Política municipal

Tensión contenida entre 'comuns' y socialistas en el arranque de curso en Barcelona

La oposición critica déficits en limpieza y mala gestión de botellones y el gobierno garantiza "estabilidad" a pesar de las discrepancias internas

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Jaume Collboni y Ada Colau al inicio del pleno

BarcelonaEl curso político en Barcelona empezará, este año, prácticamente el mismo día que el escolar, sin esperar las fiestas de La Mercè y con el debate ya caliente por las discrepancias manifiestas entre socios de gobierno en la fallida ampliación de El Prat, y en medio de críticas de la oposición por cuestiones como el nivel de limpieza en la ciudad o la gestión de las aglomeraciones nocturnas en las fiestas de Gràcia y Sants, sobre todo ahora que La Mercè volverá a poner a prueba los dispositivos antibotellones. La urgencia para aprobar la declaración de la ciudad como zona de vivienda tensa para poder continuar aplicando la ley de regulación de alquileres obliga a convocar un pleno extraordinario, que se celebrará este miércoles -y que formalizará, también, la baja de Manuel Valls como regidor-, y durante la semana que viene se retomará la actividad de las comisiones en orden en el pleno ordinario. El septiembre empieza cargado de asignaturas que se arrastran del final del curso anterior, como la necesidad de definir qué pasará con las más de 10.000 mesas de terraza extra que han aparecido en plazas y calles con la pandemia o la de desencallar la pospuesta elección del nuevo síndico de la ciudad.

Dos cuestiones que se tienen que discutir este mes y que generan tirantez entre socialistas y comuns. Unos y otros, sin embargo, niegan que nada amenace "la estabilidad" del pacto y miden el tono de la discrepancia. Pública -sobre todo desde que se ha entrado en la segunda mitad del mandato y se calientan los motores electorales-, pero sin incongruencias. El relevo de Maria Assumpció Vilà como síndica de la ciudad tras haber completado dos mandatos se tenía que haber dejado solucionado a finales de julio, pero no hubo consenso suficiente para escoger uno de los ocho candidatos, a pesar de que David Bondia, que es el actual presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, acaparó el voto ciudadano en el proceso participativo (recibió el 46,6% de los votos y se situó a una distancia de mil votos del segundo clasificado). Los comuns defendían esta votación, pero los socialistas preferían la candidatura de Ramon Nicolau, experto en la gestión de servicios sociales y que fue regidor por el PSC con el alcalde Jordi Hereu. Nicolau quedó segundo en votos de la ciudadanía, pero en cambio fue el aspirante que movilizó más entidades: hasta 73.

El gobierno, pues, no hizo una propuesta unitaria de candidato y esperó a ver por quién se inclinaban el resto de grupos, teniendo en cuenta que la renovación del síndico requiere una mayoría de dos tercios. Y las cosas están ahora exactamente igual que entonces. Nadie ha movido ficha y se espera que grupos como JxCat, que todavía no se han posicionado por ninguno de los candidatos, puedan hacer decantar la balanza. El aspirante que de entrada cuenta con más apoyos podría acabar arrastrando el resto de votos en pro del consenso. Desde la oposición no ven con buenos ojos que el gobierno no haya consensuado un candidato que de entrada contara ya con los 18 votos de comuns y socialistas. "El acuerdo principal lo tienen que cerrar los dos socios de gobierno, y tienen que decidir si respetan el proceso participativo o prefieren un acuerdo en los despachos. De momento, está todo por ahcer", lamenta Jordi Coronas, portavoz de ERC, que ya se ha posicionado públicamente a favor de Bondia. Y desde JxCat también acusan al gobierno de hacer elegir a los grupos entre los "candidatos de unos y otros". Aseguran que las divisiones internas están afectando el día a día de la ciudad.

La nueva guerra de las terrazas

La modificación de la ordenanza de terrazas para poder consolidar las ampliaciones extraordinarias tampoco genera consenso. El punto de partida es el texto que se empezará a tramitar la semana que viene para permitir la instalación definitiva de terrazas en calzada, cosa que ahora no está prevista en la ordenanza, pero mientras que los comuns defienden que a priori las que han ganado espacio en acera no se mantendrán a pesar de que se estudiará "caso por caso", los socialistas son partidarios de consolidar todo aquello que se ajuste a la normativa -y defienden de forma oficial que votarán a favor de la primera propuesta y trabajarán para abordar "aspectos de mejora". Desde ERC defienden, igual que desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que los metros que se ganen en calzada se tengan que compensar en la acera para liberar espacio para el peatón. Lo que recoge la modificación es la prórroga automática de todas las nuevas licencias que vencen el 1 de enero y dar dos meses a los restauradores para poder pedir la continuidad; a partir de aquí, se analizará cada situación. En total, la ciudad ha ganado 2.080 terrazas nuevas o más grandes en aceras y plazas y 1.588 en espacios de tráfico.

"El diablo está en los detalles", apunta el regidor de Presidencia, Jordi Martí, convencido de que habrá un acuerdo amplio para redefinir las terrazas del poscovid y que las discrepancias entre comuns y socialistas en temas relevantes, como el mismo aeropuerto o el proyecto del Hermitage, no amenazan la estabilidad del pacto. El reto, dice, es expresarlas con medida, que sea la ciudadanía la que juzgue entre un proyecto y otro cuando lleguen las urnas.

Presupuesto al alza

De cara al curso que empieza, el gobierno ve con optimismo que Europa defienda alargar la suspensión de los límites de déficit durante 2022 -más las convocatorias de fondos de recuperación- y que el Estado plantee un techo de gasto récord de cara a poder dibujar una propuesta de presupuesto municipal que incluso vaya más allá de la de más de 3.200 millones de las últimas cuentas y poder encontrar aliados para aprobarla. Si después de la última aprobación el escenario más factible parecía la prórroga, ahora no se descarta poder pactar por tercera vez consecutiva las cuentas municipales. El gobierno ya avanza que lo que no cambiará mucho serán las ordenanzas fiscales, que ya vivieron una gran modificación en 2020 con subidas como la de la tasa de terrazas.

De momento, los grupos no han recibido ningún adelanto de la propuesta, y ERC, que es quien ha permitido la aprobación de los dos últimos presupuestos, reprocha al gobierno que haya ejecutado poco de las cuentas pactadas y que, por ejemplo, se haya gastado "solo la mitad" de los 50 millones previstos para adquirir viviendas. Los republicanos pedirán ahora destinar presupuesto -de las partidas que no pactaron con ellos pero que todavía no se han ejecutado- a reforzar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, después de que el mismo gobierno haya reconocido déficits.

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