El Comité de Bioética defiende legalizar los vientres de alquiler, en contra de la opinión del Gobierno
Un informe encargado por el gobierno de Pere Aragonès propone que un ente público regule y proteja a gestantes, bebés y familias
BarcelonaEl Comité de Bioética de Catalunya (CBC) se ha posicionado a favor de legalizar la gestación subrogada en España ante la imposibilidad de prohibir esta práctica a escala global y con el objetivo de "proteger" a bebés, gestantes y familias. Lo ha hecho en un informe al que ha tenido acceso el ARA encargado por el anterior departamento de Salut, durante el mandato de Pere Aragonès y con Manel Balcells al frente. De este modo, el órgano asesor de la Generalitat se posiciona en contra del parecer del gobierno español, que ya ha cargado varias veces contra los vientres de alquiler y que recientemente ha endurecido la normativa para dificultar la inscripción como hijos propios de los bebés nacidos por este método en otro país. El actual departamento de Salut ha descartado valorar el contenido del informe, si bien el PSC se ha posicionado en contra de la gestación subrogada varias veces en el pasado: considera que es una forma de violencia contra las mujeres y ha pedido su abolición.
"Sabemos que con este posicionamiento vamos a contracorriente del sentimiento mayoritario, pero es un documento muy ponderado. La gestación subrogada es una realidad e irá a más. No debemos prohibirla, sino regularla para que se haga en condiciones que sean respetuosas con los derechos de todos", sostiene Núria Terriba. Así pues, plantean que haya un organismo público que regule esta práctica, que debería hacerse de forma "altruista", pero con una "justa compensación" para la gestante. Para Terribas, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida podría realizar esta función: debería controlar quién participa –tanto las gestantes como las familias–, establecer el importe de compensación en cada caso y autorizarlos de forma individualizada.
La coordinadora del informe pone de ejemplo la donación de óvulos, que también se compensa económicamente. "Es un esfuerzo físico que no podemos pedirlo gratis. Se estableció una justa compensación, que, por cierto, la establecimos en el comité", remarca. Terribas también pone mucho énfasis en que hay que prohibir agencias y otros intermediarios, así como imponer sanciones si esta práctica, una vez legalizada, se echara del sistema público de salud: "Que no haya negocio por parte de nadie, estamos en contra de que haya terceros que hagan dinero atentando contra los derechos de las mujeres".
En el informe también argumentan que deberían definirse criterios de exclusión y de acceso para proteger a gestantes y bebés, como por ejemplo si la mujer está condicionada por una situación de vulnerabilidad económica o si existe la posibilidad de un embarazo de riesgo que ponga en peligro la vida de uno de los dos. "La crítica fácil y rápida es que, si lo hacemos así, no tendremos a ninguna mujer que se preste. Regulémoslo y veremos qué éxito tenemos", concluye Terribas sobre su propuesta. Asimismo, avisan de que no afrontar el debate de una posible regulación implica que habrá gente que seguirá recurriendo a la gestación subrogada fuera de España, con "los riesgos de discriminación elitista, explotación de mujeres vulnerables, mercantilización y baja calidad del tratamiento que ello implica".
"Un error garrafal"
Terribas es consciente de que el informe no será bien recibido por "la mayoría de los sectores feministas", quienes dicen que es una "práctica inaceptable en cualquier caso". En cambio, ella cree que "estas corrientes pisan los derechos de la mujer, que debería poder decidir libremente si quiere prestar o no" una gestación subrogada. También carga contra el posicionamiento del gobierno español, al que acusa de contradecirse, porque por un lado defiende que deben evitarse todas las formas de limitación de los derechos de la mujer y, por otro, prohíbe la gestación subrogada al considerar que es una forma de violencia contra las mujeres. "La prohibición total es un error de estrategia", espeta.
Hace dos semanas el ejecutivo de Pedro Sánchez anunció una nueva instrucción que pondrá más trabas burocráticas a los "progenitores de intención" para evitar que "esquiven" la ley: la nueva orden invalida los certificados extranjeros, las sentencias de autoridades judiciales internacionales y cualquier otra declaración acompañada. De esta forma, el Registro Civil español no aceptará ninguno de estos documentos. Con este cambio, se dificulta la inscripción como hijos propios de los bebés nacidos por este método en otro país y sólo podrán constar como hijos adoptivos.
Para la vicepresidenta del CBC esta instrucción es "un error garrafal porque se carga el argumento de los derechos de los niños". Como será más difícil inscribir a los bebés, Terribas avisa de que, mientras no estén inscritos, no tendrán asistencia sanitaria ni acceso a la escolarización: "¿Esto es un beneficio para el menor? Lo tendremos como un apátrida. Todas las criaturas que ya están en camino se quedarán colgadas". Por otra parte, fuentes gubernamentales aseguran que los menores no quedarán desprotegidos en ningún caso y resaltan que la instrucción tiene la voluntad de acercarse a las resoluciones judiciales para limitar esta práctica y acotar a los limbo jurídico que todavía facilitaban la gestación subrogada.
