La condena anterior al presunto violador de Igualada, suspendida a cambio de hacer dos cursos

BarcelonaBrian Raimundo C.M., el presunto autor de la brutal violación de Igualada la madrugada de Todos los Santos, fue condenado a un año de internamiento a un centro de justicia juvenil cuando era menor de edad. El juzgado de menores de Girona le impuso esta medida por intentar agredir sexualmente su hermana. El delito lo había cometido hacía un tiempo, puesto que su familia lo denunció cinco años después de que hubiera pasado. Pero el chico, que ahora tiene 21 años, nunca ingresó en el centro de justicia juvenil porque la medida se le suspendió por dos años de libertad vigilada con la obligación de hacer dos cursos: un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento de desintoxicación. También implicaba una orden de alejamiento de la víctima.

Hasta ahora había trascendido que la madre, al conocer el intento de agresión sexual a la hermana, había expulsado al chico de casa y el hecho es que él tampoco podía vivir en la misma vivienda porque tenía que cumplir la orden de alejamiento. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicado que, según el expediente de ejecución de la condena, no hubo “ninguna incidencia”. Es decir, que en los dos años de libertad vigilada, el chico hizo los dos cursos y cumplió la orden de alejamiento. La misma condena, sin embargo, no especificaba qué pasaría si en estos dos años cometía un delito similar. De hecho, El Periódico ha publicado que habría cometido la violación de Igualada cuando estaba en libertad vigilada. Según esta información, la condena de un año de internamente se le impuso en febrero de 2020 y, cinco meses después, el julio del mismo año, se le suspendió por los cursos.

Ahora el chico está encarcelado a Brians 1 por la violación de Igualada y por intentar asesinar a la víctima, una menor de 16 años. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron hace dos semanas en el domicilio donde vivía, en unos dos kilómetros de donde pasó el ataque. Lo encontraron después de revisar 155 cámaras de seguridad y con los datos de los repetidores de telefonía.

El juez tuvo en cuenta la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga a la hora de enviar al arrestado a prisión. A pesar de todo, el abogado que lo defiende tiene previsto recurrir esta resolución. Considera que se vulneraron los derechos de su cliente porque cuando declaró la causa todavía era secreta y no había tenido acceso. Ahora el magistrado que lleva el caso tendrá que decidir sobre este recurso. También tiene sobre la mesa la petición de la discoteca Èpic y del partido ultra Vox de formar parte de la causa como acusaciones populares, así como el recurso de la Fiscalía al hecho de que la patronal del ocio nocturno Fecasarm ejerza este papel, como inicialmente el juez aceptó.