año desde la aprobación definitiva de la ley –se calcula que será a finales del 2021–. Todos los casos son susceptibles de resolverse en una mesa de mediación excepto en tres supuestos: los casos de abusos y de violencia machista, el fraude universitario y la destrucción del patrimonio. De hecho, aunque la ley entre en el marco constitucional y democrático –el reglamento vigente hasta ahora no regulaba el derecho de defensa de los estudiantes y no tenía en cuenta principios como la proporcionalidad, por ejemplo–, también prevé sanciones contundentes contra quienes se salten las normas universitarias.

Serán faltas muy graves –con penas de dos meses a tres años de expulsión o la anulación parcial de la matrícula– los abusos sexuales, las discriminaciones por razón de sexo, origen, edad, discapacidad o religión, entre otras, así como las novatadas que ninguneen la integridad de las personas. Se trata de unas pruebas, a menudo de contenido sexual y siempre con alcohol por el medio, que hacen los estudiantes veteranos a los noveles y que en Catalunya no son tan habituales como en otros lugares del Estado como Madrid, Salamanca y Valladolid, por ejemplo. En muchas residencias y universidades, de hecho, ya conllevan sanciones, pero ahora es la primera vez que lo recoge una ley estatal.

Plagios y falsificaciones

Plagiar "totalmente o parcialmente una obra" a la hora de redactar el trabajo de fin de grado, de máster o la tesis doctoral también será una falta muy grave. Es lo que hizo la exministra de Sanidad Carmen Montón, que dimitió a raíz de que se hiciera público que había plagiado su trabajo final de máster. También entrarían en este bloque los casos de falsificación de documentos académicos, que también tienen un precedente mediático con el juicio a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que fue finalmente absuelta de inducir a falsificar el acta que acreditaba que había hecho el trabajo final de máster. O la suplantación de miembros de la comunidad universitaria, una práctica que ha cogido impulso a raíz de la pandemia con casos de personas que se hacían pasar por el estudiante y, cobrando algunos euros, hacían controles universitarios aprovechando la docencia online y las limitadas opciones para comprobar si quien estaba al otro lado respondiendo las preguntas era realmente el alumno o no.

Además, se sancionaría con hasta tres años de expulsión el incumplimiento de las normas de salud pública. Ahora bien, es importante destacar que esta nueva normativa no habría permitido expulsar al profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona que daba clase sin mascarilla y les decía a los alumnos que el coronavirus era "una tontería". "Los profesores y el personal de administración y servicios no se ven afectados por este régimen disciplinario", aseguran fuentes del ministerio, porque su paraguas legal es el estatuto de los trabajadores.

¿Sanciones a los piquetes?

En cambio, se considerarán faltas graves –hasta un mes de expulsión– cuando se copie "premeditadamente" para falsear los resultados de un examen o trabajo, se roben contenidos de pruebas o exámenes y se deterioren "gravemente" las obras del patrimonio de la universidad. Y uno de los supuestos que se prevé que levantará más polvareda y que también se sancionará con hasta un mes de expulsión es "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento", cosa que pasa a veces cuando hay piquetes y barricadas en algunas huelgas estudiantiles. Pero el ministerio avisa de que habrá que ir "caso por caso", porque a veces los piquetes son solo una movilización que no implican que no se pueda acceder a los campus.

Entre otras cosas, se considerarán sanciones leves –supondrán una amonestación privada y se podrán sustituir por trabajos a la comunidad– copiar mirando a un compañero durante un examen o acceder donde no esté permitido de las instalaciones de la universidad.