El gobierno español prepara una nueva ley para regular los proveedores de vivienda social

BarcelonaEl ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

La nueva denominación formalizará la existencia de actores que aborden la vivienda social de una manera integral, desde la promoción hasta la gestión de los alquileres. "Es una mirada más global que la que tenemos actualmente, sin segmentación", aseguran, y subrayan que es "el modelo a seguir". Equiparará las entidades que hay en España –enfocadas principalmente a la captación y gestión de viviendas ya existentes– a las Housing Association que predominan en países como el Reino Unido, que amplían sostenidamente su stock a través de la promoción y la adquisición.

Desde el gobierno español, ven las entidades como "un modelo de éxito, que tiene Cataluña y Euskadi al frente, y que debe extenderse al resto del Estado" y reforzar. En estos dos territorios, tienen un peso superior. Según el director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM, Ramon Bastida, la futura norma dará a las entidades –que "tienen un conocimiento muy extenso y mucha experiencia en la gestión de proyectos"– unas condiciones que les "permitan poder ampliar" su labor.

En esta línea, Albert Ferré, director general de la Fundación Hàbitat3 –la gestora de vivienda social del tercer sector en Cataluña– ha augurado que la norma planteará facilidades fiscales y acceso a financiación con bonificaciones. Por ejemplo, las fundaciones "ahora quedan fuera de las ayudas a la promoción, no de todas, pero sí de algunas", mientras que la idea es que, como proveedores, sí que puedan acceder, aseguran fuentes del ejecutivo estatal.

Las Housing Association gestionan prácticamente el 100% de la vivienda social en el Reino Unido. En cambio, Bastida ha explicado que actualmente en España "el grueso de la promoción de vivienda social recae en el sector público", con un protagonismo importante de la colaboración público-privada. El promotor construye vivienda en suelo público con la condición de que pase a formar parte del parque público al cabo de un período de tiempo.

Fuera del decreto

El concepto de "proveedores de vivienda social" formaba parte del borrador del decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda, pero decayó en la versión final del texto, aprobada por el ejecutivo de Pedro Sánchez hace un par de semanas. Fuentes del ministerio reiteran su compromiso en regular esta figura, pero consideran que la norma "debe tener rango de ley" y que, por tanto, el decreto "no era el instrumento" más adecuado. Ferré ha valorado positivamente la decisión del gobierno español porque la propuesta de ALIVAS "supera" e incorpora "más matices" que el planteamiento del decreto.

Bastida también ha defendido la promulgación de la ley, porque las fundaciones y asociaciones que gestionan la vivienda social son un sector que "no está regulado". "No tenemos un registro de estas entidades, ni de qué cantidad de viviendas gestionan", ha explicado. Tienen el control de una parte de las viviendas sociales de titularidad privada que hay en el Estado. Según Bastida, son "la mitad o un poco menos" de las 600.000 unidades que conforman el parque de vivienda social en todo el Estado. La otra mitad son de titularidad pública.