Solo 60 pisos protegidos en Barcelona desde que se impulsó la reserva del 30%

BarcelonaLas entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona defendieron hoy la norma y denunciaron el boicot de los lobis. "La medida funciona", ha dicho la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Lucia Delgado. El gobierno del alcalde Jaume Collboni, en cambio, defiende que la norma asusta la inversión privada y que debe modificarse. Los hechos son que, desde que en 2019 entró en vigor la norma que obliga a reservar a vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros, solo se han logrado unos 60 pisos de alquiler protegido.

Las causas de estos resultados se interpretan de manera diferente desde las entidades sociales y el Ayuntamiento. Precisamente, según la PAH, el boicot de los lobis y la mala aplicación de la normativa son sus responsables. En caso de derogarse, se tratará de un "profecía autocumplida", según Delgado. Concretamente, en una rueda de prensa convocada este lunes, la portavoz de la PAH ha detallado las siguientes causas principales: que no se aplicara la suspensión de licencias mientras la norma se tramitaba —periodo durante el que denuncian una lluvia de licencias, casi 600—; el aplazamiento de la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso durante dos años, lo que comportó que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, y el paro de la industria de la construcción por el covid-19.

Las entidades sociales que convocaban el acto han expresado su preocupación, y es que aseguran que la comisión de expertos formada por el Ayuntamiento de Barcelona son una justificación para derogar la medida. No hay ninguna de las entidades impulsoras de la medida en el grupo de expertos y, en cambio, sospechan que la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) sí que forma parte. "La ha creado el alcalde para ajustar el 30% asegurando que no funciona sin aportar estudios ni datos que lo demuestren", ha dicho Delgado. Además, acumulan este hecho a que no se haya impuesto sanciones suficientes para saltarse el cumplimiento de la ley. Aseguran que con inspecciones más severas se podría haber ganado hasta 120 viviendas protegidas más.

Desde el gobierno de Collboni defienden que no se anunciará la composición del comité hasta que este no sea final, pero que trabajan para hacer la normativa efectiva y en ningún caso prevén eliminarla. Sin embargo, este junio Collboni declaró en una entrevista en Betevé que la medida es un "freno a la inversión privada" y se reflejaba con ciudades como París o Nueva York, que "monetizan los recursos" para que sea el Ayuntamiento quien construya los pisos de alquiler social.

Solo ocho viviendas protegidas terminadas

Si las licencias concedidas con la reserva del 30% de alquiler social son decepcionantes, los pisos efectivamente construidos lo son aún más. Solo ocho han terminado desde que la medida entró en vigor, según los datos publicados por El País. En la respuesta del Ayuntamiento a una petición de transparencia, este indica que en total se cuentan 64 pisos sociales, y la parte terminada es minoritaria. Además, cuentan 26 en construcción y 27 que tienen licencia, pero todavía no se ha empezado la obra en el solar.

Con todo, la PAH considera que ahora viene el momento en que la medida puede empezar a surtir efecto, y anuncia movilizaciones bajo el lema "¡Contra la especulación, defendemos el 30%!", si el gobierno de Collboni acaba modificando la reserva de vivienda protegida.