El PP cede y Sanidad da luz verde al plan que debe endurecer la ley antitabaco

BarcelonaEn un giro de guión de última hora, las comunidades gobernadas por el PP han dado su apoyo al ministerio de Sanidad "en nombre del consenso" para aprobar el plan estatal de prevención del tabaquismo. Es el primer paso para endurecer la normativa antitabaco vigente, ampliando los espacios libres de humo e incluyendo a los vapeadores en la misma categoría que los cigarrillos convencionales, si bien su aprobación todavía no es vinculante. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado luz verde este viernes por unanimidad a la hoja de ruta que llevan años trabajando gobiernos, técnicos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para sentar las bases para reformar la ley del tabaco, que hace catorce años que no se actualiza. El cambio de opinión de los populares se debe a dos motivos: el compromiso de Sanidad por incluir a las comunidades a la hora de negociar la ampliación de los espacios libres de humo y por estudiar posibles incentivos fiscales.

"Desde ahora, este plan es una realidad y este éxito es un motivo de orgullo nacional", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, a la salida de un encuentro con final feliz pero que empezó con un clima muy distinto. Como portavoz de todos los gobiernos populares, el consejero de Sanidad gallego, Julio García Comesaña, ha celebrado que se hayan podido salvar las diferencias que se arrastraban en las últimas semanas –el Estado ha aceptado 147 de las 157 propuestas autonómicas– y que se haya podido llegar a un entendimiento: “Las comunidades del PP estamos satisfechas con todo lo que recoge el plan. Por eso hemos decidido trabajar y adherirnos a ello”.

Ahora bien, la posibilidad de que los gobiernos populares votaran en contra del plan era factible. La reunión empezó por la mañana con las críticas por la fórmula propuesta por Sanidad para aprobar el plan (un acuerdo de cooperación que no se somete a votación), ya que implica que las comunidades pueden adherirse total o parcialmente a algunos de sus puntos , lo que hace que quienes no se sumen tengan que explicar las discrepancias. Ahora bien, si existía un punto de discordia entre las partes era la conversión de las terrazas de bares y restaurantes en espacios libres de humo.

Mientras Catalunya se ha posicionado a favor de esa prohibición generalizada, comunidades como Madrid están radicalmente en contra. Otros son partidarias de tomar medidas a medio camino, como Galicia, que lo enmarcaría en la voluntariedad y en ofrecer incentivos fiscales a los hosteleros que aumenten las prohibiciones, o como Baleares, que prefieren que sean los establecimientos los que elijan si se adhieren a la prohibición o no.

"Cuanto antes"

Una vez aprobado el plan antitabaco, que incluye medidas de todo tipo para reducir a la población fumadora y, sobre todo, para frenar el inicio del consumo en etapas juveniles –se estima que unos 460 jóvenes comienzan a fumar cada día en el Estado -, "ahora toca" materializarlo en una serie de iniciativas legislativas, ha dicho García. De hecho, esta futura ley antitabaco debe permitir regular los nuevos espacios sin humo –que van desde las terrazas de bares hasta las universidades y las playas– y poner en marcha el empaquetamiento genérico para eliminar las marcas de los paquetes y equiparar a los vapeadores con el tabaco convencional en materia de publicidad.

Según García Comesaña, Sanidad se ha comprometido a abordar con Hacienda la posibilidad de que una eventual subida del precio del tabaco repercuta en las políticas de salud y discutir "alternativas" a la hora de controlar que se cumplan las medidas antitabaco. "Cuáles pueden hacerse por autorregulación, cuáles con imposición estatal y cuáles con medidas de apoyo fiscal", ha concretado el conseller gallego. Ahora bien, Sanidad ha dejado claro que no cree en la autorregulación de los espacios que quieren las comunidades del PP porque "la evidencia científica dice que no tiene efectos sobre la salud pública". En este sentido, la ministra ha recordado que las autonomías "siempre han tenido la potestad de poder regular sus espacios", como obligación o como recomendación, y que muchas regulan ya las playas o los parques.

La ministra también ha anunciado su intención de poner en marcha la batería legislativa “lo antes posible”. "No podemos hablar en el vacío sin saber de qué espacios estamos hablando, sin saber la fiscalidad o en qué se va a materializar", ha defendido.