"Te cuestionas si deberías haberte callado": toparse con la administración cuando se denuncia la violencia machista

BarcelonaSe sienten desconcertadas, solas e inseguras por si, a pesar de las llamadas a denunciar al maltratador, no se han equivocado, dado que en los juzgados, la comisaría o el centro sanitario se topan con poca empatía por parte de los profesionales que las han de proteger. "Te cuestionas si has hecho bien, si tendrías que haberte callado", explica una mujer a través del canal anónimo abierto por elObservatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM) del Estado para visualizar el maltrato que todavía hoy los servicios públicos dan a estas mujeres. El año pasado recibió 139 denuncias, una veintena más que en 2024 –el primer año de funcionamiento–, pero las promotoras admiten que hay una alta infradenuncia.

Como el año anterior, otra vez la administración más señalada por mala práctica es la de justicia, con el 60% del total de quejas, cifra que supone un aumento del 8% respecto al ejercicio anterior. La siguen las policías, que representan el 11% de las denuncias, y la sanidad, con el 7,5%. La violencia machista en este ámbito institucional no se limita solo a las mujeres, sino que actúa también en contra de los derechos de las criaturas y adolescentes, ya que según las denuncias recibidas, en los tribunales se repite el patrón de la obstaculización de acceso a la protección y a la justicia de estos menores.

A menudo se obliga a los menores a convivir o mantener relaciones con un padre agresor o se les amenaza con que serán separados de la madre, comenta Júlia Vega, socia fundadora de Almena y portavoz del OVIM. En este punto, reprocha que estas decisiones contradicen la ley de la violencia machista y el Código Civil, que permiten suspender el régimen de visitas en casos de indicios de agresiones. Vega apunta que uno de los errores principales es que los jueces no tienen la percepción de riesgo de las criaturas y tampoco tienen en cuenta su voluntad. Por ello, el Observatorio reclama que la orden de protección a una mujer se extienda automáticamente a sus hijos.

Sin información

El 70% de las denuncias que han llegado hasta el Observatorio las han escrito directamente las mujeres, pero también se han encontrado testimonios de las experiencias de niños y adolescentes. Unos y otros destacan que se han sentido poco acompañados en todo el proceso de denuncia o de atención en los servicios sociosanitarios. Un caso es el de Juana, que sobrevivió a años de violencia en casa, y reprocha que ni el abogado de oficio que le asignaron ni los policías ni el personal del juzgado le explicaron qué pasaría una vez denunciara al marido, hasta el punto que la vista que creía que era el juicio eran solo las diligencias previas. La misma Juana tilda de experiencia "aterradora" la visita a los servicios sociales municipales, porque las profesionales eran incapaces de entenderla; la hacían sentir en un "juicio" continuo sobre su capacidad de ser madre. "Tenía la sensación de que me miraban como si me quisiera beneficiar de algo, como si me aprovechara de la situación", explica la mujer, que dice que no recibió ninguna ayuda ni pudo optar a una de las viviendas sociales reservadas para mujeres maltratadas. En la memoria se recoge también el testimonio de Fatou, Elivira y Ana, tres chicas que habían sido tuteladas por la administración y que describen el trauma de ser arrancadas de su familia y de pasar años viviendo en un centro de acogida. Las jóvenes no escatiman detalles de todo el sufrimiento psicológico que arrastran de aquella experiencia en la que nadie las tuvo en cuenta ni tampoco las creyeron. Vega apunta que en una escala de 0 a 5, el 98% de los testimonios reportan "consecuencias graves en la salud emocional" y en un 93% de los casos también se señala un alto impacto en el ámbito legal o administrativo, mientras que en un 79% se asegura que tienen secuelas físicas.