Albiol apuesta por las Taser de nueva generación: Badalona tendrá una de las policías locales con más pistolas eléctricas
Representantes sindicales celebran la decisión, pero Amnistía Internacional e Irídia reclaman protocolos estrictos y rendición de cuentas
BarcelonaEl alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciado este lunes que la Guardia Urbana incorporará hasta 28 pistolas Taser a su armamento en los próximos meses. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Albiol ha detallado que el modelo escogido será la Taser T-10, una versión nueva, con más cartuchos y con más alcance que la Taser X2 que otras policías locales y los Mossos d'Esquadra utilizan desde 2018, también fabricada por la empresa norteamericana Axon. La partida presupuestaria ya ha superado el trámite del pleno municipal, donde el PP dispone de mayoría absoluta.
El alcalde ha defendido la compra a pesar de la controversia política —ha asegurado que los partidos de izquierdas se oponen– y ha sostenido que se trata de una herramienta "importantísima". Si se completan los trámites administrativos previstos, las pistolas se incorporarán de manera progresiva al cuerpo: tres llegarán antes de que acabe este año y las 25 restantes a lo largo de 2027. Según el portavoz del sindicato mayoritario SIP-FEPOL, Joan Marc Zamora, Badalona se convertirá en uno de los municipios del Estado con el número más elevado de pistolas Taser.
Con este movimiento, Badalona se adelanta a Barcelona en la implantación de este tipo de armas en la policía local. Tras un primer intento fallido de aprobar la propuesta en el pleno en 2025, el gobierno de Jaume Collboni prevé volverla a someter a votación entre octubre y noviembre de 2026, lo que alejaría una hipotética incorporación de las Taser a la Guardia Urbana de Barcelona al menos hasta mediados de 2027.
En declaraciones a ARA, el representante sindical celebra una decisión que "responde a una realidad cada vez más habitual": "Las armas blancas y las armas de fuego son el pan de cada día". En este sentido, Zamora defiende que las Taser son una herramienta intermedia imprescindible entre la defensa policial y el arma de fuego, especialmente porque la Guardia Urbana no dispone de una unidad de intervención consolidada más allá del GEIP.
Según Zamora, las 28 pistolas se repartirán entre los agentes que patrullan en la calle. La Guardia Urbana de Badalona cuenta con unos 260 efectivos, una parte de los cuales desarrolla funciones administrativas o de apoyo y, por tanto, no las llevarán. El portavoz sindical asegura que la incorporación de las Taser era una reivindicación del cuerpo desde hace "tres años". "Cuando García Albiol llegó a la alcaldía en 2023, fue una de las primeras demandas que le hicimos: una herramienta intermedia entre la defensa policial y el arma de fuego", explica.
Alertan de los riesgos de estas armas
Consultadas sobre el anuncio de García Albiol, entidades en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional e Irídia cuestionan el discurso que presenta las pistolas Taser como un arma intermedia entre la porra y el arma de fuego. La coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña, Adriana Ribes, es contundente: "La Taser está mucho más cerca del arma de fuego que de la porra". También lamenta que "antes de llegar a este punto se debería haber hecho una evaluación independiente del carácter lesivo del arma" y defiende que la incorporación de este tipo de dispositivos a un cuerpo policial "debe ir vinculada a un vacío operacional concreto que se haya evaluado", y no a una tendencia a adquirirlos "simplemente porque están disponibles en el mercado".
Mireia Salazar, abogada del centro Irídia, considera "intolerable" que el consistorio badalonés solo plantee estudiar la incorporación de cámaras corporales a los agentes que lleven una Taser, ya que las considera "un elemento vital de trazabilidad" durante este tipo de intervenciones. Salazar, que representa a la familia de una víctima mortal por una descarga de esta arma durante una actuación de los Mossos en Badalona en 2021, critica que los protocolos acostumbran a dejar un amplio margen a la discrecionalidad policial, especialmente a la hora de valorar el riesgo o la peligrosidad de la persona sobre la que se actúa, hecho que, a su parecer, puede poner en riesgo derechos fundamentales.
En la misma línea, Ribes insiste en que estas armas solo deberían utilizarse "en una situación de riesgo inminente, de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, que no puede contenerse con otra opción menos extrema". Por eso considera imprescindible disponer de una instrucción que establezca "cuándo se puede hacer uso de ellas, en qué contextos y qué pasos previos se deben haber agotado".
Protocolos y cámaras
El Ayuntamiento de Badalona asegura que los agentes recibirán formación a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), pero Amnistía Internacional considera que esto no será suficiente: "También hace falta formación en toma de decisiones y primeros auxilios". La coordinadora de la entidad en Cataluña, Adriana Ribes, recuerda que las pistolas Taser han provocado muertes en otros países y advierte que "no se pueden utilizar contra menores, mujeres embarazadas, personas con cardiopatías o con problemas de salud mental". En este último caso, reclama protocolos especialmente estrictos porque las personas que sufren un brote psicótico son uno de los colectivos en los que se han registrado más lesiones graves y muertes.
En la misma línea, la jurista de Irídia Mireia Salazar expresa una preocupación especial por el uso de las Taser en personas con problemas de salud mental y defiende que estas situaciones se deberían abordar "desde una perspectiva sanitaria y no policial". Finalmente, Salazar también alerta de las carencias en los mecanismos de control de las policías locales: recuerda que los Mossos d'Esquadra disponen de la División de Asuntos Internos (DAI), mientras que muchos ayuntamientos no tienen órganos equivalentes para investigar un posible uso indebido de estas armas. A su parecer, incorporar "un armamento potencialmente letal" sin estos mecanismos de supervisión incrementa el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos.