Sociedad  /  Vivienda 26/04/2022

En Catalunya hay unas 25.000 personas sin hogar

Las entidades sociales contradicen al Govern y aseguran que la problemática de acceso a la vivienda no se está dimensionando bien

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Gairebé  un millón de personas  en exclusión residencial

BarcelonaLas estadísticas se quedan cortas y el problema del acceso a la vivienda no se está dimensionando correctamente. Este es el mensaje que ha querido trasladar este martes por la mañana Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS, que asegura que en Catalunya hay como mínimo 25.000 personas que viven en la calle o en pisos de emergencia, en albergues para personas sin hogar o migradas, que salen de instituciones penitenciarias sin ninguna alternativa o bien que reciben ayuda a largo plazo por su situación de sinhogarismo. "Las cifras oficiales están totalmente infraestimadas; hay que abrir la mirada sobre qué es el sinhogarismo", ha dicho Ferran Busquets, vocal de pobreza de ECAS y director de la Fundación Arrels.

Los datos salen del informe INSOCAT 14 Vivienda y exclusión residencial, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona y que se ha presentado esta mañana en Barcelona. El estudio quiere poner negro sobre blanco las actuaciones del conjunto de entidades para hacer estimaciones "reales" de la problemática que genera el acceso a la vivienda. De hecho, el 97% de las personas atendidas en Catalunya tienen problemas de vivienda, según las mismas entidades. En total, 1,3 millones de catalanes viven en una vivienda inadecuada –en infraviviendas, en hacinamiento o en estructuras temporales– y casi un millón más viven en una vivienda insegura –ocupaciones, temporales, con amenaza de desahucios o amenazas violentas–. "La vivienda es hoy un motor de exclusión social de primer orden. Garantizar el derecho a la vivienda, reconocido pero vulnerado, es imprescindible", ha dicho Míriam Feu, responsable del informe de ECAS, que ha denunciado que "no existe ninguna política efectiva de lucha contra la pobreza si no va acompañada de una política de vivienda que garantice el acceso y el mantenimiento".

Datos "infraestimados"

De este modo, las entidades contradicen los datos del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, que hace solo unos días aseguró que en Catalunya hay detectadas un total de 59.000 personas que viven sin una vivienda digna. "Estos son los datos que la Generalitat obtiene de los municipios que deciden aportarlos y de acuerdo con lo que atienden los servicios sociales", ha advertido Busquets. "La realidad del sinhogarismo es mucho más amplia y está invisibilizada", ha añadido Feu.

"Les respuestas a la problemática de la vivienda son insuficientes e insatisfactorias porque se afronta como una cuestión coyuntural el que es una problemática estructural", ha reivindicado a su vez Sílvia Laporta, responsable del área de género en Prohabitatge. Busquets ha añadido que el problema "no se resolverá nunca si no se apunta más bien hacia los dos millones de personas con problemas y en ningún caso hacia las 60.000, como dice el Govern".

En cuanto a los perfiles, el informe remarca que los colectivos más afectados por estas situaciones son los inmigrantes, las familias con niños y adolescentes, las familias monoparentales y las personas jóvenes solas.

ECAS también ha remarcado que la mitad de las entidades en Catalunya (el 51%) no tienen recursos para hacer frente a los problemas relacionados con la vivienda de sus usuarios. "Es imposible hacerles hacer un salto hacia la estabilización en el mercado de alquiler porque los precios son inaccesibles para estas familias y solo un 1,7% del parque de viviendas es público", ha lamentado Feu. Por eso, entre las propuestas de actuación, las entidades sociales reclaman aumentar el parque de vivienda accesible, incrementando la vivienda de protección oficial, destinando el 1% del PIB a políticas de vivienda, comprando y captando vivienda privada, dotando de más recursos la Mesa de Emergencia y otorgando ayudas al alquiler. Paralelamente, reclaman mejoras en la regulación: sanciones a los grandes tenedores que no cumplan con sus obligaciones sobre contratos de alquiler social, un refuerzo del paraguas jurídico para preservar la función social de la vivienda, el abordaje del sinhogarismo a través de la estrategia aprobada para el 2021-2024, la aplicación sin restricciones del empadronamiento, e instrumentos e incentivos fiscales.

También piden actuaciones concretas encaminadas a la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, como los inmigrantes, la gente mayor y los jóvenes, las familias monoparentales y los niños, y también las personas con problemas de salud mental y discapacidad.

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